Kevin Danaher y Jason Mark*

La OMC socava la democracia

Las actuales propuestas de Estados Unidos, Europa y los dirigentes de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de un nuevo régimen comercial internacional equivaldrían en realidad a escribir una constitución global que significaría nada menos que un golpe de Estado corporativo, el cual subvertiría la democracia y subordinaría la capacidad de comunidades en todo el mundo para decidir su futuro.

La principal razón por la que tantos millones en el orbe se oponen a la OMC es porque la mayoría de la gente piensa que si hemos de tener comercio global debe ser abierto, transparente y democrático. La mitología central de la organización es que al fijar reglas que crean protecciones globales para el comercio y la inversión internacionales de las corporaciones, la ma-yor parte del planeta se beneficiará. Puede que esto parezca lógico, pero Ƒquién controla la mayor parte del comercio y la inversión internacionales?

La gran mayoría del comercio y la inversión internacionales está dominada por grandes corporaciones que no están arraigadas en un lugar ni comprometidas con una comunidad en particular. Al colocar el poder de las trasnacionales por encima de los gobiernos nacionales y las comunidades locales estas nuevas reglas los subordinarán de hecho a la voluntad de esas corporaciones.

En cambio la mayoría de las personas, las pequeñas empresas y los trabajadores están arraigados a lugares: se identifican con una comunidad particular y no pueden vagar por el mundo buscando oportunidades de obtener ganancias. Las reglas económicas globales, que ayudan a que las corporaciones trasnacionales se vuelvan más grandes y poderosas, destruyen al sector de las pequeñas empresas, el cual crea la mayor parte de nuestros empleos.

En Estados Unidos, las corporaciones trasnacionales se han apoderado de buena parte del gobierno nacional. Por ejemplo, si bien existe un debate sustancial sobre los subsidios por 20 mil millones de dólares que el gobierno paga a granjeros estadunidenses, rara vez se informa que la gran mayoría de los subsidios agrícolas se destinan al 10 por ciento más rico del sector agrícola, formado abrumadoramente por las grandes operaciones agroempresariales de las corporaciones. La mayoría de los granjeros estadunidenses no se benefician de estas subvenciones y tampoco obtendrán ventaja alguna de las reglas mundiales de comercio establecidas por la OMC.

Veamos tan sólo la forma en que los campesinos mexicanos han sido aplastados por las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las cuales permiten que el maíz estadunidense -subsidiado por más dinero del gobierno que todo el presupuesto agrícola mexicano- inunde México a un precio artificialmente bajo y expulse de sus tierras a los campesinos de este país. Los precios mexicanos del maíz han caído más de 70 por ciento desde que entró en vigor el TLCAN, que ha devastado el ingreso de 15 millones de mexicanos que viven del cultivo de ese grano.

Aquí en Estados Unidos, entendemos que no se trata sólo de un debate intelectual, sino de un asunto de vida o muerte. Muchos maiceros mexicanos han acabado perdiendo la vida al tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos después de perder su tierra debido al descenso en los precios del maíz. Así pues, mientras las corporaciones agroempresariales estadunidenses lucran con estas políticas, la mayoría de los campesinos mexicanos y de los granjeros estadunidenses ven cómo se arruina su vida.

No sólo es la OMC antidemocrática en términos del impacto de sus políticas: también es antidemocrático el proceso mediante el cual estatuye sus normas. Los únicos que se sientan a la mesa donde se confeccionan las reglas son personas muy ricas, que sobre todo representan a los gobiernos de los países ricos y a las grandes corporaciones. La mayoría de los funcionarios gubernamentales proceden de esos consorcios y de los bufetes jurídicos que trabajan para ellos. Por ejemplo, Robert Zoellick, el representante especial de comercio de Estados Unidos, fue consultor de Enron, una de las corporaciones más corruptas en la historia del país.

Como ha señalado muchas veces la coalición global de ONG que se opone a la OMC, a menos que el proceso de toma de decisiones de ese organismo se abra y se democratice, jamás ganará apoyo popular como institución legítima.

* El doctor Kevin Danaher y Jason Mark trabajan en la organización internacional de derechos humanos Global Exchange (www.globalexchange.org). Son coautores de Insurrection: Citizen Challenges to Corporate Power (Insurrección: desafíos ciudadanos al poder corporativo).

Traducción: Jorge Anaya