México D.F. Jueves 2 de octubre de 2003
Brotes de especulación y escasez de productos
básicos; siguen los bloqueos carreteros
Someten a estudiantes en La Paz; se unen mineros a
protestas por el gas
El presidente Sánchez de Lozada anuncia un plan
de emergencia para la reconciliación
REUTERS, AFP Y DPA
La Paz, 1o. de octubre. El sindicato de mineros
se sumó hoy a las marchas en los departamentos andinos de Oruro
y Potosí, mientras que en La Paz la policía reprimió
a estudiantes con saldo de 10 heridos y cuatro detenidos, además
de un campesino herido de bala en otro incidente de violencia en el altiplano
andino, en el tercer día de una huelga general en demanda de la
renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y en rechazo
a sus planes de exportar gas.
La agitación social en Bolivia parecía recrudecerse
con nuevas marchas tanto en el centro de La Paz como en distintos puntos
del país, aunadas a llamados de los líderes de la Central
Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, y de los sindicatos campesinos,
Felipe Quispe, de radicalizar aún más las protestas.
Después
de una reunión con su gabinete en el Palacio Quemado, el presidente
anunció esta noche un "plan de emergencia", basado en una propuesta
de conciliación formulada por la Iglesia católica destinado
a revertir la crisis política, económica y social que sacude
al país. "En vez de bloquear, en vez de estar con problemas en la
calle, entraremos al diálogo", señaló Sánchez
de Lozada.
El plan considera los temas más sensibles de la
agenda pública: la reactivación económica, la política
de hidrocarburos, caldo de cultivo del enervado clima social de los últimos
días, reformas a la carta política, corrupción, coca
(base para la fabricación de droga), corrupción y seguridad
ciudadana.
Horas antes, una treintena de organizaciones cívicas
y empresariales emitieron un pronunciamiento desde Santa Cruz, encabezadas
por la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en la que
hicieron un llamado a "refundar una nueva Bolivia".
El presidente de la CAO, Juan Armando Antelo, urgió
a resolver la disyuntiva entre "este sistema y el actual gobierno, o proponer
un cambio de manera integral en una voluntad política", y apuntó
que el fondo del asunto está en "el dilema de seguir siendo lo que
somos o lo que podríamos hacer por nuestra cuenta".
En lo inmediato la Federación de Empresarios de
La Paz rechazó la propuesta de esos sectores de Santa Cruz por considerarla
"inviable".
En contraste, la COB obtuvo este día la adhesión
de los mineros al sumarse a la huelga y paralizar así todas sus
actividades productivas en Oruro y Potosí, luego de que la víspera
se plegó a la medida de fuerza el magisterio estatal.
En el tercer día de la huelga declarada por los
sindicatos bolivianos, contrarios a la venta de gas al extranjero sin una
consulta popular previa, este día ocurrieron choques en las inmediaciones
de la Universidad San Andrés, en el centro de La Paz, con el saldo
referido de 10 heridos y cuatro detenidos.
Efectivos policiacos del Grupo Especial de Seguridad arremetieron
con gas lacrimógeno en torno al edificio de la universidad, tras
lo cual los estudiantes denunciaron la "brutalidad" con que actuó
la fuerza pública. También hubo disparos y gases lacrimógenos
contra peatones y grupos que cerraban calles.
La violencia se extendió a la localidad de Collana,
en el altiplano andino, a unos 50 kilómetros de La Paz, donde los
uniformados reprimieron a un grupo del movimiento de Campesinos sin Tierra
con saldo de un labriego herido de bala en una pierna.
En medio de los primeros síntomas de especulación
y escasez de productos básicos se sumó una huelga de carniceros,
que suspendieron por tiempo indeterminado el sacrificio de ganado vacuno.
Esto, a la par que los intermitentes bloqueos de caminos impiden el ingreso
de alimentos y productos del campo a la capital.
Los dirigentes de la huelga, Jaime Solares y Felipe Quispe,
instaron a recrudecer los bloqueos y a armarse con piedras y palos para
resistir. Además Quispe, quien amenazó con declarar los Andes
como zona "autónoma", desestimó la decisión del gobierno
de apartarlo de las pláticas y buscar otro interlocutor ante los
infructuosos esfuerzos por establecer un diálogo.
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