José Antonio Almazán González

ƑMadruguete eléctrico?

Justo en el momento en que algunas organizaciones nos preparamos a festejar, este 27 de septiembre, el 43 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, algunos personajes como Salinas de Gortari expresan su abierto respaldo al presidente Fox (o al revés), preparando un albazo para imponer su propuesta de privatización eléctrica. Lo que aparece como un simpático juego de palabras, refleja una dramática situación en nuestro país: un Presidente cuyo capital político está casi agotado, pero obstinado en sacar adelante sus compromisos para privatizar los energéticos, y el regreso de un nefasto ex presidente que cree controlar los hilos del poder en el PRI y en el Congreso de la Unión y ofrece sus servicios para impulsar la "reforma energética" iniciada en su sexenio, pensando que ha llegado la hora de la revancha.

Con la misma falacia que Zedillo repetiría en 1999 y Fox en 2002, el 16 de noviembre de 1992 Salinas de Gortari envió a la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), argumentando: "... resulta necesario continuar con la expansión del sector eléctrico nacional, para lo cual es preciso incrementar los recursos necesarios para asegurar dicha expansión... el gobierno federal debe, al mismo tiempo y de manera prioritaria, canalizar los recursos disponibles en otras obras de beneficio social, por lo que para reducir la carga financiera que implica el dinámico crecimiento del sector, se requiere la participación de otros agentes de la sociedad en áreas no reservadas en forma exclusiva a la nación."

Bajo esta mascarada, que los propios datos oficiales han desmentido, pues el sector eléctrico es autosuficiente, se encontraban las obligaciones aceptadas, en materia eléctrica, en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Recordemos que en el Anexo 602.3 se pactaron las nuevas figuras jurídicas de autoabastecimiento, cogeneración, importación y exportación de energía, pequeña producción y producción independiente de energía, que permitían la participación del capital privado en la generación de energía eléctrica. Estas figuras que abrían las puertas a la privatización eléctrica, fueron incorporadas literalmente en la reforma a la LSPEE, promovida por Salinas de Gortari. Así, con un Congreso de la Unión controlado abrumadoramente por el PRI y el complaciente respaldo del PAN, la reforma eléctrica salinista fue aprobada en fast track, marcando el curso que seguiría la privatización eléctrica en México.

Pero algo quedó pendiente desde entonces: el carácter inconstitucional de la ley eléctrica frente a lo establecido en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Habrá que recordar que el primer borrador del TLC planteaba una reforma al artículo 27 constitucional y que bajo la presión de una naciente sociedad civil, entre ella la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Salinas de Gortari tuvo que retroceder hacia una reforma en la LSPEE. Hoy, nueve años después, el principal promotor de la privatización del sector estatal de la economía y del campo mexicano regresa a terminar su tarea, ofreciendo sus servicios a Fox y buscando reinstalarse, en una especie de maximato, en la arena política nacional.

Las cuentas son alegres. Cuentan con el control de la presidencia del PRI y de la coordinación de su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados. Su cálculo es aparentemente inteligente. Los votos de los diputados del PRI sumados a los del PAN pueden darle los soñados dos tercios de los 500 diputados (o de los que estén presentes) para imponer una reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, o bien alcanzar mayoría simple en la Cámara de Diputados para profundizar la privatización mediante una nueva reforma a la LSPEE.

Es cierto que tanto en el Programa de Acción como en la Declaración de Principios del PRI se reivindica la exclusividad nacional en materia eléctrica cuando tiene el carácter de servicio público. Pronunciándose por que el petróleo y la electricidad deben seguir siendo propiedad de la nación. Pero en los cálculos de los modernos Santa Annas no importa echar abajo posiciones de principio o incluso dividir al PRI con tal de entregar el patrimonio eléctrico.

En estas circunstancias, el Congreso de la Unión tiene una elevada responsabilidad: restablecer el orden constitucional echando abajo las reformas salinistas de 1992. Pero la responsabilidad de la sociedad civil mexicana no es menor: detener el madruguete de quienes buscan, en lo oscurito, completar la obra que Salinas de Gortari inicio en 1992: la entrega de la soberanía nacional energética al gran capital trasnacional.