Laura Alicia Garza Galindo

Ser o no ser... privatizador

Una de las más honrosas características en la bancada del PRI en el Senado de la República es, precisamente, no ser privatizador. Claro que existen excepciones que confirman la regla, pero esto no significa desdoro alguno y es respetado por la mayoría de la bancada misma; y existen otras bancadas cuyos integrantes son y no son. Al final, como en todo, es cuestión de que cada quien se sume a una u otra posición, que lo importante es, será, el resultado, donde cada voto cuenta, contará, y mucho. Ser o no ser... es la pregunta y también es, será, el debate. Lo que no se vale es no votar.

Vamos, por lo pronto, a hacer un rápido repaso de lo que la bancada del PRI en el Senado ha logrado generar en concreto y lo que ya se ha votado, al igual de lo que en el futuro, no muy lejano, se someterá a la votación del pleno de esta soberanía, que es la de usted. La lista de productos obtenidos, que ahora sólo mencionaré para que usted se forme una idea de nuestro trabajo, es larga. En entregas posteriores procuraré -siendo breve- comentar los contenidos de cada esfuerzo emprendido; le suplico que los lea, y si desea opinar estoy a sus órdenes. Mi correo electrónico: [email protected].

Permítame, antes, sólo subrayar que estos esfuerzos han sido brillantemente encabezados por el senador Manuel Bartlett Díaz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y un respetable equipo de asesores, expertos en energía eléctrica, todos jubilados -que sin cobrar un quinto-, han guiado a varios de mis inteligentes y preparados compañeros senadores, que se han sumado plenamente, o en algunas etapas, a este esfuerzo. Ya los mencionaré.

En mayo de 2001, el Congreso de la Unión formuló y presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal por haber realizado modificaciones al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, eliminando restricciones a la producción de excedentes de electricidad por parte de autoabastecedores y cogeneradores, así como permitir su venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin licitación, la que estaría obligada a comprar los excedentes a precios que podrían ser muy elevados. Se invadía así, la esfera de competencia del Poder Legislativo. En abril de 2002, la Corte falló en favor del Congreso. Fue fundamental para el PRI en el Senado, que junto a Enrique Jackson y Manuel Bartlett estuvieran los diputados de la 58 Legislatura, encabezada por Beatriz Paredes y Salvador Rocha. A nadie le tembló la mano para presentar la controversia.

Desde principios de 2001, antes inclusive de dicha presentación, Bartlett y mis compañeros empezaron la formulación de un proyecto de reforma a las instituciones de energía eléctrica, con base en modificaciones a leyes secundarias, misma que fue presentada ante el pleno de la Comisión Permanente, el 13 de marzo de 2002. Reformas y adiciones a tres leyes: Orgánica de la Administración Pública, de Ingresos de la Federación y de la Comisión Reguladora de Energía; crea la nueva Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Orgánica para la CFE. La argumentación es buena para la nación, y hoy aún está sujeta a debate y negociación interna. Permítame abordarla en la siguiente columna.

En paralelo, se trabajó la argumentación que rechazó, el 24 de abril de 2002, las tres iniciativas de reforma constitucional a los artículos 27 y 28, presentadas por el actual Ejecutivo federal y formuladas por el ex presidente Zedillo -que vale destacar no fueron acogidas por mi bancada en la 57 Legislatura, en 1998-, y otra del PVEM -con propuestas ambientales- y con el compromiso cumplido de incorporarlas en nuestro proyecto de dictamen que antes he referido. El voto unánime en contra de las iniciativas presidenciales obedeció a que los argumentos del Ejecutivo no eran válidos porque, igual que ahora, proponía un modelo de industria eléctrica ya fracasado en otros países y porque los problemas planteados pueden resolverse con cambios en leyes secundarias de la Constitución. La bancada del PAN se sumó al rechazo y formuló un interesante voto particular.

El 21 de agosto de 2002, el Ejecutivo federal insistió con otra iniciativa de reformas a la Constitución, para cambiar la organización de la industria eléctrica y crear un nuevo mercado que, de aprobarse, privilegiaría a los grandes consumidores y a la larga descuidaría al gran mercado doméstico. Se elaboró un proyecto de dictamen -previa larga consulta a la CFE y a diversas organizaciones y expertos en el tema- que rechaza con argumentos sólidos esta propuesta del Ejecutivo. Está firmado por la mayoría de los senadores del PRI y aprobado el rechazo, por todos nosotros, en sesión plenaria del 3 de diciembre de 2002. Está pendiente de someterse la iniciativa a las comisiones, para su rechazo. Y pronto abordaré los argumentos que fundamentan nuestra posición. Me faltará espacio para detallar varios instrumentos más, que han trabajado las bancadas de PRI, PRD y PVEM, y ya se vislumbra el tercer intento de Vicente Fox por otra reforma eléctrica, y ahora, petrolera. La lucha entre los dos poderes ha sido ardua. Y ahora, hay otros interesados en entrarle. El único que debe ganar es México. Nadie más.