Estaban en Panamá para facilitar que un general cubano desertara, alega la defensa

Juzgarán en noviembre a los anticastristas que planearon asesinar a Castro en 2000

Posada Carriles es inocente; es demasiado viejo para cargar una bomba, dicen sus abogados

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Panama, 6 de septiembre. Dentro de dos meses, del 12 al 14 de noviembre, los cinco anticastristas capturados hace tres años en Panamá por un presunto intento de asesinato contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, enfrentarán un juicio por atentado contra la seguridad colectiva, posesión de explosivos y asociación delictuosa.

La justicia panameña dictó además orden de búsqueda y detención de un quinto presunto implicado, actualmente prófugo, el cubano-estadunidense Raúl Rodríguez Ho-mouzova, quien salió del país un día antes de la fecha programada para el fallido atentado, el 17 de noviembre de 2000.

El vehículo rentado que transportaba la carga explosiva que debía haber sido instalada por los conspiradores en el paraninfo de la Universidad Nacional de Panamá, durante un acto de masas con el mandatario cubano, fue pagado con una tarjeta de crédito a su nombre.

En la causa penal que el juez de primer distrito, Eduardo Paniza, resolvió abrir el viernes anterior cerca de la medianoche, al concluir la audiencia preliminar, no figuran otros cubano-estadunidenses denunciados en su momento por el gobierno de Cuba como parte de la red de conspiradores.

Estos son Santiago Alvarez, de 61 años, residente en Miami, quien no participó en los últimos detalles del plan dinamitero por un percance cardiaco; Roberto Carrillo, de 60, cubano-panameño, anticastrista que se-gún denuncia de los cuerpos de seguridad de la isla guardaba armas y ofrecía apoyo a la célula de presuntos terroristas, y Carlos López Sánchez, de nacionalidad hondureña, quien cumplía tareas por órdenes de los responsables del grupo.

Quienes sí enfrentarán juicio en dos au-diencias, una programada para noviembre y otra para enero próximos, son Luis Posada Carriles, cubano con nacionalidad venezolana y pasaporte falso salvadoreño, y Gaspar Escobedo Jiménez, con nombre y pasaporte falso estadunidense, además de prófugo de la justicia mexicana.

Escobedo, naturalizado estadunidense y con residencia en Miami, asesinó en Mérida a un técnico pesquero cubano, D'Artagnan Díaz, e hirió en 1976 al cónsul cubano en esa ciudad. Se fugó de una prisión mexicana y, según la justicia cubana, intentó nuevamente atentar contra un avión mexicano durante la primera Cumbre Iberoamericana que se realizó en Guadalajara.

A pesar de que la justicia mexicana envió el expediente de Escobedo Jiménez a Panamá, a petición del fiscal encargado de la investigación, México no ha solicitado la extradición de este cubano.

Estos dos anticastristas, además de los cargos mencionados, también serán juzgados por falsificación de documentos e identificación falsa.

La mano de la CIA

También serán juzgados Guillermo Novo Sampol (implicado en 1976, en Washington, en el asesinato del canciller chileno Or-lando Letelier y ex asesor de la policía política de la dictadura del general Augusto Pinochet), Pedro Remón y César Matamoros, los tres con ciudadanía estadunidense. Este último está en arresto domiciliario.

Un implicado más, José Valladares, señalado como contacto en la frontera panameño-costarricense, en donde al parecer se almacenaron los explosivos y se armó la bomba, falleció apenas iniciado el proceso.

En el próximo juicio, los querellantes, abogados que representan a las centrales obreras del país, a las federaciones estudiantiles y a la nación indígena Kuna, deberán comprobar la existencia de un plan terrorista contra el mandatario cubano.

Cuentan con una prueba sólida, la incautación de la bomba fabricada con explosivos de alto poder y con capacidad de causar destrucción en un radio de 200 metros.

Este aparato detonante, al parecer fue introducido por los detenidos a Panamá por el paso fronterizo Paso Canoa, quizá por partes y armado en una finca rústica, El Jacú, propiedad del difunto José Valladares, antiguo militante de organizaciones violentas anticastristas y discapacitado en acción.

No ha sido localizada la cápsula detonadora de la bomba. Según expertos, estos artefactos deben ser guardados lejos del explosivo para evitar que estalle accidentalmente. Se presume que Matamoros pudo haber sido el responsable de esconder el detonador.

Otra prueba es la comprobación de que el explosivo fue hallado por el chofer de Luis Posada Carriles en el automóvil rentado que utilizaba el grupo de cubanos en Panamá, arrendado personalmente por Posada y pagado con la tarjeta de crédito de Rodríguez Homouzova.

Por su parte, la defensa sustentará la hipótesis de que los cubanos anticastristas, to-dos ellos jefes o miembros de organizaciones violentas, ex agentes de la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) y con graves antecedentes penales, se encontraban en Panamá porque pretendían ayudar a desertar al jefe de la seguridad de Estado cubano, general Eduardo Delgado.

Pero esta presunta defección fue, sostienen, una trampa para congregar en Panamá a los "archienemigos" de Fidel Castro y hacer que los capturen.

Entre sus argumentos, sostendrán que es falso que Posada Carriles llevara la carga de dinamita, porque "es demasiado viejo para cargar un bulto tan pesado", y que portaban documentos falsos por necesidad, porque la seguridad cubana siempre entrega a los responsables de la policía interna de los países a donde Castro hace visitas de Estado una lista negra de 50 nombres que constituyen un peligro para su mandatario.