Reporte forense sobre bajas reconocidas oficialmente

Cuatro de los 26 asesinados, víctimas de francotiradores

Indiscutible, la responsabilidad institucional: Raúl Jardón

MIREYA CUELLAR

El relato de la Dirección Federal de Seguridad acerca de la matanza del 2 de octubre (expediente 11-4-68, hojas 245 a 253, legajo 44, depositado en el Archivo General de la Nación) se atiene estrictamente a la versión oficial de la época. Sin embargo, en esos documentos hay un informe (17 de octubre de 1968) del director del Servicio Médico Forense, Miguel Gilbon Mairet, quien indica que las balas que mataron a 22 de las 26 víctimas reconocidas recorrieron "una trayectoria horizontal".

El informe forense, realizado a petición del entonces procurador capitalino, Gilberto Suárez Torres, con copia para el titular del Ministerio Público Federal, Julio Sánchez Vargas -recuperado por Raúl Jardón en su libro El espionaje contra el movimiento estudiantil-, señala que en sólo cuatro casos las víctimas murieron por balas cuya trayectoria fue descendente. Es decir, recibieron los disparos desde alguno de los edificios que rodean la Plaza de las Tres Culturas.

La conclusión de este hecho "es contundente" porque no deja lugar a dudas, señala Jardón: "La aplastante mayoría de las víctimas reconocidas murió por disparos hechos desde la misma altura en la que se encontraban, es decir, desde la plancha de la plaza de Tlatelolco. Todos los testimonios, oficiales y opositores, sobre la matanza hablan de que los únicos que dispararon desde ese nivel fueron los soldados que llegaron a disolver el mitin y los del Batallón Olimpia".

Este documento, según Jardón, echa abajo la pretendida exoneración del Ejército que la Secretaría de la Defensa Nacional esgrimió en diciembre de 1993, pero también las afirmaciones del entonces titular de esa dependencia, Marcelino García Barragán -contenidas en el legajo de "documentos" que fue entregado a Julio Scherer por un nieto del general y publicadas bajo el título Parte de guerra-, en las que descarga toda la responsabilidad sobre el general Luis Gutiérrez Oropeza, a la sazón jefe del Estado Mayor Presidencial.

En el cúmulo de documentos entregados al periodista Scherer, Marcelino García Barragán incluyó una autoentrevista. Formuló preguntas que él mismo respondió en una imaginaria conversación. A lo largo de ella dice:

"La noche del 2 de octubre, entre 7 y 8 de la noche, el general Crisóforo Mazón Pineda me pidió autorización para registrar los departamentos (de los distintos edificios que rodean la plaza), desde donde todavía los francotiradores hacían fuego a las tropas. Se les autorizó el cateo. Habían transcurrido unos 15 minutos cuando recibí un llamado teléfonico del general Oropeza (en el Ejército todos se refieren a sus compañeros de armas por su segundo apellido), jefe del Estado Mayor Presidencial, quien me dijo: mi general, yo establecí oficiales armados con metralletas para que dispararan contra los estudiantes".

Jardón se pregunta: si los famosos francotiradores del Estado Mayor Presidencial tenían, según los papeles de García Barragán, la orden de disparar contra los estudiantes, por qué sólo cuatro de los muertos reconocidos oficialmente recibieron disparos con trayectoria descendente, es decir, desde los departamentos de los edificios aledaños.

Y agrega sobre la actuación del Ejército aquella tarde. En la videocinta producida por canalseisdejulio y La Jornada, Tlatelolco, las claves de la masacre, además de verse claramente que quienes están armados sobre la plancha de la plaza son elementos de la tropa regular, hay una escena en la que un militar cubre con su cuerpo a una mujer que lleva a un niño de la mano. Esto muestra, dice, que excepcionalmente algunos integrantes de la tropa trataron de evacuar a los manifestantes protegiéndolos del fuego cruzado.

Jardón concluye que, más allá de la versión de cada involucrado, hay una responsabilidad institucional, la cual recae con la misma fuerza sobre Gustavo Díaz Ordaz que sobre Echeverría o los generales Gutiérrez Oropeza y García Barragan.