Nos envía el procurador Macedo, aseguraron sin identificarse, en las instalaciones de La Jornada

Agentes de la PGR trataron de interrogar al reportero Castillo

Pretendían que les revelara fuentes de información sobre la identidad de un presunto sobrino de El Mayo Zambada Nuevo episodio de acoso policiaco a comunicadores de este diario

ENRIQUE MENDEZ

Enviados de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se presentaron ayer en las instalaciones de La Jornada para interrogar al reportero Gustavo Castillo García, lo que se tradujo en un nuevo episodio de acoso a reporteros de esta casa editorial.

Los agentes pretendían que Castillo revelara qué fuentes le proporcionaron informes sobre la identidad de Luis Antonio Félix, presunto sobrino de Ismael El Mayo Zambada, que fue detenido en junio pasado durante un operativo en Culiacán, en el que además se hizo un importante decomiso de cocaína.

Los elementos de la AFI, quienes se negaron a presentar una identificación que los acreditara como integrantes de esa agencia, llegaron a esta casa editorial a las 15:30 y pidieron hablar con Castillo, para que ''de manera económica'', pues no traían un citatorio, les dijera ''quién le dio la información''. Por la mañana, los agentes habían llamado por teléfono para saber la hora en la que el reportero suele estar en la redacción.

En curso, seis quejas

El hecho ocurre mientras siguen en curso las quejas que seis reporteros de La Jornada -Enrique Méndez, Roberto Garduño, Ciro Pérez Silva, Andrea Becerril, Rubén Villalpando y el propio Castillo- presentaron en noviembre pasado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el procurador Rafael Macedo de la Concha; el visitador general de la Procuraduría General de la República (PGR), Angel Buendía Buendía, y el ex fiscal especial de la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, por el citatorio que se les giró para revelar sus fuentes en el Pemexgate.

En las quejas se solicitó la intervención de la CNDH para que terminaran las presiones de la PGR, que bajo el argumento de desahogar investigaciones internas citó como testigos a reporteros de este diario, ''en diligencias que se tradujeron en intentos de coartar las libertades de expresión, de opinión y derecho al trabajo''.

Después de presentado el recurso, la CNDH consideró que ''hay probables conductas violatorias de las garantías individuales'' de los reporteros citados, y el ombudsman José Luis Soberanes declaró que eran sujetos de una ''persecución sutil'' por parte de la procuraduría.

Frente al rechazo de amplios sectores, el Partido Acción Nacional (PAN) respaldó el abuso contra los informadores de La Jornada y cuestionó la naturaleza crítica de la prensa. En contraparte, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) calificaron ese episodio de ''un capítulo más en la historia del autoritarismo''.

Además de esos citatorios, el 3 de octubre del año pasado dos elementos de la AFI se presentaron en este diario para obtener declaraciones, ''a manera de apoyo para una investigación''. Ayer el objetivo fue el mismo: que se les revelaran las fuentes informativas de notas publicadas.

De los dos enviados de esa misma agencia que buscaron la tarde de ayer jueves a Gustavo Castillo, sólo uno, vestido de traje oscuro, aceptó proporcionar su nombre: Edson Martínez; su acompañante, quien ante la cámara de La Jornada ocultó su rostro con las copias de la nota y de la averiguación previa, se reservó su identidad. Señalaron que por órdenes expresas de su ''jefe'' se presentaban en el edificio del diario.

-¿Quién es su jefe?

-El procurador (Rafael) Macedo de la Concha -dijo Martínez.

La nota, que se publicó el 19 de junio en la página 49, hace referencia a una contradicción entre los reportes que la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Procuraduría General de la República dieron sobre un decomiso de cocaína en Culiacán, el 12 de junio pasado, y de la detención de tres presuntos narcotraficantes, uno de ellos al parecer sobrino de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Juárez.

Mientras que la PFP dijo que se incautó una remesa de cocaína que, por su pureza, habría significado la puesta en circulación de por lo menos 30 kilogramos de la droga, la PGR informó que se decomisaron 46 kilogramos.

La información que en esa fecha publicó este diario concluía: ''Asimismo, la dependencia que dirige Rafael Macedo de la Concha no informa de la captura de tres personas, entre ellas Luis Antonio Félix, quien según fuentes oficiales declaró ante el Ministerio Público Federal ser sobrino de El Mayo Zambada, ni del paradero de sus acompañantes, Daniel Rojo Gastélum y Javier Cuevas Martínez, a quienes supuestamente la PFP detuvo cuando realizaban la compraventa de cocaína".

Los dos enviados de la AFI pretendían que Castillo también les aclarara ''por qué sacó la nota'', e inclusive el que se identificó como Edson Martínez aventuró un objetivo sensacionalista de la empresa: ''A lo mejor para vender más periódico''.

Ambos indicaron que se había iniciado una investigación para determinar si Luis Antonio Félix tiene algún parentesco con el presunto narcotraficante. ''Ya lo interrogamos, pero él lo negó. Entonces, necesitamos saber quién lo dijo para nosotros sustentarlo también'', señalaron los policías.

Martínez reveló que en la AFI hay una sección de ''análisis táctico'' que se dedica a clasificar información, y que desde esa oficina partió la primera orden para que se buscara a Castillo.

Ayer llegaron a La Jornada a pedir que ''de manera económica'' se les revelaran las fuentes informativas. ''Queremos que nos platique de dónde sacó la información'', dijo el agente que se cubría la cara con los papeles. Antes de retirarse pidieron el número telefónico del reportero. Ya para marcharse el agente que permaneció en el anonimato ofreció: ''Si usted nos da su número, nosotros le damos el de la oficina''.