Expertos darán asesoría técnica en el caso de las mujeres asesinadas en esa frontera

Apoyará la ONU indagaciones en Juárez

Acuden por invitación de la PGR Una de las dificultades, averiguaciones mal integradas

GUSTAVO CASTILLO GARCIA, JOSE GALAN Y RUBEN VILLALPANDO

Especialistas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) intervendrán desde la semana próxima en las investigaciones de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, y brindarán asesoría técnica a los integrantes de la agencia mixta creada para esos casos.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que desde este domingo, y a petición de esa dependencia, un grupo de expertos de la Comisión de Prevención del Delito y Combate a las Drogas de la ONU realizará un estudio y otorgará asesoría técnica sobre las medidas técnico-jurídicas, probatorias y periciales para fortalecer los procedimientos ministeriales y de investigación que efectúan las autoridades mexicanas respecto a los casos relacionados con los asesinatos de mujeres en esa ciudad fronteriza.

Sin embargo, según revelaron fuentes gubernamentales, estos expertos se encontrarán con un número indeterminado de expedientes (que datan de 1993 a 1996) mal integrados, sin pruebas periciales, en los que no se respetó siquiera el lugar del hallazgo, y que en suma contienen informes que no superan las 10 páginas.

Parte de esas averiguaciones previas ya se encuentran en manos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, como parte de las investigaciones que se llevan a cabo en el ámbito federal.

Según la información dada a conocer por la PGR, los expertos de la ONU llegarán a Ciudad Juárez este domingo y se entrevistarán con fiscales, agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación, que integran la Fiscalía Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, conformada por personal de la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Como se recordará, de 1993 a la fecha en Ciudad Juárez se han cometido más de 300 homicidios contra mujeres; en muchos de ellos las víctimas son jóvenes inmigrantes de otras entidades que se establecieron en ese lugar, se emplearon sobre todo en empresas maquiladoras o pequeños comercios en la zona centro y un día ya no regresaron a sus casas, hasta que días, semanas o meses después sus cadáveres fueron encontrados con huellas de tortura y violadas, en distintos puntos de esa ciudad.

En duda, culpabilidad de Abdel Latif Sharif

Hasta el momento sólo el egipcio Abdel Latif Sharif ha sido condenado por estos delitos, y supuestamente él era un asesino serial, que incluso llegó a contratar a conductores de autobuses para que secuestraran, violaran y asesinaran mujeres con similares características a las de otros homicidios.

Sin embargo, luego de 10 años, ha quedado demostrado que las autoridades locales han recurrido incluso a la tortura para que personas inocentes se declaren culpables de alguno de esos homicidios o se les consigne falsamente, como ocurrió en el caso de Neyra Azucena Cervantes, una estudiante de 19 años de edad, quien desapareció el 13 de mayo de este año al salir de su escuela. El 14 de julio, la procuraduría local detuvo a Jesús Argueta y David Meza, cuando acompañaban a Patricia Cervantes, madre de Neyra, a reconocer el cadáver de su hija. Días más tarde fueron acusados, bajo tortura, de haber cometido el homicidio.

Jesús Argueta fue liberado tras documentarse que había sido torturado, pero a David Meza se le dictó auto de formal prisión. Como los familiares de Neyra se negaron a reconocer un cadáver sin contar con pruebas de ADN, y denunciaron la fabricación de culpables en este caso, han sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades locales.

Seguridad Pública, un obstáculo

En este contexto, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció ayer que las autoridades de Seguridad Pública de Chihuahua obstaculizan la labor de peritos forenses contratados por los familiares de Neyra Azucena Cervantes, cuyos restos presumiblemente se encuentran en el depósito de cadáveres de esa ciudad, así como a los familiares de David Meza, acusado por las autoridades de ser el autor del homicidio.

Por ello, exigió al titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel; al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes; al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y al gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, que intervengan y se cumpla el mandato judicial que les permite revisar los restos.

El pasado 22 de septiembre el juez sexto de lo penal del distrito Morelos, en Chihuahua, dictó auto que ordena a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado, a cargo de Antonio Santos Rubio, dar acceso a los peritos en antropología, odontología y ortodoncia para realizar estudios correspondientes a la osamenta que se presume corresponde a Neyra Azucena Cervantes, para su plena identificación.

Sin embargo, informó la CMDPDH, al presentarse el pasado 26 de octubre los peritos, los abogados de la defensa y Carmen Argueta, en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública -donde se encuentra la osamenta, para entregar los oficios correspondientes y desahogar la diligencia- les fue negado el acceso, con el argumento de que "la osamenta estaba congelada", por lo que debían regresar a las 6 de la tarde, justificación que para el organismo de derechos humanos "es incongruente", ya que el perito en odontología y ortodoncia señaló que para su estudio no importaba el estado de congelamiento. Aun así le fue negado el acceso.

Por otra parte, elementos de la fiscalía mixta vigilan desde hace una semana, las 24 horas del día, la zona del Cerro del Cristo Negro, donde han sido localizados al menos ocho cuerpos de mujeres que fueron atacadas sexualmente antes de matarlas, cuatro de ellos en febrero de este año.

Aunque se supone que la fiscalía investiga todos los homicidios cometidos, en Ciudad Juárez se informó que son solamente 49 casos, y que el resto de los crímenes, que han sido considerados por las autoridades locales como pasionales, relacionados con el narcotráfico, riñas entre pandillas o de violencia intrafamiliar, se envían al grupo de homicidios de la Policía Judicial del estado.

Asimismo, las principales organizaciones no gubernamentales en pro de la mujer de las ciudades de Chihuahua y Juárez anunciaron formalmente que se oponen a que el presidente Vicente Fox Quesada designe a la militante panista y abogada juarense Clara Torres como la comisionada especial para coordinar las indagatorias sobre los crímenes registrados en la ciudad desde 1993.

Varias ONG, entre ellas las Mujeres de Negro, dieron a conocer que se oponen al nombramiento de Clara Torres, por ser una persona ligada directamente a un partido político y actual funcionaria de la Secretaría de Gobernación.

Estas organizaciones demandan que la persona encargada de esta tarea tenga experiencia en el tema, conocimientos en criminología y sin tintes partidistas, para evitar que se politice el tema.