México D.F. Miércoles 10 de septiembre de 2003
Lamenta que pese a la intervención del
gobierno federal continúen los crímenes
Propone Sauri al Senado crear comisión para
dar seguimiento al caso Juárez
Los legisladores, señala, obligados a luchar
contra la impunidad y en favor de la justicia
VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL
Durante la sesión ordinaria del Senado de la República
la legisladora priísta Dulce María Sauri presentó
ayer al pleno un punto de acuerdo en el que solicita la creación
de una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones
sobre los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua,
pues "a pesar de las medidas de seguridad, coordinadas desde el gobierno
federal, siguen los asesinatos y continúa la impunidad".
La senadora refirió en tribuna que el 3 de mayo
de 1993, cerca de un canal de riego en la zona del predio conocido como
Lote Bravo, en Ciudad Juárez, "fue hallado el cadáver de
una mujer. Su cuerpo mostraba golpes en rostro y abdomen; según
la necropsia, murió un día antes por asfixia, estrangulamiento.
Tenía entre 30 y 35 años de edad y cinco meses de embarazo.
No fue identificada.
"El martes 2 de septiembre de 2003 las autoridades policiacas
de Chihuahua hallaron los restos de una mujer de entre 20 y 25 años
de edad en un paraje solitario del municipio de Villa Ahumada, colindante
al sur con el de Ciudad Juárez. Según la necropsia, al parecer
la víctima fue violada y asesinada a golpes."
Sauri subrayó: "acabo de referirme al primero y
al más reciente asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez,
que a lo largo de 10 años le han dado vida al caso conocido como
las muertas de Juárez", pero entre uno y otro existen otras 370
historias similares.
Son casos, abundó la senadora, que hablan de una
ofensiva imparable de sadismo, violencia y muerte contra mujeres en esa
zona fronteriza del país. "En medio de éstos existe también
una historia constante de denuncia, reclamos y exigencia de justicia que
aún hoy no ha producido los resultados esperados", señaló.
En 10 años, continuó la legisladora, familiares
de las víctimas, medios de información, organizaciones de
la sociedad civil, agrupaciones nacionales e inte
rnacionales de defensa de derechos humanos y legisladores
locales y federales "nos hemos ocupado del tema, ya sea denunciando ineficiencias,
negligencias o proponiendo acciones y sugiriendo alternativas para abordar
este caso desde nuevas perspectivas jurídicas e institucionales
para facilitar así su atención y resolución".
La senadora señaló que debido a la enorme
presión pública, apoyada por el Poder Legislativo, progresivamente
se han logrado cambios importantes en la actitud de las autoridades para
enfrentar el caso, generándose al mismo tiempo nuevas propuestas
para aumentar el esfuerzo institucional para resolver esos crímenes.
Sin embargo, abundó, consecuencia directa de esa
presión, las autoridades federales han iniciado la instrumentación
de medidas tendientes a coordinar acciones de procuración de justicia
en esa ciudad fronteriza, pero no obstante ello "continúan muriendo
mujeres y sigue existiendo impunidad".
Aseveró que en poco más de mes y medio de
vigilancia extrema y coordinación de las tareas de investigación
entre el gobierno del estado y las secretarías de Gobernación,
Seguridad Pública, Desarrollo Social y la Procuraduría General
de la República, cuatro cadáveres más han pasado a
engrosar la estadística de muertes en la zona.
Por ello, insistió, es claro que el reclamo de
mayor compromiso del Ejecutivo federal en la atención del caso debe
enmarcarse en una estructura institucional en el Poder Legislativo que
asegure certidumbre en el seguimiento de los planteamientos y propuestas
que se realizan en el Senado de la República en torno a este problema.
La senadora recordó que el martes 2 de septiembre
los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD y PT en la Cámara de
Diputados presentaron el primer punto de acuerdo de las LIX Legislatura
para mantener la existencia de la Comisión Especial de Seguimiento
a las Investigaciones de los Asesinatos contra Mujeres en Ciudad Juárez.
Con este antecedente, destacó, el Senado de la
República debe también reconocer su responsabilidad permanente
como participante activo en el seguimiento sobre las pesquisas y para ello
debe contar con una instancia específica de articulación
y seguimiento de las investigaciones.
La lucha contra la impunidad y en favor de la justicia
en Ciudad Juárez, aseveró la legisladora priísta,
"demanda y exige una participación abierta, comprometida, permanente
y enérgica de senadores y senadoras que integran esta soberanía".
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