Ninguno de los indiciados tuvo posesión de los explosivos, sostiene la defensa

Hay evidencias sobre la conspiración contra Castro, aseguran querellantes

Hoy se decide si procede el juicio contra Luis Posada Carriles y tres coacusados

Plan de emergencia policial ante posibles roces entre anticastristas y simpatizantes

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Panama, 4 de septiembre. El fiscal del primer circuito de Panamá, Arquímides Sáez, pidió hoy que el juez Enrique Paniza resuelva llevar a juicio a Luis Posada Carriles y cuatro cubanoestadunidenses anticastristas más, acusados aquí de planear un fallido atentado con explosivos en la Universidad de Panamá en contra del presidente Fidel Castro, cuando el 18 de noviembre de 2000 acudiera a esa casa de estudios para un encuentro con más de mil 500 estudiantes y catedráticos.

El fiscal y los abogados representantes de la parte acusadora, que son las organizaciones obreras, universitarias e indígenas que habían invitado a Castro al recinto universitario hace tres años, con motivo de su participación en este país de la 10 Cumbre Iberoamericana, sostuvieron hoy, durante la audiencia preliminar, que cuentan con evidencias y pruebas determinantes sobre la existencia de una conspiración para asesinar a Castro y sobre la participación de los detenidos como autores materiales e intelectuales del frustrado atentado.

Los defensores de Posada (que adoptó la nacionalidad salvadoreña) y los otros coacusados -los naturalizados estadunidenses Pedro Remón, Guillermo Novo Sampoll, César Matamoros Chacón y Gaspar Jiménez, este último prófugo de la justicia mexicana- aseguran que "nada vincula" a sus clientes con la existencia de una letal carga explosiva que fue encontrada en el auto rentado que utilizaban para movilizarse por la ciudad y que más bien son "víctimas" de una "diabólica conjura castrocomunista".

Cuando se inició el proceso, el gobierno cubano solicitó la extradición de cuatro presuntos conspiradores para enjuiciarlos en La Habana, ya que el delito planeado iba dirigido contra el jefe de Estado de ese país y en razón, también, de los numerosos antecedentes penales de cuatro de ellos, autores de varios homicidios, bombazos y sabotajes contra objetivos cubanos en las pasadas cuatro décadas.

A pesar de que La Habana se comprometió a no aplicarles la pena de muerte, requisito legal para hacer valer el tratado bilateral de extradición Cuba-Panamá, el gobierno de Mireya Moscoso decidió ejercer su jurisdicción en este caso. También el gobierno de Venezuela pidió la extradición de Posada Carriles, prófugo de una cárcel de ese país donde purgaba una condena por el atentado contra un avión de Cubana de Aviación que estalló en pleno vuelo en Barbados, en 1973, con saldo de 73 muertos. También fue negada esa extradición.

Batallas cotidianas entre pro y contrarrevolucionarios

La decisión sobre si procede o no el sumario penal se tomará este viernes en el tribunal marítimo de esta capital, en medio de la creciente tensión entre los grupos del movimiento popular, que cada día se manifiestan frente a la sede exigiendo "castigo a los terroristas de Bush", y un beligerante núcleo de cubanoestadunidenses que llegaron de Miami ex profeso para solidarizarse con sus paisanos procesados.

Esta tarde las autoridades locales tomaron "medidas de emergencia" para evitar roces entre los dos grupos. Por un lado, una treintena de cubanos residentes en Miami, hombres y mujeres mayores, vociferantes anticastristas de línea dura, como se describen, viajaron a Panamá para asistir a las audiencias y "apoyar moralmente a nuestros hermanos". Entre ellos están las esposas de los acusados, parientes y viejos dirigentes de la contra, como Osiel González, del ejecutivo de Alfa 5, y Reynaud Rodríguez. Acuden acompañados de la alcaldesa de Panamá, Mayín Correa, también furibunda anticomunista que hace gala de su aversión al jefe de Estado cubano.

