Aznar y la oposición socialista rechazan el proyecto; es "rupturista", afirman

Presenta Ibarretxe plan para cambiar el estatuto del País Vasco a "libre asociación"

El gobierno del Partido Popular, gran obstáculo a la paz en Euskadi, dice el lehendakari

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 26 de septiembre. El presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, presentó este viernes ante el Congreso regional un proyecto para cambiar el estatuto político del País Vasco a uno de "libre asociación".

El proyecto prevé la puesta en marcha de un proceso de paz que haga posible la pacificación de la convulsionada región y sentar las bases de un nuevo modelo de gobierno en el que primará la vocación de más soberanía e independencia con respecto al Estado español.

Por su parte, el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, y la oposición socialista rechazaron la iniciativa, que tildaron de "separatista" y "contraria" a los preceptos constitucionales vi-gentes en este país desde 1978.

El llamado Plan Ibarretxe aspira a servir de base para un modelo de gobierno que permita al País Vasco gozar de algunas reivindicaciones: que se reconozca el derecho de autodeterminación, conseguir el final definitivo de la violencia y transferir competencias básicas como la recaudación de la seguridad social y la creación de una mesa en la que se debatan las reformas constitucionales que se requieren.

"Nuestra sociedad quiere dar por finalizada una etapa marcada por la violencia y la falta de normalización política. Desea avanzar en un camino de solución basado en el respeto a los derechos humanos individuales de todas las personas y en el respeto a las decisiones colectivas del pueblo vasco", comentó Ibarretxe.

Indicó que en los últimos años ha habido una notable beligerancia institucional del gobierno español y del derechista Partido Popular que se evidenció en la "aprobación de la Ley de Partidos Políticos" y la ilegalización de la coalición de la izquierda separatista vasca, Batasuna.

El mandatario del País Vasco señaló que si bien "la persistencia de ETA es una dramática constante en los últimos 40 años, con excepción del paréntesis de tregua propiciado por el pacto de Lizarra (desde1998 hasta diciembre de 1999), la organización separatista vasca sigue siendo el máximo exponente de la conculcación del más básico y elemental de los derechos humanos, el derecho a la vida".

Pero Ibarretxe señaló que existe otro gran obstáculo para lograr la paz en Euskadi: "El gobierno del Partido Popular, bajo disfraz de la lucha antiterrorista, está ejecutando sistemáticamente una estrategia que supone el recorte de las libertades y un grave retroceso de la democracia".

Afirmó que "la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y la ilegalización de Batasuna han impedido que miles de ciudadanos vascos puedan ejercer libremente el derecho a votar por una opción política determinada, lo cual no nos acerca sino que nos aleja de la búsqueda de soluciones".

Pilares esenciales

El dirigente nacionalista añadió que su proyecto de pacificación y autogobierno tiene tres pilares esenciales: la convicción de la existencia de un pueblo vasco que tiene identidad propia y está repartido en Francia y España, que este pueblo tiene el "derecho" a decidir su propio futuro y, por último, que ese "derecho" sólo se hará posible "desde el respeto a que sean consultados los ciudadanos" de la región.

Ibarretxe habló de la posibilidad de contar con representantes vascos en las instituciones internacionales, sobre todo en la Unión Europea, y propuso que se admita que tanto Navarra como el País Vasco francés (Iparralde) tienen derecho a votar su posible adhesión al que sería el Estado vasco, por lo que exige que no se "pongan trabas legales a los acuerdos entre las comunidades" y a los tratados "transfronterizos" que se firmen en el futuro.

Ibarretxe también exige crear un "Poder Judicial autónomo", que deberá contar con un tribunal superior de justicia vasco y un tribunal supremo, instancia que "sería la responsable de la doctrina jurídica".

El vocero del gobierno de Aznar, Eduardo Zaplana, anunció desde Madrid que se "re-currirá por la vía contencioso-administrativa" y ante el Tribunal Constitucional contra "todos los planteamientos" anunciados.

El Ejecutivo español consideró que la iniciativa de Ibarretxe es contraria a la Constitución de España y refleja un espíritu "claramente secesionista", al tiempo que consideró "nula" la posibilidad de que prospere, ya que -sostuvo- "genera riesgos y una gran estabilidad porque coincide con los planteamientos de los violentos".

Patxi López, líder socialista vasco, consideró que la iniciativa es "rupturista" y sólo le ha servido de "coartada" para "ocultar la ineficacia" de su administración.

Arnaldo Otegi, parlamentario y vocero de Socialista Aberzaleak, el grupo parlamentario heredero de la ilegalizada Batasuna, señaló que la aspiración de su coalición es "cuajar un plan" que siente las bases para la "superación del conflicto político", en la que -a su juicio- deberán participar "todos los agentes de los siete territorios" y en un escenario de ausencia total "de la violencia: la de ETA y la estructural".

El dirigente abertzale añadió que "a nosotros nos ilegalizan, nos detienen y hasta cierran nuestras sedes", pero nos encontramos "ante un momento histórico para la superación del conflicto", en el que "la izquierda nacionalista está dispuesta a hacer su aportación", por lo que abogó por una mesa de diálogo "sin violencia de ETA y sin la violencia estructural, sin injerencia de los estados".