Francisco López Bárcenas

Conflictos agrarios y mercado de tierras

Nadie sabe cuántos conflictos agrarios existen en la actualidad en territorio mexicano ni cuántos impactan el patrimonio indígena. La Confederación Nacional Campesina (CNC) habla de 30 mil, mientras que algunas organizaciones campesinas independientes, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), refieren 500. El gobierno federal reconoce la existencia de 422, pero sólo a 14 los considera focos rojos, porque, de acuerdo con declaraciones del procurador agrario, dentro de sus características se encuentra que tienen más de 20 o 30 años de existencia, han ocurrido enfrentamientos violentos entre las partes -con muertos de por medio- y no ha desaparecido el peligro de enfrentamiento entre ellas. A partir de esos argumentos se puede afirmar que el gobierno atiende los conflictos agrarios para desactivar fuentes de potenciales conflictos políticos y sociales, y no porque busque salvaguardar los derechos de los campesinos. Todo esto a pesar de que diversos funcionarios encargados de atender la problemática agraria han declarado que no representa una amenaza de estallido social porque los focos rojos significan sólo 3.1 por ciento del total de conflictos, no obstante que, por otro lado, se admita que en 22 años ha dejado alrededor de 300 muertos, cifra por demás insignificante, pues un solo conflicto de ese tipo, el de Santiago Amoltepec, en Oaxaca, acumula el mismo número derivado de la violencia por disputa de tierras con sus vecinos.

Son muy variadas las causas que provocan los conflictos agrarios, entre ellas las históricas y la manera en que se reconocieron derechos sobre la tierra. A éstas se suman muchas de índole política, en las que igual se mezclan los intereses de las autoridades de los tres niveles de gobierno -por manejarlos en lugar
de solucionarlos- y la estrategia de las organizaciones políticas de mantenerlos para asegurarse seguidores, esto es, una clientela que les sirva de grupo de presión para mantener determinados privilegios que puede adquirir en negociaciones con el gobierno.

En el caso de tierras ubicadas en territorio indígena, un elemento fundamental para que esto suceda es que sin importar la modalidad de la propiedad, para las comunidades indígenas propietarias de las tierras en disputa, o de sus miembros, constituye su territorio, espacio bajo influencia y control de los pueblos, donde pueden libremente practicar y desarrollar su vida colectiva sin que nadie interfiera o se los prohíba. No importa si la tierra es propiedad privada o social, si ocupan espacios simbólicos míticos, sagrados o históricos, para los pueblos se respetan, aunque el derecho sea de otras comunidades.

Para la atención de estos conflictos el gobierno ha preferido la negociación política antes que la aplicación de la ley y el respeto de los derechos que ésta protege. Después de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo las instituciones del sector agrario han puesto en práctica una estrategia que consiste en dividir el país en tres áreas, cada una a cargo de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, la Procuraduría y el Fideicomiso Fondo de Fomento Ejidal, estableciendo una coordinación entre ellas; ubicar los conflictos agrarios de los que tienen noticia; escoger los que mayor riesgo social representan o focos rojos, y ponerse como árbitro para que las partes involucradas negocien la forma de resolverlos y el gobierno "compense" monetariamente a quien ceda o pierda, sea en sus derechos o en sus pretensiones, aunque resulten ilegítimas.

Es posible que la estrategia del gobierno desactive los conflictos que llegue a atender, pero resulta dudoso que los resuelva de fondo porque, como hemos anotado, los campesinos y sobre todo los pueblos indígenas no disputan la tierra como mercancía, sino como espacios territoriales, sin los cuales peligra su existencia. Seguramente muchos conflictos "se arreglarán" porque las partes o las organizaciones que las asesoran verán en la indemnización o la compra de tierras una fuente de ingresos económicos, pero las causas no desaparecerán.

Lo que es claro también es que con esa estrategia el gobierno se apega a las exigencias de los organismos económicos internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo: promueve la estabilidad política en el campo para dar certeza al capital que le interese invertir en él y despoja a la tierra campesina del poco carácter social que le queda para convertirla en propiedad privada. De esa manera genera un mercado de tierras y da continuidad a los proyectos salinistas que desde 1992 anhelan que la tierra se convierta en mercancía. Está en los campesinos y en las comunidades indígenas decidir si permiten que ésa sea la estrategia para desactivar los conflictos agrarios o buscan otras que preserven sus derechos.