PEMEXGATE

Diputados priístas reprochan a Gordillo haber ''confiado'' en Francisco Barrio

El posible desafuero de Ricardo Aldana resquebraja el reparto de comisiones

Quedó en el aire el apoyo del partido tricolor a las reformas energética y hacendaria

ROBERTO GARDUÑO Y MIREYA CUELLAR

La convocatoria del presidente de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro, para erigir al pleno legislativo en jurado de procedencia, con objeto de votar el desafuero del tesorero del sindicato petrolero, Ricardo Aldana Prieto, resquebrajó la relación política entre el PRI y el PAN, partidos que ya habían establecido principios de negociación en el reparto de las presidencias de las 42 comisiones, y provocó un sinnúmero de críticas a Elba Esther Gordillo, porque desde la bancada priísta le reprocharon haber ''confiado'' en un aliado como el panista Francisco Barrio.

Hasta ayer, tricolor y blanquiazul habían amarrado una negociación bilateral, sin tomar en cuenta al resto de las fuerzas políticas, sobre el control de por lo menos las comisiones más importantes en San Lázaro. El plato principal, donde se incluyen las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Vigilancia, Educación, Desarrollo Social, Gobernación y Puntos Constitucionales, ya estaba dividido entre ambas fuerzas políticas.

No obstante, el tema del desafuero del senador Aldana desbarató le negociación porque, ofendidos, los priístas iniciaron una labor de presión política que puso de por medio el retiro del apoyo panista a la decisión del presidente de la mesa directiva, Juan de Dios Castro, quien convocó al pleno a constituirse en jurado de procedencia el miércoles 17 de septiembre, a cambio de impulsar las reformas energética y hacendaria.

La reacción del grupo parlamentario panista corrió a cargo de su vocero Germán Martínez, quien argumentó frente al enojo de la fracción del PRI: ''Nosotros estamos a favor de la aplicación de la ley; esto no es una vendetta política ni nada que se le parezca; respaldamos al presidente de la Cámara, porque tiene atribuciones legales para emitir la convocatoria, y en eso es preciso señalar que el derecho no se negocia''.

Sin embargo, entre los legisladores del blanquiazul, la posibilidad de acuerdos para aprobar en un futuro las llamadas reformas estructurales, ''pende de un hilo, porque en este momento la búsqueda de acuerdos se encuentra en un estado crítico''.

Los priístas comenzaron a manifestar entre sus correligionarios que la demanda del PAN por mantener la presidencia en las comisiones de más peso económico y político era insostenible, si se atiende el principio de proporcionalidad en la conformación de la actual Cámara de Diputados y, por lo tanto, si los panistas habían perdido curules a raíz de las pasadas elecciones del 6 de julio, también deberían perder posiciones en San Lázaro.

Ante el escenario, en el que el PRI se separó momentáneamente de la fracción del PAN por sus desavenencias políticas en el caso del desafuero de Aldana, Elba Esther Godillo ordenó a su grupo de cabilderos, entre los que sobresale Roberto Campa Cifrián, que se pusiera en contacto con el coordinador perredista, Pablo Gómez, para negociar el reparto de las presidencias de las comisiones.

De tal forma, la propuesta inicial del sol azteca, presentada por Gómez para dividirse las comisiones por bloque, podría darle la salida a la crisis en San Lázaro. Los perredistas exigen, con fundamento en el criterio de proporcionalidad al que los priístas se han sujetado en las últimas tres semanas, que se elabore un listado de comisiones en bloques de tres y éstas se repartan entre PRI, PAN y PRD.

De ser así, en el caso del bloque económico, las de Hacienda, Presupuesto y Vigilancia se incluirían en esa negociación, lo mismo que la de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. El quebrantamiento de la relación entre el PRI y el PAN podría retrasar la negociación entre todas las fuerzas políticas, cuyo resultado, mediante un acuerdo, se daría a conocer el lunes próximo en la Junta de Coordinación Política, para un día después someterlo al pleno y de esa forma comenzar a trabajar con la materia legislativa.

