Buscará impulsar negociaciones con la entrada en vigor de la Convención de Palermo

Confía el gobierno mexicano en lograr trato digno para indocumentados en EU

JESUS ARANDA

Con la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el gobierno de México confía en impulsar negociaciones con Estados Unidos para garantizar trato digno a los migrantes indocumentados que ingresan en el país vecino, informó ayer la Subsecretaría para Temas Globales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Señaló que ese instrumento internacional, también conocido como Convención de Palermo, penaliza a los traficantes de personas, pero no a los migrantes, a quienes considera víctimas.

A su vez, Alejandro Ramos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), destacó la importancia de la convención en materia de extradición, ya que, en caso de delitos trasnacionales, que van desde el narcotráfico hasta terrorismo, el gobierno mexicano tendrá la facultad de ejercer jurisdicción extraterritorial.

De acuerdo con la Subsecretaría para Temas Globales, la Convención "nos beneficia en el caso que enfrentamos, sobre todo de repatriación (de Estados Unidos), donde los migrantes mexicanos están siendo esposados para ser trasladados (a México)".

La dependencia agregó que aunque el citado instrumento no ha sido ratificado aún por el Senado estadunidense, espera "que sí lo haga y eso nos ayude a todos, sobre todo a combatir el delito de tráfico de personas y de trata de mujeres y niños".

Destacó que cuando se hagan las adecuaciones legales para que la Convención de Palermo entre plenamente en funciones en México -el Ejecutivo envió una iniciativa de reforma constitucional y cinco de cambios al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales-, la PGR podrá atacar frontalmente el turismo sexual, la pornografía infantil y la explotación sexual de menores, de la misma forma que combate otros tipos delincuencia organizada.

Al respecto, el subprocurador Ramos explicó que en materia de extradición no se trata de que se modifiquen los procedimientos vigentes se reduzcan tiempos, sino que se obliga a los estados firmantes a hacer uso de todas sus facultades, "incluyendo la discrecional hasta el límite que la propia ley permite", con la obligación de que, si no se concede la entrega al país requirente, el acusado deberá ser juzgado en México, aplicando así jurisdicción extraterritorial.

Ramos precisó que con las modificaciones legales previstas se busca consolidar el marco jurídico que regula la investigación y persecución de delitos como secuestro, narcotráfico, terrorismo, trata de blancas, explotación sexual infantil, robo de vehículos, etcétera, que tienen connotación internacional.