Cual cura de pueblo que interrumpe a media función un filme donde se besan los protagonistas por considerarlo inmoral, el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, escandalizado por una campaña preventiva de promoción del uso del condón entre hombres, impulsada por el Programa de VIH/sida de Guerrero, presiona al gobierno de esa entidad para que la suspenda.

El incidente no pasaría de una anécdota folclórica si el gobierno de Guerrero no hubiera accedido a los apremios moralistas del prelado. Y de ello, Aguirre Franco se jacta ante la prensa: "me consta que no volverá a salir".

Este hecho resulta grave no sólo porque da al traste con un loable esfuerzo de colaboración entre las autoridades del Programa de VIH/sida guerrerense y las organizaciones civiles, alcanzado no sin dificultades y luego de años de labor de convencimiento, sino porque estamos ante la renuncia implícita del gobierno de Guerrero a asumir sus responsabilidades ante un problema de salud pública de la gravedad de la epidemia del VIH/sida. Con ello, el gobierno de Guerrero está vulnerando los derechos de la población a la información y a la protección de la salud garantizados en la Constitución de la República. Y lo más grave aún es permitir que la intromisión de los jerarcas católicos en las políticas de salud de esa entidad, atropelle el principio constitucional de laicidad del Estado mexicano.

Ante la emergencia sanitaria en la que nos ha colocado la epidemia del sida, resulta inconcebible ceder a los delirios parroquiales de un cura alucinado (quien sostiene que el condón y el sexo seguro "han acelerado la exploción demográfica"), en detrimento de la salud de la población. De la respuesta y movilización de las organizaciones de la sociedad civil depende que este atropello a la ley y al estado de derecho se concrete.