México rechaza ese requisito porque viola directrices internacionales: Uribe Zúñiga

"Prueba sobre sida a campesinos migrantes, exigencia de Canadá"

La inconformidad podría ser analizada durante la Asamblea General de Naciones Unidas

ANGELES CRUZ

El requisito de someterse a la prueba de detección de VIH/sida para ingresar a Canadá es una exigencia del gobierno de aquel país, que se aplica a todos los extranjeros que pretendan estudiar, vivir o laborar allá, incluidos los trabajadores agrícolas. México desaprueba esa medida porque viola las directrices internacionales en la materia, afirmó Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional para el Control y Prevención del VIH/sida (Censida).

Aseguró que ni esta dependencia ni la Secretaría de Salud (Ssa) violan la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la prevención y control de la enfermedad, además de que hasta ahora los trabajadores agrícolas interesados en viajar a Canadá han tenido que cumplir con el requisito en los servicios de salud del Distrito Federal.

El ámbito federal, puntualizó, ha estado fuera de todo, y no ha sido sino recientemente que el área de Relaciones Internacionales de la Ssa solicitó a Censida su apoyo para que los programas estatales de ese centro también pudieran practicar el examen clínico a los trabajadores agrícolas. Lo anterior se dispuso con el fin de evitar el traslado y los gastos económicos que genera a los migrantes el viaje a la ciudad de México.

A dos semanas de dejar la dirección del Censida, para encabezar el nuevo Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la funcionaria rechazó que se haya pedido a los servicios de salud estatales que los resultados de los análisis se entreguen a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), porque eso sí está fuera de la normatividad vigente en el país.

En entrevista, Uribe Zúñiga resaltó que el Censida no ha tenido ninguna intervención en el acuerdo binacional México-Canadá en el que -según se indica- los trabajadores agrícolas ingresan al país del norte en condiciones de mayor seguridad para su integridad y bienestar.

Sin embargo, planteó la posibilidad de crear una comisión que dé seguimiento a los casos de las personas que resulten ser portadoras del VIH/sida. El objetivo sería "no dejarlos solos" y darles la atención médica integral que requieren, así como los medicamentos para controlar la enfermedad.

Luego de esto se vería cuál es la actitud que asume el gobierno canadiense ante los seropositivos. Uribe comentó que a la inquietud expresada por México sobre la obligatoriedad de que los migrantes se realicen la prueba de detección, la respuesta verbal ha sido que a los portadores del virus no se les limita el acceso al trabajo agrícola temporal.

Según esta versión, a los canadienses les interesa que los infectados reciban la consejería y la capacitación sobre lo que es el virus de inmunodeficiencia humana, las formas de transmisión y las maneras de evitarlo. Esto forma parte de una política de salud pública, seguridad nacional e inclusive una garantía para los enfermos de que recibirán el tratamiento adecuado.

El acuerdo binacional México-Canadá relacionado con los trabajadores agrícolas existe desde 1974. La más reciente actualización fue en 1995, y desde entonces quedó establecido como parte de los requisitos para acceder al programa, la realización de un examen médico general. Sin embargo, a partir de enero de 2003 el gobierno canadiense incorporó la prueba de detección de VIH/sida como parte de la nueva política exterior gubernamental que se aplica a los extranjeros procedentes de cualquier lugar del mundo.

Patricia Uribe comentó que hasta ahora ninguno de los programas estatales de sida del país ha recibido petición alguna de trabajadores agrícolas, aunque están certificados para poder aplicar los exámenes algunos hospitales de San Luis Potosí y el estado de México, además de los servicios de salud del Distrito Federal.

Mencionó que este tema ya está en la agenda internacional y seguramente se abordará en las próximas reuniones de la Organización Panamericana de la Salud o de la misma Asamblea General de Naciones Unidas. La exigencia del análisis clínico es un asunto que también rechazan el resto de los países, apuntó.