Magdalena Gómez

Otro aniversario de la impunidad

El próximo 2 de octubre se cumplen 35 años del abierto y articulado inicio de una política represiva de Estado que se prolongaría con la matanza del 10 de junio y la llamada guerra sucia. Durante más de tres décadas la sociedad ha demandado justicia y castigo a los responsables de masacres y desapariciones. Para ello, el Comité de 68 y por las Libertades Democráticas, así como Eureka de manera destacada, han realizado infinidad de acciones que no obtuvieron resultado porque el aparato de Estado estaba controlado por quienes eran señalados como responsables.

Con la Presidencia de la República fuera de las manos del PRI se actualizó la demanda de acabar con la impunidad. Sin embargo, el gobierno actual rechazó la propuesta de crear una comisión de la verdad, aduciendo que el esclarecimiento histórico no tendría efectos jurídicos, por lo que creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la cual ha realizado acciones altamente simbólicas como lograr la presentación, en calidad de indiciados, de Luis Echeverría Alvarez y Luis Gutiérrez Oropeza, por los crímenes de 68, y de Mario Moya Palencia, Alfonso Martínez Domínguez, entre otros, por los de 71. La pista jurídica ha permitido hacer uso de los recursos de defensa comunes para todos los sujetos a investigación; por ello es que, si bien han acudido, se han negado a declarar.

Sin renunciar a las movilizaciones sociales, el Comité 68 -ahora volcado en el seguimiento de la investigación- con razón sustenta y argumenta que los trabajos de la fiscalía deben orientarse hacia la tipificación del delito de genocidio, pues resulta evidente que la represión del 2 de octubre fue producto de una acción preconcebida y planificada en los más altos niveles del gobierno federal con el objeto de exterminar a los grupos disidentes por lo que propone se tipifique como delito continuado de genocidio, señalando también la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

La vía jurídica está así abierta con los riesgos que conlleva, pues se puede prolongar entre artilugios procesales. El problema de fondo radica en la fuerza y decisión del gobierno actual, ya que en ocasiones el llamado al estado de derecho pareciera un recurso que evita o impide la confrontación abierta con los factores de poder que siguen vigentes. Se puede avanzar en tareas de investigación, pero en el fondo subyace el diferendo sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas en la represión de un movimiento social cuya atención y solución era tarea de las autoridades civiles.

El presidente Fox ratificó en su tercer Informe su postura: calificó de "dolorosos y lamentables" los "sucesos de 1968" y anotó que "la sociedad exige recuperar la memoria histórica, conocer la verdad sobre esos acontecimientos para hacer justicia y asegurar que no vuelvan a ocurrir". Refirió también que "en un hecho sin precedente, en abril pasado, se ejerció acción penal contra presuntos responsables por privación ilegal de la libertad ocurrida hace más de tres décadas. Hoy este caso se encuentra pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación". En efecto, la Corte tiene grandes retos, ya que sus más recientes decisiones muestran que al interior aún existen tendencias cobijadas en una visión jurídica conservadora enfrentadas a las que asumen la necesidad de un activismo judicial.

Parte del proceso de creación de la Fiscalía Especial es resultado de que en 2002 ordenaron a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir las investigaciones de responsabilidad penal por los sucesos del 2 de octubre de 1968. Ahora deben resolver la petición de la PGR para el ejercicio de la facultad de atracción en el contexto de la acción penal contra Luis de la Barreda, Miguel Nassar Haro y Juventino Romero Cisneros.

Ignoramos qué criterios prevalecerán; ojalá que asuman la implicación histórica de que avance la investigación sobre estos crímenes y no suceda como en las controversias indígenas, dando marcha atrás ante la posibilidad de asumir una función contralora de la Constitución y revisar el proceso de sus reformas.

A estas alturas es muy claro que una transformación verdaderamente democrática debe incluir al Poder Judicial; no se trata de una mera manipulación para judicializar asuntos políticos. Lograr justicia en los crímenes de lesa humanidad es una aspiración ética irrenunciable.