El presidente de la CDHDF pide a las autoridades aplicar el operativo en el marco legal

Sólo 39 conductores con exceso de alcohol, en mil 592 revisiones

Se duplicó el número de exámenes con mejoras en la logística, informa Mondragón y Kalb

El gobierno local defenderá el programa ante posible controversia constitucional: López Obrador

MIRNA SERVIN, ANGEL BOLAÑOS Y LAURA GOMEZ

En el segundo fin de semana que se aplica el alcoholímetro, fueron remitidas a juzgados cívicos 39 personas durante mil 592 verificaciones. Es decir, el doble de las efectuadas la semana pasada, informó el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Manuel Mondragón y Kalb.

Por su parte, Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que 94 por ciento de las personas a las que se ha aplicado el examen no han ingerido alcohol, por lo que llamó a las autoridades a trabajar dentro de la legalidad.

Sin embargo, Mondragón y Kalb manifestó su beneplácito por los resultados del programa. Dijo que el propósito es crear conciencia en la población para que no conduzca en estado de ebriedad. Sostuvo que la duplicación del número de revisiones se debió a que en el transcurso de la semana se perfeccionó el operativo con mejoras en la logística, ya que se escogieron nuevas vialidades, se precisaron funciones y se buscó la manera de agilizar el procedimiento, a pesar de las inclemencias del tiempo.

El funcionario comentó que durante las revisiones, la noche del viernes, acudieron como observadores algunos diputados locales. Destacó que uno de los aspectos que más se cuidan durante esas acciones es el respeto a la dignidad de las personas; a los conductores revisados se les brinda un trato cordial y en ningún momento se les solicitan documentos, excepto si rebasan la norma y tienen que ir al juez cívico. De las 39 personas remitidas anoche, 37 eran hombres y dos mujeres.

Por su parte, el mandatario capitalino, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno de la ciudad defenderá con pruebas y argumentos la aplicación del programa Conduce sin alcohol, para demostrar que se trata de una buena medida, cuyo objetivo es proteger la vida de los automovilistas.

Aseguró que su administración está preparada para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de llegar a presentarse una controversia constitucional contra estas acciones.

El mandatario local asumió con cautela la determinación del juzgado 8 de distrito en materia administrativa de no dar entrada a una solicitud de amparo promovida en contra del programa y de las reformas al Reglamento de Tránsito del DF que sustentan el operativo antialcohol.

Si bien reconoció el derecho que tiene toda persona de disentir y plantear su inconformidad ante la autoridad correspondiente, reiteró que "por nuestra parte sostenemos que es una buena medida, que se trata de proteger la vida de quienes manejan en estado de ebriedad y de quienes, sin saber, pueden ser embestidos por alguien que maneje en condición inconveniente".

Insistió en que el programa se aplica de manera respetuosa, sin afectar la dignidad de las personas y, sobre todo, sin corrupción.

Por otra parte, Mondragón y Kalb anunció que en los próximos días la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) firmará un convenio de colaboración con representantes de la industria restaurantera para promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas y evitar que sus clientes conduzcan en estado de ebriedad.

Bajó la clientela: restauranteros

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Daniel Loeza Treviño, informó que el número de clientes de los 9 mil establecimientos afiliados en la ciudad se redujo durante el segundo fin de semana que se aplicó el operativo con alcoholímetro, por "el temor de la gente a ser detenida en alguno de los retenes establecidos".

Añadió que el monto de las pérdidas se está cuantificando y se dará a conocer la próxima semana. Dijo que para reducir el impacto de esa medida, los restauranteros ofrecerán un servicio de taxi seguro a los parroquianos que no estén en condiciones de manejar, y un apoyo económico de 40 pesos para cubrir el costo de la dejada. De esta manera, dijo, se evitarán abusos y "coadyuvaremos con las autoridades", aunque deberían ser los policías quienes, previa aplicación de la multa, los acompañaran.