Presidente del concejo autónomo Miguel Hidalgo ratifica pruebas de inocencia

Zapatistas presos no actuaron con dolo

Si hoy no son liberados, la Junta de Buen Gobierno decidirá otras medidas: abogado

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 10 de septiembre. El anacrónico tintineo de las máquinas de escribir Olympia (carrete, taca-taca y campanilla) llena el aire con ese ruido de oficina que se supone debe tener un juzgado, aun en tiempos de computadora. Parece un día normal, inclusive tranquilo. A un costado del Cereso número 5, en un paraje conocido como El Chivero, entre San Cristóbal y Huixtán, el juzgado penal de Las Casas está rodeado de bosques.

En punto de las 14 horas se presentan las autoridades del municipio autónomo Miguel Hidalgo. Poco después, los periodistas. Como quien no quiere la cosa, es la primera vez que algo así sucede. Hace unos años, recuerda un colega, a este concejo autónomo 'orita' lo estarían metiendo preso. Bien golpeados y entambados tuvo el gobernador Roberto Albores Guillén a los presidentes y otros miembros de los concejos autónomos de Tierra y Libertad, San Juan de la Libertad y Ricardo Flores Magón hacia 1998.

Una cubeta de plástico, en un rincón, rebosa de ajos trenzados. Una presencia extraña en un juzgado. Pero a lo que prestan atención los fotógrafos es a Juan Ara Sántiz, presidente del concejo autónomo de Miguel Hidalgo, ratificando las pruebas de inocencia de Juan y Fernando Sántiz e Hilario Bautista, con base en un permiso para cortar leña expedido por el concejo autónomo. Lo acompañan otros miembros del concejo y los defensores comunitarios.

Ara Sántiz, frente a una máquina de escribir que registra sus palabras, se identifica por su cargo y remite a la secretaria del juzgado los dos permisos que él exhibe y ella copia. Más tarde, la juez Carmen Monzón Velasco lo pondría en estas palabras: "El señor vino a ratificar un documento de permiso que él expidió."

El abogado Miguel Angel de los Santos, de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, declaró por su parte: "Confiamos (en) que la juez de distrito determine auto de libertad para los tres detenidos."

Argumentó: "Primero, no existe el delito del que se les acusa. Al no haber dolo ni haber puesto en grave riesgo a la ecología, es imposible configurar ecocidio. Segundo, los detenidos contaban con un permiso. Además, extraer leña para uso doméstico no puede considerarse delito. O entonces los millones de pobres en todo el país que cortan leña son delincuentes. Prohibir el uso de leña es impedir que los pobres cocinen."

Advirtió que, si bien la decisión recae en la juez, "fue el Ejecutivo estatal el que inició el proceso, así que tiene responsabilidad en este caso". De los Santos destacó que "por primera vez una instancia gubernamental se encuentra en condiciones de reconocer las diferencias entre la ley de los indígenas que se han dado autonomía y la ley 'occidental', lejana a la cultura de los pueblos. Una ley que sancione el corte de leña está impidiendo a millones de familias algo fundamental para su subsistencia".

Recordó que el secretario de Gobernación, el gobernador de Chiapas y el propio Presidente de la República declararon que las juntas de Buen Gobierno zapatistas no quebrantaban la legalidad, al menos de acuerdo con el artículo cuarto constitucional. "Si esos discursos fueron sinceros, los procesados tienen que ser puestos en libertad. De lo contrario, querrá decir que sus palabras no se sostienen en la práctica."

Los miembros del concejo autónomo reiteraron esta tarde que, si sus compañeros no son liberados (el plazo vence este jueves a las 20 horas), "acudiremos a la Junta de Buen Gobierno Torbellino de Nuestras Palabras para decidir otras medidas".

Interrogada por la prensa después de la diligencia de las autoridades autónomas, la juez penal del distrito judicial Las Casas dijo que los tres detenidos, "no sé si son zapatistas", fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por conducto de las instancias correspondientes. Ahora, los documentos presentados por Ara Sántiz "se integrarán a la indagatoria". La licenciada Monzón Velasco explicó: "Estamos dentro del término probatorio para el periodo ampliado" de la investigación del caso.

Cabe recordar que, por instancias del Ejecutivo estatal, los detenidos fueron acusados de ecocidio. El presidente del concejo autónomo vino a confirmar y documentar que los indígenas no obraron "con dolo" (parte de la definición del delito en el Código Penal) y que no estaban dañando la ecología. Un reportero preguntó sobre la validez del permiso expedido por un municipio zapatista.

"Yo no puedo emitir una opinión al respecto. Tengo un término constitucional para resolver el caso", eludió Monzón, pero reconoció que la decisión "la tengo que tomar yo".

Apuntó que "la defensa solicitó la ampliación del término para acopio de pruebas. Una actuación común cuando se solicitan ampliaciones. Dentro del término, se reciben todas las pruebas".

A la pregunta de si el presidente autónomo tenía cita para acudir al juzgado, respondió: "Se señaló fecha y hora en virtud de que ellos (los autónomos) lo solicitaron. Lo recibimos como un testigo nada más, que debe avalar el documento que exhibe."

Con sus excepciones, que son históricas, El Chivero resulta un paraje tranquilo. Lo rodean arboledas y áreas taladas (por las que seguramente nadie está o estuvo preso). Al poco tiempo de inaugurado, el Cereso número 5 fue tomado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el primero de enero de 1994. Los rebeldes redujeron a los guardias y abrieron las puertas. El penal quedó vacío, y durante algunos años permaneció cerrado. En tiempos de Albores fue reabierto, al "servicio" casi exclusivo de la población indígena. Desde entonces se han registrado al menos dos fugas espectaculares de delincuentes comunes. Hoy fue escenario de otra clase de hecho histórico. Una legitimación que ha tomado 10 años.