Reducción del padrón y plazas docentes, y negativa de maestros a reubicarse, centro del problema

Reformar normales, solución a la crisis educativa en Chiapas: BM

La propuesta del organismo establece plazos y objetivos hasta 2005; incluye exámenes para puestos directivos, ajuste de presupuesto, sancionar ausentismo de profesores y un plan de jubilación anticipada

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Ttuxtla Gutierrez, Chis., 6 de septiembre. La reducción de plazas docentes y matrículas en las escuelas normales y la negativa de unos 3 mil 500 maestros para reubicarse en zonas rurales de Chiapas, donde existe un rezago educativo de 26.5 por ciento, son el centro de la crisis entre el gobierno estatal, normalistas rurales y el sector magisterial.

Las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Educación Pública -contenidas en sus páginas web- coinciden: en el estado se atiende sólo a 73.5 por ciento de la población en edad escolar, de 15 años y menos; este sector comprende 25.7 por ciento de los más de 3 millones 920 mil habitantes de la entidad.

Esas estadísticas significan que unos 266 mil 950 menores de 15 años no cuentan con servicio educativo alguno. Esta población, según el INEGI, se ubica en su mayor parte en las más de 18 mil 160 comunidades rurales de la entidad, con menos de 500 habitantes, y se encuentran en lugares poco accesibles.

Atendiddos por maestros federales y estatales de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), existen 3 mil 735 centros de atención prescolar, 6 mil siete primarias y mil 302 secundarias.

El 75 por ciento de estos centros se ubican en las zonas indígenas, donde hay docentes que atienden hasta seis niveles escolares distintos en una sola aula. Son los llamados maestros multigrado.

Cifras recientes dadas a conocer por el gobernador Pablo Salazar señalan que en la entidad existen unos 58 mil docentes adscritos tanto al nivel federal como el estatal, lo que implicaría que a cada uno le tocaría atender, en teoría, a 17 alumnos adscritos a los servicios educativos. Según la Secretaría de Educación estatal, un gran número de docentes cuenta hasta con siete plazas, algunas de sólo una o dos horas, lo que los hace cubrir inclusive dos turnos completos.

Ello indica, según el Ejecutivo, que en el estado hay "suficiencia de maestros", y que para combatir el rezago en la materia se deben reubicar unos 3 mil 500 mentores que se niegan a atender a la población rural.

En contraparte, los normalistas rurales y el SNTE insisten en la apertura de nuevas plazas, para atender a más de 10 mil comunidades que no cuentan con ningún servicio educativo. Inclusive, estiman necesaria la contratación de entre 10 mil y 15 mil nuevos menores.

Desde el inicio de su administración, en diciembre de 2000, Pablo Salazar se enfrentó a la sección 7 del SNTE, a cuyos líderes acusó de querer mantener cuotas de poder, como la adscripción discrecional de plazas magisteriales que se abren anualmente. Asimismo, de tener un excesivo número de docentes comisionados a la labor sindical y de paralizar los servicios educativos como medida de presión, afectando con ello a los educandos.

Por su parte, los sindicalistas acusan al gobierno de querer desaparecer los "logros magisteriales" y de responder a "políticas neoliberales impuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional", según sostiene el secretario general de la sección 7, Fortino Vázquez.

Inclusive se dio a conocer un informe del Banco Mundial (BM) dirigido el 10 de octubre de 2002 al gobierno de Chiapas, donde se establece una serie de "recomendaciones" en materia de educación, que de forma paulatina habría de llevar a cabo la administración de Pablo Salazar de aquí a 2005, para "apoyar la operación de crédito" que viene gestando con dicha instancia.

Según el documento, del que La Jornada tiene copia, Vik Paqueo, Gladys López y Harry Patrinos, analistas del BM, proponen "convertir las normales estatales, o al menos una ley que lo exija", y "la conversión real a un número acordado de normales".

La propuesta establece plazos y objetivos. Para este año se debería establecer un sistema de exámenes para la selección de personal del área educativa que ocupe puestos de dirección; proponer una nueva ley estatal de educación, y establecer normas estrictas para sancionar el ausentismo laboral de los maestros.

En 2004 ya deberán estar "convertidas" las normales estatales y habría de entrar en vigencia un programa de "jubilación anticipada" para algunos sectores del magisterio.

El BM establece un nuevo sistema denominado Escuelas en movimiento, y el "ajuste al presupuesto en educación, de acuerdo con el nivel de logro de los indicadores de desempeño".

En este contexto, la crisis educativa que se vive en la entidad inició cuando el gobierno estatal anunció la desaparición del otorgamiento automático de plazas a los maestros de la Normal Rural de Mactumactzá, institución de donde provienen desde los actuales líderes magisteriales, hasta gobernadores como Eduardo Robledo Rincón, además de diversos funcionarios de esta administración.

La disputa derivó a principios de agosto en enfrentamientos y la detención de más de 200 personas, 24 de las cuales se encuentran procesadas por delitos graves como motín y sedición. Otras 10 se encuentran arraigadas, entre ellas cuatro maestros, padres de alumnos de la normal.

Como reconoció el líder magisterial, ahora se vive una guerra de "dimes y diretes" entre las partes. El gobierno, a través de los medios de comunicación estatales y nacionales, ha difundido su versión que indica la "suficiencia de maestros" y la posibilidad de que se cierre o en su caso cambie la estructura de la Normal Rural de Mactumactzá.

