Silvia Gómez Tagle

Sin una política de desarrollo

En este momento el problema más grave de México es la creación de empleo, en eso hay consenso entre partidos políticos, empresarios, sindicatos y el presidente Vicente Fox. Pero si bien estamos de acuerdo en el problema central, hay diferencias en el diagnóstico y mucho más en las soluciones. Por ahí debería empezar el diálogo, si es que realmente le interesa resolverlo al Presidente, cuyo diagnóstico es optimista porque los datos oficiales miden mal el problema.

Los datos del INEGI consideran igual a la economía formal que a la informal. En esta última participa 28.5 por ciento de la población ocupada y produce 12.7 por ciento del PIB, según la Encuesta Nacional de Micronegocios; sin embargo, en este rubro no hay seguridad de ningún tipo para los trabajadores ni remuneraciones fijas, ni mucho menos pago de impuestos. La economía informal esconde tanto a pequeños talleres domésticos, que producen para las grandes fábricas, como a vendedores ambulantes de importaciones ilegales, o al narcotráfico mismo, éste sí con ingresos millonarios. Asimismo, la economía informal es causa de la precarización masiva del empleo, al tiempo que genera problemas de ingobernabilidad, cuyo volumen tan importante pone en riesgo el estado de derecho. Los changarros de Fox no pueden ser la solución al problema del empleo.

El control de la inflación con la contención del salarios abarata el costo laboral de las empresas y atrae "temporalmente" a maquiladoras, pero disminuye la capacidad de consumo de la población y en consecuencia cancela las posibilidades de desarrollo real de la economía.

Hoy que la mayor parte de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos, está en grave riesgo la capacidad de las empresas mexicanas para competir con los productores chinos. Solamente en la industria maquiladora se han perdido en los últimos tres años 252 mil 710 empleos, lo que equivale a una de cada cinco plazas en esta rama industrial de las que existían en 2000. En este periodo las personas que ingresaron al mercado de trabajo, más el rezago de años anteriores, suman 22 millones 755 mil 186, mientras sólo se han generado 8 millones 371 mil 306 empleos, lo que arroja un saldo neto de 15 millones 228 mil 473 mexicanos sin empleo. (Laura Juárez Sánchez, Trabajadores, número 37, julio-agosto 2003). Además, la liberalización comercial ha llevado a la desarticulación de las cadenas productivas y a la pérdida irreparable de miles de microempresas medianas y pequeñas, éstas sí de la economía formal, contribuyentes al fisco, generadoras de empleos con ciertas prestaciones.

Hay que preguntarle a Fox si estos problemas se van a resolver con "sus reformas estructurales". ƑPara qué vamos a dar concesiones a empresas privadas en la explotación de energéticos cuando la Comisión Federal de Electricidad y Pemex pueden ser totalmente solventes? Lo único que necesitan es que Hacienda no les quite los recursos que producen para financiar su propio desarrollo.

Lo que falta en este país es una política de desarrollo, en vez de aplicar mecánicamente las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Una política que tome en cuenta a los sectores productivos: empresarios mexicanos y trabajadores. Una reforma laboral debe encontrar los puntos de posible coincidencia entre trabajadores y empresarios para la generación de empleos; el respeto a la democracia y la libertad sindical podrían ir aparejados con la aceptación de medidas de flexibilización y eficiencia laboral. Hay muchas medidas simplemente administrativas o que implican reformas legislativas menores con las que el gobierno federal puede contribuir a generar oportunidades para que las pequeñas y medianas industrias puedan integrarse a los procesos productivos de exportación o para fortalecer el mercado interno. La apropiación de las instituciones financieras por empresas extranjeras muestra que se ha abandonado totalmente la idea de financiar el desarrollo.

Sin duda el gobierno federal requiere recursos; en eso todos estamos de acuerdo: México es uno de los países con más baja tasa de captación fiscal en el mundo. Hay que plantear una reforma fiscal integral que incluya la restructuración del sistema hacendario, la revisión del régimen simplificado y el de consolidación fiscal, que en realidad esconden grandes negocios. Pero para que los mexicanos estén dispuestos a pagar impuestos hace falta legitimidad, convencer a todos de que las tasas impositivas son justas, o sea, que los que ganan más, pagan más, sean personas físicas o empresas, y que esos recursos se destinan efectivamente a programas de desarrollo económico y a generar bienestar para la población. Es necesario demostrar que el incremento en la recaudación fiscal va aparejado con mayor transparencia en el uso de recursos.