Carlos Fazio

El caso Llona

Para el gobierno de Vicente Fox el naturalizado mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde es una mercancía. Tiene valor de cambio. Es algo que se puede intercambiar o vender. En este caso, en el mercado del reino de España. La situación de Llona, cuya extradición está siendo "estudiada" en la cancillería de Tlatelolco, no tiene nada que ver con la justicia. Como en la época del antiguo régimen, el Poder Judicial sigue supeditado a los designios del Ejecutivo. El magistrado que lleva la causa, Arnulfo Castillo, es "un juez de consigna". No aplica la ley; simplemente cumple órdenes.

Llona es parte de una transacción de carácter político-económico. Una política del quid pro quo inaugurada en los tiempos en que José Angel Gurría, el Angel de la Dependencia, era secretario de Relaciones Exteriores. Desde entonces suman más de 35 los casos de ciudadanos de origen vasco enviados ilegalmente a España, acusados de tener presuntos vínculos con la organización independentista Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad en euskera).

Lorenzo Llona fue detenido el 26 de abril en su domicilio en la ciudad de Zacatecas por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que contaron con la "coadyuvancia" de policías españoles. La injerencia de agentes españoles en México no es nueva. Se remonta a los tiempos en que los espías del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) operaban aquí bajo cobertura de la embajada española. Heredero del antiguo servicio de inteligencia de la dictadura franquista -el represivo Seced del almirante Luis Carrero Blanco, con sede en la Castellana 5-, el Cesid inició su cacería de vascos en el exterior poco tiempo después de su fundación, el 4 de julio de 1977.

La saga del Cesid en México es continuada hoy por al menos dos agentes encubiertos del Cuerpo Nacional de la Policía española, cuya presencia en territorio nacional fue ratificada por José Luis Santiago Vasconcellos, titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República.

El colaboracionismo de los cuerpos de seguridad mexicanos con sus homólogos españoles es también antiguo, e involucra directamente a México en la estrategia represiva de Aznar, en un asunto de orden político, como es el enfrentamiento histórico del Estado español con el pueblo vasco. Al abdicar de su neutralidad y tomar partido por una de las partes, México se convirtió en un territorio donde se dirime el contencioso vasco-español. Pero significa además una cesión de soberanía y vulnera de manera flagrante la tradición de asilo diplomático de México.

Por otra parte, se trata de un caso absurdo. Lorenzo Llona se encontraba en México el 24 de junio de 1981, cuando, según el gobierno ultraderechista de José María Aznar, "participó" en un atentado en el pueblo guipuzcoano de Tolosa, España. Ese día Llona se presentó a pagar el trámite por el cual la directora de Migración, Diana Torres, le concedió una visa de residente con permiso para trabajar en México (FM-3). Hay acuse de recibo extendido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Desde la época del canciller Gurría, quien trasladó a la política internacional la concepción y acciones entreguistas que utilizó para el manejo de la deuda externa con los acreedores de México, el pragmatismo de Tlatelolco ha dejado atrás los principios de política exterior consagrados en la Constitución y condujo a prácticas mercantilistas que luego asumió el ex secretario de Relaciones, Jorge G. Castañeda y ahora, presumiblemente, Luis Ernesto Derbez. Asistimos a un canje, un quid pro quo, según los criterios que impregnan todas las obras de la tecnoburocracia gobernante.

El viraje en materia de asilo y las modificaciones al convenio bilateral de extradición con España, que mediante un protocolo de 1999 se basa "en la confianza de un Estado a otro para dar fe a las órdenes de aprehensión de otro Estado", sin que se tengan que acreditar hechos tipificados como delito y la participación de la persona de que se trata en esos hechos (el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad), coincidió con las inversiones de banqueros españoles en tres instituciones del sistema financiero local y con las promesas del rey Juan Carlos de que abogaría ante sus socios europeos para que México pudiera cristalizar un acuerdo comercial con la Unión Europea.

En aras de obtener inversiones, los gobiernos de Zedillo y Fox han venido agachando la cerviz y declinaron ejercer la soberanía nacional frente a España, al obviar la función vital como nación independiente de comprobación de los elementos necesarios para que cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano pueda ser detenida y, en el caso de un reclamado, entregada al Estado requirente. Estamos hablando de un Estado que a la muerte del franquismo heredó leyes antiterroristas y tribunales de excepción (la Audiencia Nacional) pactados por el rey Juan Carlos con los partidos de oposición, y que a través de la guerra sucia y escuadrones de la muerte ha llevado el terrorismo de Estado a Francia y Venezuela, primero con el Batallón Vasco Español y luego con los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), creados por el gobierno de Felipe González. Un Estado español que, como ha documentado Amnistía Internacional, practica la tortura de manera sistemática a los detenidos vascos.

Según consta en el Diario Oficial del 6 de marzo de 1986, México firmó la Convención Contra la Tortura, cuyo artículo 3 señala: "ningún Estado procederá a la extradición, devolución o expulsión de personas cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a torturas". No obstante, varios vascos deportados por México, entre ellos María Begoña Sánchez y Vicente Sagredo (1995); Luis María Koldo Domínguez, extraditado de facto (1996); Jesús Mari González (1998), y Josu Larrea y Santi Izpura (2000) han sido torturados en España. Otra razón legal para negar la extradición de Lorenzo Llona y enmendar la práctica colaboracionista con el gobierno represivo español