Cuauhtémoc Cárdenas

Pemex se va de México

La declaración de Vicente Fox, hecha en Estados Unidos, de que si no se abren a la inversión privada áreas estratégicas de la industria petrolera Pemex se va de México, no es una ocurrencia o una frivolidad más a las que nos tiene ya acostumbrados a los mexicanos, sobre todo en sus frecuentes salidas del país, sino una expresión nacida de lo más profundo de sus convicciones, de lo más vivo de sus intereses y de lo más apremiante de sus compromisos.

No perdamos de vista que Vicente Fox llegó a la Presidencia con dos compromisos básicos con quienes hicieron posible su acceso al poder mediante el apoyo político y sus contribuciones económicas -una buena parte de ellas procedentes del extranjero y excedidas respecto a lo establecido por la ley-: 1) concluir la transferencia de la banca comercial a intereses extranjeros, y 2) abrir a la inversión privada áreas estratégicas de la industria energética.

El primer compromiso está cumplido con la venta que se hizo de Banamex a Citigroup, con la cual 90 por ciento de la banca comercial del país quedó en manos extranjeras, perdiéndose así de hecho para la nación una herramienta fundamental para modelar su desarrollo económico.

El segundo compromiso aún no se cumple cabalmente, y por ello las exigencias al respecto se hacen cada vez más fuertes, y cada vez es mayor la desesperación del titular del Ejecutivo por quitarse esa presión de encima, así sea atropellando y violando lo que marca nuestra Constitución.

Muchas veces, a lo largo de sus tres años de gestión, ha hecho llamados públicos para establecer acuerdos en relación con las reformas legales que, desde su punto de vista, se requieren con urgencia en el sector de la energía. Todavía el pasado 15 de septiembre, en la ceremonia del Grito, cayendo en el ridículo y el absurdo, echó vivas a los acuerdos. Pero lo cierto es que no ha hecho públicas ni ha enviado sus iniciativas al Congreso. No se sabe en torno a qué y en qué condiciones quiere los acuerdos, que, sostiene, son tan necesarios, y mientras no haya propuestas de su parte no podrá decirse si se está en acuerdo o en desacuerdo con ellas, aunque sigan los vivas a los acuerdos en abstracto y en el vacío siga llamando a suscribirlos.

En reiteradas ocasiones ha expresado que no pretende la privatización de Pemex ni de la Comisión Federal de Electricidad, pero habría que preguntarse qué entiende él por no privatizar esos organismos y qué es lo que entiende por abrir la industria energética a la inversión privada, en las actividades hoy reservadas por la ley en exclusividad al Estado.

A nadie se le ocurre pensar que cuando habla de no privatizar esos organismos esté refiriéndose a sus edificios de oficinas, talleres, vehículos o inclusive a algunas de las instalaciones en las que se genera la electricidad o se transforman los hidrocarburos. Hacerse de esos activos no está en el interés de quienes pretenden sustituir al Estado mexicano en las actividades estratégicas que tiene a su cargo.

En el caso de los hidrocarburos tiene la pretensión de entregar a intereses privados áreas como la exploración y la explotación o extracción, hoy valiéndose de argucias de leguleyos, de un recurso tramposo como es el de los llamados contratos de servicios múltiples, declarados ya contrarios a la ley por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A este respecto, es falaz afirmar que si no se firman y se opera con base en esos contratos, Petróleos Mexicanos entrará en crisis. Este organismo, manejado con patriotismo, honradez y eficiencia técnica y administrativa, genera recursos en cantidad más que suficiente para financiar la expansión de la industria petrolera, a modo de volver a hacer de ella la actividad conductora del crecimiento económico del país. Es cuestión de no desangrarla arrebatándole sus utilidades, de modificar el régimen fiscal al que se le tiene sujeta y de combatir corrupción e ineficiencias que hoy afectan a muchas de sus actividades.

Entregar a intereses privados, que de acuerdo con la realidad actual serían predominantemente extranjeros, el dominio que hoy tiene la nación sobre los recursos energéticos de carácter estratégico, como el petróleo, el gas natural y la electricidad para servicio público, sería renunciar al dominio sobre elementos claves del ejercicio del poder.

Entregarlos a intereses extranjeros, que no pueden corresponder a los intereses reales y profundos de una nación independiente, como la gran mayoría queremos que con plenitud sea México, es perder instrumentos fundamentales del ejercicio de la soberanía y de un desarrollo autónomo del país.

Entregarlos a empresas privadas extranjeras, como pretende la administración foxista, mediante los contratos de servicios múltiples, que en muy pocos días más deberán ser adjudicados, de acuerdo con las convocatorias de concurso hechas por la autoridad, constituiría un caso flagrante e indiscutible de traición a la patria.

De darse el caso de funcionarios que pasen por encima de las disposiciones legales, por encumbrados que se encuentren, así sea en la Presidencia de la República, tendrán éstos que responder frente a la ley y que rendir cuentas ante el pueblo, y no debe olvidarse ni perderse de vista que la traición a la patria es un delito que no prescribe y que sancionan las leyes vigentes y la Constitución.

Nadie, ni el mismo Fox, podemos saber lo que realmente quiso decir al amenazar con que "Pemex se va de México", pero lo que a algunos sí nos queda muy claro es que si se entregan al capital extranjero las áreas estratégicas de las industrias energéticas, lo que se va de México es la capacidad de decidir y determinar nuestros destinos; lo que se ha estado yendo y se acabará de ir es el ejercicio de nuestra soberanía como pueblo y como nación, y nuestro presente y futuro como país independiente y soberano.