La ira del PRI no evitó la decisión de Castro Lozano

El 17 decidirá la Cámara si Aldana es desaforado

La medida fue apoyada por legisladores panistas y perredistas

MIREYA CUELLAR Y ROBERTO GARDUÑO

En una convocatoria que no se daba hace 20 años en el Congreso, y que le valió ayer al panista Juan de Dios Castro ser acusado de recurrir a una "chicana de leguleyo", el presidente de la Cámara de Diputados "anunció" a los legisladores que el miércoles 17 de septiembre "deben erigirse en jurado de procedencia para que en sesión secreta" decidan acerca del desafuero del senador priísta Ricardo Aldana Prieto, tesorero del sindicato de Pemex, acusado de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades y peculado electoral, a raíz del Pemexgate.

El sorpresivo anuncio -sólo lo sabían las cúpulas de PRI, PAN y PRD- hizo que más de un diputado brincara en su curul y el priísta Miguel Angel Yunes subiera a tribuna. Castro intentó dejar la presidencia en manos del primer vicepresidente, pero Yunes se opuso: ''šNo, señor presidente, se queda usted!", y no sólo le advirtió al jurista que su decisión tendría "efectos" en la "la armonía y búsqueda de acuerdos", sino que, en lo que pareció una alusión a recientes acuerdos PRI-PAN, le dijo que "le confiamos nuestro voto" (para que fuera presidente) porque "se había comprometido a actuar con sentido institucional".

El priísta explicó que el dictamen de la Sección Instructora que Castro estaba asumiendo era en realidad un proyecto, "no un dictamen". Dijo que según el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los dictámenes que se hayan quedado de la pasada legislatura (como, según el argumento priísta sería el caso) deben regresarse a comisiones en calidad de proyectos de dictamen para que los nuevos diputados los vuelvan a revisar y decidan si los presentan al pleno para su aprobación.

Ante ello, esta legislatura tendría que formar su nueva Sección Instructora y someter el dictamen a otra revisión en calidad de proyecto. "Estamos en el supuesto legal del artículo 94 que usted pretende violar, al no devolver el expediente a la comisión cuando ésta se constituya, dándole trámite hoy", alegó Yunes, quien en todo momento se metió a título personal con el panista, pidiéndole que, "como jurista y parlamentario y como hombre de honor", no violentara la Constitución y las leyes del país. De paso replicó -para los mal pensados- ''no venimos a reclamar impunidad, venimos a defender el estado de derecho''.

A Germán Martínez, del PAN, correspondió apoyar la decisión del presidente de la Cámara, porque "le asiste la razón jurídica y moral", señaló, cosechando una rechifla del PRI. También dijo que su partido no acusa ni defiende a Aldana. "No nos mueve el rencor ni la venganza, sino la razón de la ley".

Pablo Gómez se sumó al debate jurídico, a favor de la decisión de Castro. Explicó que el PRI estaba haciendo una interpretación errónea del último párrafo del artículo 94, porque denominar "proyectos" a los dictámenes no implica que deban ser revisados nuevamente por las comisiones. Sólo el pleno puede regresar un proyecto a comisiones, el presidente de la Cámara, no.

Yunes recordó que la anterior legislatura no estaba interpretando el artículo 94 del Reglamento, como lo estaba haciendo el PRI, porque entonces Armando Salinas Torre, el anterior presidente, y los tres vicepresidentes que firmaron un acuerdo (publicado en la gaceta) detallando la relación de los dictámenes que estaban heredando, no incluyó el de la Sección Instructora para que se le diera el mismo trámite. Y es que Armando Salinas entregó este último dictamen aparte, bajo la premisa de que es distinto porque no emana de una comisión legislativa cualquiera, sino de un órgano legislativo que actúa como Ministerio Público.

El PRI insistió en que es un dictamen más, independientemente que Salinas Torre lo entregara a la Secretaría General de la Cámara unas horas antes del primero de septiembre, para que se le hiciera llegar directamente al próximo presidente en San Lázaro. Un ex panista, Jesús Gonzalez Schmal, tomó la palabra para defender la actitud de Salinas Torre, al señalar que el dictamen de la Sección Instructora es "una resolución jurisdiccional", no un dictamen más.

