El resto se haría paulatinamente este día; "no queremos violencia", dicen

Alumnos de El Mexe entregaron 2 vehículos

El gobernador, Manuel Angel Núñez Soto, dio de plazo esta semana para obtener un arreglo

CARLOS CAMACHO, ANGELES MARISCAL, RODOLFO VILLALBA Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

Alumnos de la Escuela Normal Rural de El Mexe, Hidalgo, entregaron a representantes del gobierno estatal una pipa que contenía 8 mil litros de gas LP y una camioneta propiedad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, como muestra de que "no queremos violencia", y sí que se reabra el diálogo con las autoridades en torno al conflicto en el plantel, originado por la exigencia de los normalistas de que sea cesado su director, León Mejía Ortiz. Los estudiantes anunciaron que entregarían el resto de los 140 vehículos en su poder de forma paulatina durante el transcurso del jueves.

Los normalistas solicitaron al gobierno de Hidalgo la noche del miércoles reanudar negociaciones para destrabar el conflicto que ya lleva un mes, pero condicionaron su participación a la "disposición" de las autoridades y a que se retiren los mil 200 policías que vigilan los alrededores del plantel.

En una comunicación al plantel, donde se encuentran desde el domingo alrededor de 400 estudiantes, uno de ellos afirmó por teléfono que no había intención de quemar más vehículos y que si se sientan a negociar con el gobierno irían "liberando poco a poco las unidades, pero a cambio pedimos que cese la represión".

Dijo que la tarde del martes cuatro padres de familia que regresaban del municipio de Progreso en una camioneta de la escuela fueron detenidos por granaderos, golpeados y encarcelados, y se les liberó tras serles tomados sus datos personales.

Agregó que si las autoridades pretenden dialogar, como lo han dicho, debe haber "garantías para nuestra seguridad", y una de ellas era retener los camiones y vehículos, por lo que se negaban a entregarlos antes de volver a la mesa de negociación.

De su parte, dueños de expendios de gasolina de la región de Tula se plantaron en la plaza Juárez de Pachuca exigiendo la intervención del gobierno para que frene supuestos actos vandálicos de los alumnos de El Mexe; advirtieron que de no haber respuesta realizarán un paro de labores que afectaría al transporte de la zona, donde 50 estaciones de gasolina distribuyen un millón de litros de combustible al mes.

Patricia Maldonado Cabrera, representante de los gasolineros de una docena de municipios, se entrevistó con el secretario general de Gobierno, Aurelio Marín, para exponerle el clima de inseguridad que se vive en la región, donde ya han sido retenidos vehículos de su propiedad que trasladan gasolina.

En tanto, 29 empresas, entre ellas Telmex, Bimbo, Pemex, Cemex, Gamesa y Peñafiel, han presentado entre el 17 y el 22 de septiembre 29 denuncias por diversos delitos, debido a que sus unidades han sido retenidas por los normalistas, como medida de presión para obligar a las autoridades a dialogar.

"Dialogaremos siempre y cuando entreguen primero todas las unidades; menos, no", advirtió el subsecretario de Gobierno, Erick Cruz Becerra, quien mantiene constante comunicación telefónica con el secretario general del comité estudiantil de El Mexe, Jerónimo Juárez Reyes.

Por otra parte, el gobernador Manuel Angel Núñez Soto negó que se tenga pensada una incursión policiaca para desalojar el plantel, pero advirtió que no se permitirán más actos ilegales y lo que se busca es rencauzar la escuela y que los alumnos se dediquen a estudiar, "porque le cuestan mucho a la sociedad".

Explicó que se dará como último plazo lo que resta de la semana para intentar rescatar el semestre, o de lo contrario a los jóvenes de nuevo ingreso (135) se les buscará acomodo en otras normales del país. Agregó que no se cerrará la escuela y lo que se pretende es rescatar el semestre, pero sobre la base del respeto a la normatividad y a la legalidad, por lo que llamó a los estudiantes a regresar las unidades secuestradas.

Acuerdan estrategia conjunta estados y Presidencia: Salazar Mendiguchía

Otro gobernador, el de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, informó que los gobiernos federal y los 17 estatales donde existen normales rurales acordaron establecer una estrategia conjunta para efectuar cambios en estos centros educativos, y acabar con el "autogobierno" y el sistema de internado que "han propiciado los conflictos" con este sector.

Explicó que lo anterior fue un acuerdo entre los mandatarios y el Presidente, sostenido en la reunión del pasado martes en el contexto de la junta de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Anunció que la próxima semana se reunirán el secretario de Educación, Reyes Tamez Guerra, y los responsables del sector educativo en los 17 estados involucrados. Y si bien los gobernadores están por no cerrar dichos centros educativos, "en la próxima reunión trataremos de recuperar la normalidad académica, administrativa y financiera en todas estas escuelas. Les quitaremos las puntas filosas", explicó el mandatario.

De su lado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicitó la liberación inmediata de nueve personas arraigadas desde el 6 de agosto por el caso de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, por considerar que la medida es "inconstitucional, pues las coloca en un estado de inseguridad jurídica violatorio de sus garantías", y hasta la fecha no existen pruebas que los impliquen en algún hecho delictivo.

En un comunicado el organismo afirmó que Narciso Alvarez Antunar, José Tito Hernández Urquín, Marco Antonio Sánchez Ruiz, Oscar Alvarado Flores, Milton Hidalgo Morales, Udilfrido de la Cruz Villalobo, Agustín Velásquez Marín, Lorenzo Gómez Jiménez y Mariano López Jiménez "han sufrido aislamiento prolongado, incomunicación y han sido tratados como si fueran delincuentes de alta peligrosidad". Esta situación, añadió, "se configura en tortura y se evidencia en el estado emocional y de salud de los arraigados, que ha empeorado durante el tiempo de la detención". Aseveró que dos de los arraigados "tienen más de 60 años, otros dos son diabéticos y uno más está sangrando de un oído".

Insistió en que el arraigo "está siendo utilizado por las autoridades como una medida de presión sicológica tanto para los arraigados como a los estudiantes y padres de familia que siguen defendiendo su legítimo derecho a la educación y al trabajo".

Finalmente, en Tapachula, estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) efectuaron una marcha para exigir que se les permita el acceso a los exámenes de oposición para ocupar plazas como maestros de educación básica.