OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 108

EMS y ES en el tercer Informe

Avances en reforma curricular

Déficit en financiamiento, coordinación y legislación

EL DESARROLLO DE la educación media superior (EMS) y superior (ES) se consigna en dos apartados del tercer Informe, los cuales abordan temas como el crecimiento y transformación de los subsistemas correspondientes. En su mayor parte, el documento incluye información agregada, sin mención al contexto en que pudiera interpretarse. Por ello nos concentraremos en formular los aspectos que nos parecen problemáticos al reflejar insuficiencias de la acción gubernamental.

SOBRE LA EMS EL INFORME presenta, sin ponderarlo, un dato de cobertura que amerita reflexión: sólo "51.5 por ciento de la población en edad de cursar la educación media superior (jóvenes de 16 a 18 años) recibe la atención educativa". La proporción podría ser incluso menor porque la matrícula incluye estudiantes menores de 16 años o mayores de 18. Más que la exactitud del indicador, preocupa el grado de exclusión que implica: en el futuro próximo ni siquiera la mitad de la población de jóvenes en la fuerza laboral contarán con instrucción superior a la obligatoria. Peor aún cuando apenas 6 de cada 10 inscritos concluyen el ciclo.

SI, COMO SE MENCIONA en el Informe, "el avance tecnológico y el desarrollo del conocimiento de la sociedad contribuyen a exigir niveles de preparación cada vez más altos para desempeñarse tanto en la vida cotidiana como en la profesional", entonces los resultados de la EMS son insuficientes. Sobre todo si consideramos el presente de millones de adolescentes al margen de la educación. ¿Qué otras oportunidades de desarrollo personal se les ofrecen hoy para integrarse productivamente a la sociedad?

CIERTO QUE EL INFORME declara acciones para contrarrestar los problemas de cobertura y eficiencia. Por ejemplo, el programa de becas (más de 400 mil otorgadas a estudiantes del nivel), el impulso a modalidades abiertas y a distancia, la nivelación de estudiantes de nuevo ingreso, y otros. Sin rebatir sus ventajas, tales acciones no bastan para salvar la brecha entre necesidades de formación de los jóvenes y oportunidades educativas disponibles.

PARA ACERCARSE A LOS PROPOSITOS de calidad del Programa Nacional de Educación (PNE), la enseñanza media superior a cargo del Estado ha establecido un esquema de desarrollo curricular, implantación de tecnologías informáticas, y mecanismos de profesionalización y actualización docente. La reforma curricular, fundamento de la transformación, es gradual en los subsistemas del nivel, se basa en la adquisición de competencias de aprendizaje y laborales, y se inició en la pasada administración con la reforma del Conalep. Con todo y ser encomiable el enfoque de pertinencia implícito, habrá que esperar a ver si redunda en mejores niveles de inserción académica y laboral de los egresados, y si el nuevo modelo es aplicable al currículum de instituciones autónomas y particulares.

EL INFORME TAMBIEN contiene resultados parciales de los programas de actualización del profesorado y del desarrollo de medios. Pero queda sin tratarse un tema fundamental: la falta de una apropiada coordinación. En el diagnóstico del PNE se reconoce la proliferación de modelos y se propone la creación de una instancia en la SEP "que diseñe y coordine políticas para impulsar el desarrollo de la EMS" (p. 178). Cabe recordar que el problema es antiguo. En varias ocasiones se ha buscado solucionar por diferentes vías; la más significativa, la Coordinación Nacional para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (Conppems, 1990), que establece las posibilidades de concertación entre los sectores gubernamental, autónomo y privado.

LA ACTUAL PROPUESTA gubernamental, que sigue el lineamiento del PNE, es la Coordinación General de Educación Media, incluida en el Reglamento Interior de la SEP (DOF, 20/12/02). Conforme a la norma, el nuevo organismo tendrá facultades para desarrollar la política educativa del nivel, para organizar las relaciones entre la SEP y otras instituciones, y para "establecer la coordinación necesaria para el ejercicio de sus funciones con las unidades administrativas de la secretaría que operan planteles en donde se imparte educación del tipo medio superior" (artículo 16). Hasta ahora, dicha coordinación existe en el papel, por lo que es prematuro valorar su potencial (véase Comunicado 94/febrero 13, 2003).

LLAMA LA ATENCION QUE en lugar de crear una instancia ejecutiva, por ejemplo una subsecretaría, la SEP optara por preservar una estructura que distribuye la responsabilidad del bachillerato entre las subsecretarías de Educación Superior y de Educación Tecnológica. Crear "coordinaciones", como se experimentó en el rediseño de la administración pública federal a principios del sexenio, ofrece pocas posibilidades porque enfrenta atribuciones exclusivas de las instancias que pretende vincular. En realidad, la nueva SEP ya perdió, en éste y otros terrenos, la oportunidad de reconstruir su estructura burocrática, condición ineludible para modificar el sistema de educación pública.

EN EDUCACION SUPERIOR los resultados contenidos en el Informe son interesantes. En materia de ampliación de cobertura se comunica que "en el ciclo escolar 2002-2003 se atendieron en las diferentes instituciones de educación superior más de 2.2 millones de estudiantes, casi 90 mil alumnos más con respecto al periodo anterior, lo que equivale a un incremento de 4.2 puntos porcentuales". Conviene desglosar la cifra para interpretarla.

