Fue presentada en contra de la Auditoría Superior

Divide a la Corte controversia de Fox

JESUS ARANDA

La admisión de la controversia constitucional interpuesta por el Presidente de la República en contra de la Auditoría Superior de la Federación (representada por la Cámara de Diputados), en que impugna la orden girada a Hacienda para que no liquide seis pagarés a Banamex -en los tramos I y II del Programa de Capitalización y Compra de Cartera-, que forman parte del Fobaproa, ha generado gran discusión entre los ministros de la Suprema Corte, al grado de que se habla de posiciones irreconciliables que ya afectan la armonía del máximo tribunal.

Fuentes consultadas agregaron que en los plenos privados en los que se ha discutido la controversia constitucional 36/2003, presentada el 22 de abril pasado, se han formado prácticamente dos bloques de pensamiento sobre la forma en que debe resolverse éste que es considerado uno de los asuntos más importantes que ha tenido la Corte.

Se sabe que un grupo de ministros apoya la postura del actual presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, de que quien tiene la razón es el Presidente de la República, por lo que la sentencia iría en ese sentido sin mayores complicaciones.

Oportunidad histórica

Ha trascendido que otros magistrados, entre los que se encuentran el ministro ponente Juventino V. Castro y Castro y el ex presidente de la SCJN, Genaro David Góngora Pimentel, son de la idea de que la Suprema Corte está ante una oportunidad histórica de definir una posición en torno al control constitucional que debe ejercer la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio presupuestal del gobierno.

Inclusive, aunque no hay una postura definida sobre los alcances de las facultades de la fiscalía, hay quienes opinan que este órgano de control está llamado a jugar un papel fundamental en la rendición de cuentas a que está obligada toda autoridad.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el que los ministros apoyen esta postura no implica que consideren que fue legal la decisión de la Auditoría de ordenar a Hacienda ''el descuento, sustitución o disminución de los pagarés derivados del Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Banamex por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro''.

Según los funcionarios, los ministros consideran que aun cuando los propósitos de la ASF pueden ser muy loables, lo cierto es que el marco jurídico no prevé facultad alguna a favor de dicha Auditoría, para que pueda ordenar qué hacer a una secretaría de Estado. En todo caso, se dijo, la Auditoría podría hacer una recomendación al Ejecutivo, para que éste a su vez diera la orden a las secretarías de Estado sobre los aspectos a corregir, porque de lo contrario, si actúa motu proprio, estaría violando la esfera de competencia de otro poder.