Por otro lado, unos 300 panameños se concentran con banderas y altavoces para gritar consignas en favor de la revolución cubana y contra los anticastristas, Bush, el "imperialismo yanqui" y, desde luego, contra su alcaldesa y su presidenta, Mireya Moscoso. Cuando chocan los dos bandos sube el tono de los insultos mutuos, pero los incidentes no han pasado a mayores. Para evitarlo, el juez resolvió hoy dar por concluida la audiencia una hora antes de lo previsto. En cuestión de segundos, Carriles y los suyos fueron sacados en volandas por la parte trasera del juzgado y subidos a un par de camionetas que se mezclaron con el tránsito de la calle y desaparecieron antes de que llegara la manifestación.

El maletín

Un maletín enterrado al pie de una palma de coco, en la zona de Las Mañanitas (cerca de la capital panameña), con varios paquetes de explosivos plásticos tipo C-4 y todos los dispositivos necesarios para armar una potente bomba, puede ser la evidencia que permita condenar a los cuatro cubanos anticastristas presos aquí por un fallido intento de asesinato contra el presidente Fidel Castro, hace tres años.

Pero la estrategia de los abogados defensores de los presuntos terroristas que encabeza, a sus 76 años, Luis Posada Carriles, intentará demostrar que aunque la prueba material existe, no hay "evidencias vinculantes" que demuestren que cualquiera de los cuatro indiciados como presuntos responsables de tentativa de homicidio tuvieron "posesión" de los explosivos. Es decir, existe la pistola humeante pero no se puede determinar de quién es.

De ser así, se quejó hoy el fiscal, el peso de la ley tendría que caer sobre el chofer que contrataron, José Manuel Hurtado, que fue quien encontró el maletín en el auto, y su sobrino y un vecino, quienes lo ayudaron a esconderlo bajo tierra, a la sombra de una palmera. "La culpa la tendría el panameño negrito que no tiene antecedentes penales ni conocimiento de explosivos, mientras que los cinco viejos anticastristas, varios de ellos con antecedentes penales comprobados por sabotajes dinamiteros, quedarían libres de toda culpa: ¡por favor, señor juez!", exclamó el fiscal Sáez, quien de inmediato pidió el sobreseimiento de cargos para Francisco Arrocha (el sobrino) y Concepción Figueroa (el vecino).

Para el fiscal y los abogados de los querellantes, uno de los indicios inculpatorios es el peritaje de técnicos expertos en explosivos que después de analizar la carga y los dispositivos encontrados, determinaron que la bomba de 15 kilos de C-4 podría ser letal, con un potencial para causar daño en un radio de 100 metros y destruir un vehículo blindado y parcialmente un inmueble. Demostrarán también, durante el posible juicio, que el hecho de que dicho maletín hubiera estado dentro del vehículo rentado y usado por el propio Posada y sus socios es una evidencia vinculatoria.

En las indagatorias del expediente constan varias pruebas más. En el cuarto del hotel Coral Suites, que compartían Posada y Jiménez, fue encontrada una toalla con manchas. En el análisis químico forense se determinó que eran rastros de explosivos plásticos -pentatrita y RDX-, componentes del C-4, de uso militar. En el maletín con la bomba fueron encontrados cabellos, pero no se ha logrado determinar si hay coincidencia del ADN con alguno de los indiciados porque éstos se han negado a que se les practiquen pruebas genéticas.

Por último, se determinó que un día antes de su detención, cuatro de los detenidos -Posada, Novo, Jiménez y Remón- se reunieron en la finca El Jacu, en Paso Canoa, cerca de la frontera con Costa Rica, propiedad del cubano José Valladares, quien falleció en el transcurso de este proceso. En la cochera de esa finca fueron encontrados diversos materiales para la elaboración de bombas como la que fue encontrada en Las Mañanitas. El fiscal también hizo notar que la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica está cruzada por varias rutas sin control, usadas por el contrabando y el narcotráfico. Sostiene que también pudo haber sido una ruta idónea para la introducción de los explosivos.

Más detalles sobre esta trama se conocerán mañana, cuando el juez tenga que resolver si la célula de veteranos contrarrevolucionarios de la línea más dura deben comparecer ante la justicia o si, como lo pide la defensa, dicta su sobreseimiento.