DEL INCREMENTO TOTAL (89 mil 716 estudiantes) sólo 61 mil 296 corresponden al sistema público. Si a ellos se restan las pérdidas de la enseñanza normal (9 mil 398 estudiantes menos en el año) quedan 51 mil 898, que equivalen a 58 por ciento del incremento anual. Además, para apoyar la ampliación de la oferta de las universidades estatales, la SEP dispuso un nuevo programa con recursos para proyectos de ampliación justificados, me-diante el cual se crearon 38 mil 300 plazas de nuevo ingreso en 2002, cifra que, aunque importante, está lejos de resolver la presión de la demanda social sobre universidades públicas en los estados.

EN LA LICENCIATURA, que concentra casi 85 por ciento de la ES en México, las instituciones públicas aumentaron su matrícula total a 57 mil 421 estudiantes, mientras las privadas lo hicieron 43 mil 708 estudiantes. Esta pauta reafirma que el sector privado mantiene mayor dinamismo en la oferta de estudios profesionales. En efecto, mientras el segmento público tuvo un crecimiento anual de 4.6 por ciento, el privado creció 7.6 por ciento. En cambio, en posgrado se nota cierta reanimación de la oferta pública, que registró un incremento de casi cinco puntos porcentuales en el año contra 3.6 por ciento del segmento privado. No obstante, la proporción de posgrados privados sigue siendo significativa, superior a 40 por ciento de la matrícula total del nivel.

PARA AUMENTAR LA MATRICULA pública se crearon en el año, según el Informe, 26 nuevas instituciones en el año. De ellas, ocho universidades tecnológicas, ocho institutos tecnológicos, tres universidades politécnicas y nueve universidades públicas. Las nuevas universidades públicas consignadas son: dos sedes de la Universidad del Mar (Huatulco y Puerto Escondido), dos sedes de la Universidad del Itsmo (Ixtepec y Tehuantepec), dos sedes de la Universidad del Papaloapan (Loma Bonita y Tuxtepec), la Universidad de la Sierra Sur (Miahuatlán), la Universidad de Teotitlán (Cañada Mazateca), todas ellas en Oaxaca. Además, la Universidad de la Sierra en Sonora.

ES CLARO QUE PREVALECE, en la óptica del Estado, una visión favorable a la educación tecnológica como medio para diversificar la oferta profesional. Menos evidentes son las razones por las cuales el gobierno federal está impulsando la creación de pequeñas universidades públicas en algunos estados de la república. Asimismo, en el panorama de la ES han aparecido dos nuevas modalidades: las universidades politécnicas, ya en operación, y las flamantes "universidades interculturales bilingües"; las primeras dos iniciarán labores en este 2003. Al tratarse de opciones nuevas, conviene esperar sus primeros resultados para apreciar sus posibilidades y límites.

DESDE LOS NOVENTA la SEP ha construido un esquema de distribución de recursos extraordinarios basado en la asignación de fondos a las instituciones que formulen programas en aspectos como: formación de recursos académicos, equipamiento, y programas de investigación o docencia. Este modelo, complementario del subsidio, se ha reforzado en la actual administración mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el cual induce a las instituciones a formular proyectos de "superación académica del profesorado, actualización de contenidos, uso intensivo de tecnología y adopción de enfoques educativos centrados en el aprendizaje". Aun coincidiendo con el espíritu del programa, no han sido pocas las voces que, desde la academia, han hecho notar la tensión que implica sobre la autonomía académica. Se aduce, desde el gobierno, que la participación es voluntaria para las instituciones. Lo sería si el monto del subsidio ordinario fuera suficiente para estar en condiciones de elegir; pero no es el caso.

UNA VERTIENTE IMPORTANTE de la política de ES conducida por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), en coordinación con la ANUIES, es estimular la acreditación de los programas académicos como forma de demostración del grado de calidad alcanzado. Esta política se inicia en 1991 con la creación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y prosigue con el establecimiento, a fines de 2002, del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC (Copades), cuyo propósito es autorizar agencias no gubernamentales de acreditación y coordinar su trabajo. Según el Informe, el año anterior se triplicó el número de organismos acreditadores reconocidos por el Copades y el número de programas acreditados pasó de 123 a 260, lo que representa un incremento del 111.4 por ciento. En cambio, la evaluación y acreditación de los programas de posgrado recae en el nuevo Padrón Nacional de Posgrado de SEP-Conacyt. No es claro por qué, para estudios profesionales, se impulsa la acreditación mediante agencias no gubernamentales y en el posgrado se afirma la instancia del Estado. Esta doble vía ha obligado a las instituciones a atender criterios de calidad que no necesariamente coinciden en sus elementos básicos de valoración.

INTERROGANTES. ¿Cómo piensa la SEP alcanzar los niveles de cobertura programados a 2006 cuando, a mediados del sexenio, apenas se ha conseguido una cuarta parte del nivel esperado? ¿Se tiene previsto crear una Subsecretaría de Educación Media que pudiera concentrar las políticas gubernamentales del nivel? ¿Por qué, si la mayoría de los egresados del bachillerato prefieren las carreras universitarias, se contiene la expansión de las mayores universidades públicas en favor de otras opciones? ¿Hay algún avance en materia de coordinación y normatividad de los sistemas medios superior y superior, públicos y privados, del país?

A Xabier Gorostiaga, in memoriam