Esta pretensión implica reducir la matrícula en las 22 normales que hay en la entidad y la contratación mínima de mentores, como informó el gobernador el 23 de agosto, al otorgar sus comisiones de trabajo a 900 nuevos maestros.

"Hoy tenemos poca oferta y mucha demanda (de maestros). Hoy, por un error de planeación, todavía tenemos en Chiapas muchas normales, y cada vez necesitamos menos maestros", explicó Pablo Salazar.

Dijo que desde hace cuatro años el gobierno federal ya no autoriza plazas en Chiapas y las que al año se ofertan son aquéllas "que van quedando vacantes por jubilaciones, defunciones e incapacidad".

En este contexto, sostuvo que "ya se están tomando algunas medidas, entre otras reducir la matrícula de las normales" y someter a concurso de oposición las plazas que salen anualmente, en vez de otorgarlas de forma discrecional: 50 por ciento para el SNTE y otro tanto para que las reparta el gobierno, como se ha hecho.

Los normalistas, los maestros de Mactumactzá y el sindicato sostienen que esta medida, además de lesionar al gremio, afectaría a la sociedad. Reiteran la necesidad de nuevas contrataciones porque hay deficiencia hasta en las zonas urbanas.

"Hoy mismo llegó una petición de una escuela ubicada en la cabecera municipal de San Cristóbal, donde cinco maestros atienden a poco más de 300 alumnos. Otro caso es la Secundaria Técnica 3, ubicada entre los municipios de Tuxtla y Chiapa de Corzo, ahí existen unos 50 alumnos por grupo. Estos ejemplos muestran la falacia y aseveraciones infundadas por parte de las autoridades", señaló Fortino Vázquez.

En contraparte, el secretario de Educación, Alfredo Palacios, señaló que "la problemática de la que se desprende en parte el rezago educativo es que hay una resistencia por parte del sindicato a reubicar a 3 mil 500 maestros federales que están en escuelas donde existen grupos hasta de siete alumnos. Subdividen grupos de 15 alumnos en secundaria para darle lugar a maestros en zonas urbanas o semiurbanas. Es decir, los profesores no están donde deberían".

Fortino Vázquez revira: "La reubicación sí, pero para hacerla debemos empezar por los maestros comisionados en los Servicios Educativos para Chiapas, donde ocupan puestos burocráticos que no están acordes con su nivel profesional". Añade: "Pero qué vamos a reubicar, si hacen falta maestros".

En este punto es donde entra la Normal de Mactumactzá, que según su antecedente histórico recibe sólo a hijos de campesinos pobres. A estos alumnos se les otorga una beca mensual de 2 mil 968 pesos, que comprende hospedaje en la institución, viáticos, servicios de salud y alimentación, a cambio de que, al egresar, presten sus servicios profesionales por un mínimo de tres años en comunidades con menos de 500 habitantes.

"De ahí la importancia de que el otorgamiento de plazas sea automático para estos nuevos profesionistas. Porque mientras los normalistas urbanos andan llorando en demanda de que se les reubique a pocas cuadras de su casa, los de la Mactumactzá son los únicos que se la rajan en las comunidades", sostiene Fortino Vázquez.

Explica que en el área rural se ubica 70 por ciento de los niños en edad escolar, en condiciones difíciles, pues en algunos casos no hay aulas, agua ni comida. "Ahí los únicos que aguantan son los normalistas rurales, porque ellos vienen de ese sector, porque parte de su formación es buscar estrategias de desarrollo acordes con el medio".

El secretario de Educación, por su parte, señala que esto es una falacia, pues "al igual que el resto de los mentores, los normalistas rurales buscan a toda costa asentarse en zonas urbanas".

Señala cifras que a su ver demuestran la negativa de los maestros a desarrollar su trabajo en zonas rurales: "tenemos estadísticas de que de los 200 días que los maestros deben trabajar al año, trabajan 80; los maestros llegan el martes en la tarde y se van los jueves tan pronto pueden".

Y menos de un mes después de la cancelación del ciclo escolar en Mactumactzá, efectuada el 18 de agosto, luego de reubicar en nuevas comisiones de trabajo a los maestros de esa institución, a solicitud del gobernador arribó a la entidad el director de la Coordinación General de Universidades de la Secretaría de Educación Pública, Daniel Vargas Gutiérrez, para realizar los estudios de factibilidad que permitan convertir a la normal rural en universidad politécnica.

De forma paralela, a una comisión de estudiantes y a los líderes magisteriales se le informó oficialmente la propuesta del gobierno estatal al respecto, donde se plantean, entre otros puntos, la transformación progresiva de la normal en universidad politécnica; sustitución de la modalidad de internados por un programa de becas externas sustentado en los mejores promedios; integración de una matrícula mixta que incluya a hombres y mujeres", "fin del autogobierno" y reconocimiento de los Servicios Educativos para Chiapas como única instancia normativa de la función administrativa y docente, estableciendo un reglamento interno.

Estas medidas, según los estudiantes afiliados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialista de México, buscan "desaparecer a las normales rurales para que los hijos de campesinos, obreros e indígenas no tengan la oportunidad de seguir estudiando, vivan en la ignorancia y no se den cuenta de la realidad que hoy tenemos que enfrentar, como lo es el hambre y la miseria".

Los normalistas de Mactumactzá -que se asumen como marxistas leninistas- sostienen: "Creer que nosotros accederemos es una tontería, nuestra lucha llegará hasta las últimas consecuencias, de arriba sólo vendrán lágrimas, sangre y muerte de abajo nacerá la paz y la justicia con dignidad".