La confusión parecía de tal magnitud que, sin dejar de argumentar que la Instructora es parte de la Comisión Jurisdiccional, está contemplada en la ley orgánica del Congreso como una comisión ordinaria y en consecuencia sus resoluciones, así como las de sus secciones, deben someterse al mismo procedimiento de todos los dictámenes, el PRI propuso una tregua: "Que de ninguna manera sea convocado el Jurado de Procedencia hasta que se acuerde una interpretación adecuada de esta norma'', dijo en tribuna Héctor Gutiérrez de la Garza.

Vista como una trampa, los panistas no aceptaron; Juan de Dios Castro no se desistió. Los panistas no volvieron a la tribuna -el PVEM subió para apoyar incondicionalmente al PRI, su nuevo aliado-, y el presidente de la Cámara, ante la insistencia de los priístas defendió su postura. Hizo referencia al artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala que una vez que el dictamen para la declaración de procedencia ( desafuero) está listo (como ya lo dejó la anterior legislatura), "el presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante o al Ministerio Público, en su caso".

La decisión de los panistas de sentar en el banquillo del desafuero al senador Aldana tomó por sorpresa a la bancada priísta, que la noche del miércoles se fue a dormir confiando en que la necesidad de acuerdos del presidente Fox los tenía a salvo. Sin embargo, unos minutos después de las 11 de la mañana de ayer, Elba Esther y su burbuja fueron avisados de que Juan de Dios Castro haría la convocatoria. La lideresa priísta abandonó taconeando, seguida de los diputados Miguel Angel Yunes y Tomas Ruiz, el salón de sesiones. Emilio Chuayffet y Enrique Burgos fueron convocados a la oficina de la coordinadora y un muy nervioso Yunes empezó a redactar la postura del tricolor.

En una conferencia de prensa posterior, Gordillo pidió a los medios informar a la sociedad ''que no es la fracción priísta la que obstaculiza la posibilidad de acuerdos, sino que es el propio partido en el gobierno el que con estas actitudes no nos permite llegar a lo que tenemos voluntad''. También dijo que su partido buscará construir con otras fuerzas la nueva mayoría que le dé gobernabilidad al país, porque ''desde el Legislativo también se gobierna''.

El anuncio de Juan de Dios Castro aparecerá hoy en la Gaceta Parlamentaria, y en cumplimiento de la norma (todo el procedimiento está regulado en la Ley de Responsabilidades) y en la sesión convocada para el 17 de septiembre, la secretaría de la Cámara tendrá que leer el dictamen de la Sección Instructora; hará uso de la palabra el acusado o su defensa (es opcional); hablará la parte acusadora (en este caso la PGR, a través del MP), y el acusado podrá replicar. Una vez que esta parte del procedimiento se agote, se retirarán el acusado y los acusadores y el pleno de la Cámara vota si procede o no el desafuero".

Hay que recordar que en realidad son dos dictámenes los que elaboró la Sección Instructora: uno en el que se acusa a Aldana por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, y el otro por peculado electoral. Al votar el desafuero, si ese fuera el caso, la Cámara no juzga si Aldana es culpable o no de los delitos que se le imputan, simplemente le retira su calidad de Senador de la República y por lo tanto la inmunidad. Así, el MP está en posibilidades de acusarlo ante un juez y éste podrá entonces librar una orden de aprehensión o declarar que no tiene elementos de prueba para consignarlo.

El último legislador que pasó por esta situación fue Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, a quien sus compañeros del PRI, por indicaciones del entonces presidente Miguel de la Madrid, le instruyeron juicio de procedencia el 12 de julio de 1983. Díaz Serrano fue desaforado en un proceso que se inició el 29 de julio y concluyó al día siguiente. En la explanada de la Cámara de Diputados ya lo esperaban entonces dos policías.