Rechazan analizar conflictos de interés en la Junta de Gobierno del instituto

Entorpecen PRI y PAN revisión del IPAB

Cuestiona el PRD que funcionarios juzguen su propio proceder en torno al Fobaproa

ROBERTO GARDUÑO Y JOSE GALAN

Las bancadas de PRI y PAN rechazaron un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que la Cámara de Diputados revisara las evidencias en torno al conflicto de interés de Héctor Tinoco, Jonathan Davis y Teresa Fernández en la Junta de Gobierno del Instituto de Protracción al Ahorro Bancario (IPAB), porque los tres se desempeñaron como integrantes del Comité Técnico del Fobaproa, que aceptó la integración de bancos financieramente sanos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, cuyo costo para el erario se acerca a los 220 mil millones de pesos.

En la cuarta sesión del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la 59 Legislatura, cuya materia de trabajo se circunscribe a temas generales y de gobierno del órgano legislativo en San Lázaro (porque aún no se integran las 42 comisiones), la fracción del PRD llevó a tribuna la demanda de revisar el pasado de los funcionarios bancarios que ahora serán jueces de los actos que en algún momento fueron parte de su responsabilidad y acabaron por sumergir en el endeudamiento al país.

Dolores Padierna recordó que Héctor Tinoco se desempeñó como suplente del Banco de México ante el Fobaproa, y ahora participa en las decisiones del IPAB. Del personaje más prominente de los señalados, Jonathan Davis, la diputada perredista dijo que se encargó de firmar un sinnúmero de documentos cuyo costo es "muy elevado" para el país.

"Está violando flagrantemente la ley porque hoy asiste, habiendo pertenecido al Comité Técnico del Fobaproa -en su calidad de presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)-, a las reuniones de la Junta de Gobierno del IPAB. ƑCómo puede ser que él mismo, que firmó los pagarés, sea el mismo que va a revisar la legalidad de éstos? Además, fue el director del Banco del Sureste, del Grupo Financiero del Sureste: ambos quebraron y fueron a parar al Fobaproa".

Teresa Fernández, "patética": Padierna

Con dureza, la representante de la bancada perredista acusó de "patética" a Teresa Fernández, porque como secretaria del Comité Técnico del Fobaproa, en sustitución de Gabriel Reyes Orona, "certificó todas las operaciones oscuras del rescate bancario y ahora es la que tiene que certificar datos".

La propuesta el PRD fue apoyada por las fracciones del PVEM, Partido del Trabajo y Convergencia. No obstante, al someterla a consideración del pleno, los grupos de PRI y PAN decidieron que no se considerara de urgente y obvia resolución, argumentando en favor de esa posición que, de acuerdo con el artículo segundo transitorio de la Ley IPAB, establece que el único funcionario impedido de pertenecer a la junta de gobierno del instituto será el ex secretario de Hacienda.

Antes se presentó un punto de acuerdo en el que sí hubo unanimidad, porque los grupos legislativos apoyaron el planteamiento del PRI consistente en que el Ejecutivo federal envié antes del 15 de noviembre la propuesta de paquete económico. El priísta Juan Carlos Pérez argumentó que el tiempo previsto en la Constitución para revisar el contenido de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Miscelánea Fiscal "es insuficiente".

"Por poner un ejemplo, en algunos países de América Latina, como Chile y Brasil, el plazo promedio para desarrollar el trabajo de análisis, acuerdos y aprobación asciende de 70 a 100 días, mientras que en Estados Unidos se cuenta con 235 días."

Por su parte, otro priísta, el ex director de Banobras en el gobierno de Vicente Fox y uno de los precandidatos por su partido al gobierno Veracruz, Tomás Ruiz, presentó ante el pleno camaral una iniciativa de ley para reformar el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se incorpore nuevamente a los puentes de peaje que no son internacionales -y que son operados por la Federación en territorio nacional- al esquema de participación de los fondos en beneficio de los municipios y entidades donde éstos operan, con un reparto de las utilidades de 50 por ciento para unos y otros.