Según quejosos, Herrerías habría "estafado" $20 millones

Indaga la delegación Benito Juárez presunta falsificación de firmas en contratos taurinos

JOSEFINA QUINTERO M.

La Dirección Jurídica y de Gobierno de la delegación Benito Juárez inició el procedimiento administrativo para investigar la falsificación de firmas en 13 contratos que se utilizaron para llevar a cabo corridas de toros durante la pasada temporada grande en la Plaza de Toros México, debido a la queja presentada por dos aficionados a la fiesta brava.

La queja fue presentada por Salvador Gallegos y Miguel Martínez Rosas la semana pasada, pero fue hasta este lunes que Eva María Aviña, responsable de la Dirección Jurídica y de Gobierno de la demarcación, ordenó que se enviaran citatorios a los involucrados, entre los que se encuentra el empresario de la Plaza de Toros México, Rafael Herrerías.

Salvador Gallegos y Miguel Martínez, aficionados que se ostentan como representantes de los tenedores de derecho de apartado, concurrieron ante esa instancia delegacional para demandar que se investigue la autenticidad de la firma de Martín Arranz, que aparece en los contratos de los toreros José Tomás y Joselito, así como las de los 13 apoderados taurinos que intervinieron en ellos.

Asimismo, se ha señalado que de comprobarse que las firmas no corresponden a los titulares, el empresario Rafael Herrerías habría incurrido en el delito de falsificación por lo menos 15 veces, lo cual sirvió "para estafar" por más de 20 millones de pesos a los aficionados.

La notificación enviada por la delegación a los involucrados los obliga a comparecer en un plazo de cinco días hábiles ante la autoridad administrativa, para "manifestar lo que a su derecho convenga". A Eva María Aviña se le conoce, según informes de la Comisión Taurina, como cercana "colaboradora" del empresario Rafael Herrerías, y se ha negado a emitir cualquier información sobre el asunto.

Ayer fue el último intento por hacer contacto con la funcionaria, quien por medio de su secretaria (Claudia), señaló que no tenía nada que declarar al respecto y remitió sus respuestas a un boletín emitido por la Dirección de Comunicación Social de la demarcación.

En el escueto documento oficial se informa que la resolución sobre el procedimiento administrativo se dará a conocer una vez que concluya el trámite de ley, cuyo término dependerá del desarrollo de la investigación, que consiste en la aportación y el desahogo de las pruebas de los involucrados.