Castro y Castro cedió al pleno la decisión final sobre la controversia presentada por Fox

Ordena ministro de la Corte a Hacienda suspender la reducción de pagos a bancos

Hay consenso de que el caso se resolverá antes del 30 de noviembre

JESUS ARANDA

El ministro instructor de la controversia constitucional interpuesta por el presidente Vicente Fox en contra de actos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juventino V. Castro y Castro, concedió la suspensión provisional a efecto de que "queden sin efecto" los oficios en los que la ASF ordenó a la Secretaría de Hacienda la reducción del pago a diferentes bancos, cuyos créditos -que pasaron a ser parte de la deuda pública-, resultaron ser irregulares.

Castro y Castro también fue el encargado de elaborar el proyecto de dictamen en la controversia que en su momento interpuso el propio Fox en contra de la ASF y la Cámara de Diputados por ordenarle a Hacienda que tampoco pagara créditos que ilegalmente habrían pasado a formar parte del rescate bancario por más de 44 mil millones de pesos. Así las cosas, la aplicación de dichos oficios estará supeditada a la resolución final que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Castro y Castro inicialmente había negado la suspensión para que los oficios girados por la auditoría quedaran sin efecto, sin embargo, para evitar que se repitiera lo ocurrido con la anterior controversia en la que negó la petición, pero que luego el pleno la concedió, fue que decidió acceder a la petición.

Por decisión del pleno de ministros se determinó que procedía la suspensión solicitada por el Ejecutivo, para impedir que los oficios girados para tal efecto surtieran efectos; aunque en esa misma decisión los ministros consideraron válida la postura de la ASF que requirió mayor información a la Secretaría de Hacienda sobre los créditos en los que había duda sobre su legalidad. Por ello trascendió que aunque Castro y Castro no apoyaba la suspensión, accedió a la petición de Vicente Fox para evitar trámites innecesarios y en aras de un pronta resolución del asunto.

El próximo 30 de noviembre Castro y Castro dejará su cargo de ministro de la Corte y se sabe que hay consenso entre el resto de sus compañeros para resolver estas controversias antes de esa fecha.

En esta segunda demanda, la consejera jurídica de la Presidencia, al igual que en la primera queja, plantea la inconstitucionalidad en la actuación de la ASF -por depender orgánicamente de la Cámara de Diputados ésta también está demandada- referente a la emisión de 16 oficios girados el pasado 13 de agosto por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en los que la auditoría les instruye para que "regularicen" supuestas anomalías en créditos que superan los 3 mil millones de pesos.

Apenas en abril pasado, el Ejecutivo interpuso una controversia similar en la que la auditoría le ordenó a Hacienda "descontarle" a Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco del Atlántico créditos que integraron irregularmente en la deuda reconocida por el IPAB.

En aquella ocasión se impugnaron oficios del 7 y 20 de marzo pasado, atendiendo a que la ASF "identificó" créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos.

Por lo que se refiere a esta nueva controversia, la demanda señala que los oficios impugnados son resultado de la revisión de la cuenta pública 2001, que tienen que ver con el pago de Hacienda al IPAB por miles de créditos y que fueron reconocidos como deuda pública en favor de Banamex, Bancomer, Banco Internacional y Banco Mercantil del Norte, entre otros.

Entre los oficios impugnados destaca el AED-DGAE-232-2003 que forma parte del Fobaproa: se trata de 22 créditos otorgados a SIDEK-SINAM-SITUR por un monto de un mil 931 millones 200 mil pesos, que están incluidos en la compra de cartera del tramo I de Banamex. El documento impugnado ordena cancelar el aval de Hacienda.

Hay otro oficio relacionado con mil 945 créditos que suman 71.8 millones de pesos, donde la característica es que el monto de cada uno es inferior a los 100 mil pesos. Estos pagarés corresponden al flujo I de Banco Internacional.

Destacan dos créditos más por 249.8 millones de pesos cada uno, en el primero suman 12 mil 435 los préstamos y en el segundo 10 mil 327, y forman parte de la cartera vencida de Bancomer y Banco Mercantil de Norte, respectivamente.

Otro oficio de la misma fecha da cuenta de 165 créditos por 923.6 millones de pesos que se adeudan a Bancomer; en tanto que 31 mil 100 préstamos por menos de 200 mil pesos cada uno, suman 559 millones de pesos de cartera vencida en favor de Banco Mercantil del Norte.

Los montos son variados y de acuerdo con cálculos preliminares la suma de los créditos impugnados suma los 3 mil millones de pesos.