68/ EXPEDIENTE ABIERTO

La intención es desprestigiar el movimiento, aseguran

El gobierno infiltró a los provocadores: líderes del 68

Pretendían también provocar a la policía del DF, dicen

Integrantes del Comité 68 pro Libertades Democráticas condenaron los "actos provocadores" que protagonizó un grupo de seudoestudiantes durante la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, e indicaron que se trató de un grupo de "mercenarios" que fue contratado por "las fuerzas más oscurantistas del gobierno federal" para "desacreditar a nuestra organización".

Francisco Martínez Marcué y Carlos Aquilino Pereyra precisaron que esos "grupos de choque" pretendían además provocar a la policía capitalina para que la opinión pública se quedara con la idea de que "la izquierda también es represora".

Agregaron que el gobierno del Distrito Federal actuó con prudencia y no cayó en las provocaciones, pues de haberlo hecho "se hubiera generado un enfrentamiento terrible".

Entrevistados después de su reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios, los miembros del Comité 68 coincidieron en que existió una intencionalidad política de generar zozobra e incertidumbre entre la opinión pública, y "hacernos ver (a los que participaron en la marcha) como una bola de revoltosos y vándalos".

Refirieron que entre el grupo de "provocadores" había personas que venían preparadas para el enfrentamiento, y por ese motivo traían consigo piedras y palos para agredir a la gente que encontraban a su paso. Además, indicaron que fue notorio que los supuestos estudiantes se ubicaron en distintos segmentos de la marcha, todos ellos con mochilas en las espaldas.

Para Francisco Martínez Marcué es claro que los actos vandálicos del jueves fueron provocados por varios motivos: "en este momento coyuntural del país convergen varios problemas, no sólo el de la exigencia de algunos sectores de pedir justicia ante los crímenes del pasado, sino también el intento del gobierno federal de privatizar la industria eléctrica y la auténtica lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas por defender los intereses de todos los mexicanos.

A su vez, Aquilino Pereyra, de origen chiapaneco y quien formó parte del Consejo Nacional de Huelga en 1968, aseguró que: "todos los movimientos sociales con características progresistas que hay en el país siempre se van a ver denostados por la actitud de provocadores contratados por gente de derecha en el poder".

Finalmente indicó que cuando ellos realizaban marchas contra la represión de que fueron víctimas, "jamás actuamos de manera similar, siempre fuimos respetuosos de las normas".

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez, señaló que a 35 años de la matanza estudiantil, prevalece la impunidad y son "francamente pobres" los resultados de la fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado.

Señaló que al mismo tiempo que se creó dicha fiscalía en México (hace casi dos años), también se constituyó en Perú una comisión de la verdad que ya entregó resultados sobre las investigaciones de los crímenes cometidos entre 1980 y 2000.

"Llama la atención que esta experiencia en dos años logre un avance sustantico del derecho a la verdad de la sociedad peruana, mientras en México en el mismo tiempo los resultados son francamente pobres", afirmó.

ALFREDO MENDEZ ORTIZ