Antonio Gershenson

¿Cuál es la propuesta de la derecha?

Hay mucha discusión sobre una reforma eléctrica que la derecha no define claramente, y sobre la entrega del gas natural no asociado a empresas extranjeras. El hecho es que las propuestas oficiales, tanto del antiguo régimen como del actual gobierno federal, fueron rechazadas en el Senado y no se han presentado otras a ninguna de las cámaras legislativas. Sí hay, pendientes de dictamen, tres propuestas, una del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado y dos del Partido de la Revolución Democrática, una en cada cámara, en sentidos claramente diferentes de las propuestas oficiales ya rechazadas.

También hay, sin embargo, una propuesta legislativa de la derecha. El entonces todavía diputado Jorge Chávez Presa, quien fue subsecretario en el antiguo régimen y ha seguido impulsando proyectos similares a los que ya rechazó el Senado, presentó, en el último día de sesiones de la legislatura anterior, el viernes 29 de agosto, una propuesta de reforma constitucional. Ya se verá en qué medida esta propuesta representa a la derecha en su conjunto, la del PRI, la del PAN y la del gobierno federal.

Con esta propuesta queda claro, en primer lugar, que la principal línea divisoria en esta polémica pasa por dentro del PRI. Una parte de este partido presentó la propuesta que está en el Senado, y este ya ex diputado del mismo agrupamiento político introdujo otra que va en un sentido opuesto. El hecho es que esta última es, hoy por hoy, la única propuesta oficial de la derecha en el Poder Legislativo, y como tal la tratamos.

La propuesta tiene dos partes. La primera se refiere al gas natural no asociado al petróleo, o sea, al que se extrae de yacimientos que tienen sólo gas o que contienen petróleo entendido como aceite, en proporciones mínimas. Como lo hemos transcrito en varias ocasiones, el artículo 27 de la Constitución dice que "tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hubieran otorgado".

La propuesta del citado diputado introduce, después de la palabra gaseosos, la frase: "con excepción del gas natural no asociado". También propone un cambio similar en el artículo 28. Es obvio que el cambio propuesto va en el sentido de querer dar una base constitucional a los llamados contratos de servicios múltiples que se quieren otorgar a grandes empresas extranjeras para extraer el gas natural no asociado al petróleo.

El resultado, sin embargo, es otro. Si es difícil que una reforma legal antinacional sea aprobada en ambas cámaras en las actuales condiciones tan complejas, la aprobación de una reforma a la Constitución es casi imposible, pues requiere mayoría de dos tercios en cada una de las dos cámaras legislativas, y además la ratificación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas del país. Este proceso implica, además, tiempo, en el curso del cual es previsible una creciente polémica pública, y el consiguiente costo político para quienes quieren poner los negocios de unas cuantas empresas de fuera por encima de los intereses de la nación.

Y, por lo pronto, el mencionado ex diputado reconoce, implícitamente, que los contratos de servicios múltiples, y los otros firmados en la industria petrolera, violan la Constitución en su actual texto, único válido. Porque si no fuera ése el caso, ¿qué sentido tendría proponer su modificación?

La segunda parte de la propuesta que comentamos se refiere a la industria eléctrica. Agrega, en una de sus partes medulares, que "los particulares, mediante concesión, podrán generar energía eléctrica para el Estado (con esto implícitamente reconoce que es anticonstitucional que lo estén haciendo ya), para consumo propio y a los usuarios cuyo consumo rebase los límites previstos por la ley". Independientemente de que al ex diputado no le caerían mal unas clases de redacción, plantea que los particulares puedan prestar servicio a una parte del público, o sea, un servicio público. Para ello, propone también el "acceso y uso no discriminatorio" de la red que opera la Comisión Federal de Electricidad.

Esto implica privatizar funciones públicas, y entregar parte del consumo a particulares para que lo satisfagan. Implica limitar aún más las posibilidades de planeación de largo plazo y, en la medida en que se pretende transferir áreas de lo que se puede planear y programar, a lo que el mercado determine, se afecta la seguridad del abasto en el largo plazo. Se pretende prolongar la asfixia financiera a las empresas públicas y seguir transfiriendo sus funciones y sus medios a algunas privadas, en perjuicio, que ya se da, incluso de empresas de otras áreas, como las que han cerrado por lo cara que está la energía, debido al trato de consentidos que se da a los beneficiarios de semejantes medidas.