Casos en Oaxaca y Chiapas

Piden desaparecer los poderes en dos municipalidades

VICTOR RUIZ Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

En demanda de la desaparición de poderes, una auditoría a las obras municipales y una investigación de los bienes patrimoniales de quienes forman el cabildo de Huautla de Jiménez, Oaxaca, encabezado por el priísta Camilo García Guzmán, el palacio municipal de esta ciudad permanece ocupado desde el 17 de septiembre por integrantes del Frente Unico Huautleco (FUH).

Representantes del FUH (integrado por militantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia, además de organizaciones de comerciantes y transportistas) acudieron ayer a la ciudad de Oaxaca para entrevistarse con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ante quienes plantearon sus exigencias y demandaron una pronta respuesta.

La organización acusa al munícipe y a sus colaboradores de malversación de fondos y de no realizar obra pública en beneficio de las 13 agencias municipales, por lo cual exigen su destitución.

Pánfilo García Ortiz, Juan Adán Carrera González y Agustín Sosa Ortega, representantes del FUH, comentaron que el gobierno estatal les propuso que le entregaran el inmueble para mantenerlo en custodia mientras el Congreso local realiza una auditoría a la administración municipal.

Explicaron que la asamblea del FUH no está de acuerdo con esta propuesta y por ello determinó mantener en su poder el inmueble hasta que el Congreso local inicie y dé a conocer los resultados de la auditoría al Cabildo que preside García Guzmán, quien despacha en oficinas del Consejo Regional Solidario, una organización adherida a la Confederación Nacional Campesina.

Reclaman formación de concejo

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ocho de los 14 regidores del ayuntamiento solicitaron al Congreso local la desaparición de poderes en esa localidad y la conformación inmediata de un concejo municipal.

Los regidores, acompañados de los dirigentes municipales de PRI, PAN, PRD y Convergencia, presentaron la solicitud, con el argumento de que el alcalde y la síndico del Partido Alianza Social, Enoch Hernández Cruz y María Elena Santiago, respectivamente, han "violado la ley" constantemente y cometido "irregularidades administrativas" en los 21 meses de gestión.

En un documento, que también entregaron al Congreso estatal, los inconformes manifestaron que entre las "irregularidades" se encuentran: "evadir la publicación periódica del presupuesto de egresos del ayuntamiento y las nóminas de los servidores públicos; conceder empleo a parientes de integrantes del Cabildo; negar sistemáticamente la presentación al ayuntamiento de los cortes de caja mensuales; omitir la revisión de la cuenta pública del último año de la administración inmediata anterior; realizar obras públicas en fraccionamientos irregulares, así como utilizar recursos fiscales para pagos a personas ajenas a la administración municipal", entre otras.