Afectará el Amazonas; Halliburton, empresa participante

Financiará el BID construcción de un gasoducto en Camisea, Perú

DAVID ZUÑIGA

Pese a la oposición de organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos de indígenas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de 135 millones de dólares para el proyecto de gas natural de Camisea, Perú.

De acuerdo con la organización Red de Economía y Energía Sustentables (SEEN, por sus siglas en inglés), la mitad del gas que produzca este proyecto se exportará a Estados Unidos y a México. Sin embargo, perjudicará al Amazonas peruano, una de las regiones de mayor riqueza biológica en el mundo, y a sus habitantes.

A finales de agosto, el Banco de Importaciones y Exportaciones (Eximbank) de Estados Unidos se negó a financiar este proyecto, lo que hizo que las organizaciones no gubernamentales albergaran esperanzas sobre su cancelación o postergación; sin embargo, el miércoles el directorio ejecutivo del BID autorizó el financiamiento a Transportadora de Gas del Perú para iniciar las obras.

La SEEN sostiene que el BID y otras instituciones han invertido más de 4 mil millones de dólares para explotar gas y petróleo en América Latina; sin embargo, los principales beneficiarios son Estados Unidos y otras naciones industrializadas, mientras los países donde se realizan las obras pagan la cuota de contaminación, pobreza, enfermedades y desplazamiento de comunidades.

El BID argumenta que el gobierno peruano se comprometió a crear una comisión para el desarrollo sostenible de la Bahía de Paracas para mejorar el ambiente.

El proyecto total, que incluye la producción de gas natural y su procesamiento, transporte y distribución, costará mil 600 millones de dólares.

Nadia Martínez, integrante de la SEEN, dijo que a las organizaciones no gubernamentales no les sorprende la decisión del BID, y señaló que hubo presiones del gobierno estadunidense para que se aprobara el préstamo, pues las empresas beneficiarias serán Hunt Oil y Halliburton, las cuales tienen vínculos con la administración de George W. Bush.

Esta decisión, dijo Martínez, es una muestra de "la gran hipocresía y falta de coherencia" del gobierno de Bush, pues hizo que se aprobara el proyecto a pesar de que no cumple requisitos sociales y ambientales. El gobierno de Estados Unidos concentra 30 por ciento de los votos en el directorio del BID.

Nadia Martínez señaló que el director ejecutivo del BID, José Fourquet, se abstuvo en la votación. Esto, afirmó, sólo fue una maniobra política "para no cargar con la responsabilidad de aprobar tan polémico proyecto".

La integrante de la SEEN también puso en duda la voluntad del BID para abordar con seriedad temas ambientales y sociales, pues dejó en manos de las propias empresas beneficiarias el monitoreo de estos efectos que tendrán sus obras.

"Los grupos ambientalistas y de derechos humanos seguiremos apoyando a los organismos de la sociedad civil peruana para garantizar que las empresas y el gobierno de esa nación cumplan con sus deberes, y haremos al BID responsable por su complicidad en la destrucción de la amazonia peruana y en la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú", concluyó Martínez.