* Estudiaban en la misma escuela de computación
Desaparecen otras cuatro jóvenes en Ciudad Juárez

RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL
Ciudad Juárez, Chih. , 13 de ene. La fiscalía especial que investiga homicidios de mujeres en Ciudad Juárez indaga el caso de cuatro adolescentes reportadas como desaparecidas durante los primeros 13 días del año, reporta la titular de esa dependencia de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte, Angela Talavera Lozoya.
Personal de la fiscalía trabaja en el caso de Esmeralda Juárez Alarcón, de 16 años de edad, reportada como desaparecida el pasado 8 de enero, cuando salió de su trabajo en un puesto del mercado Carranza de la zona centro de la ciudad, dijo Talavera Lozoya.
La investigadora policiaca precisó que Esmeralda Juárez Alarcón estudiaba en la escuela de computación Ecco, e indicó que investigan esta desaparición con alarma porque "se han presentado varios casos en que las adolescentes desapa-recidas acudían al citado platel, ubicado en la zona centro de Ciudad Juárez y Chihuahua capital.
Los casos de adolescentes desaparecidas y posteriormente encontradas muertas y con señas de haber sido atacadas sexualmente y que están relacionadas con la escuela de computación que presuntamente está bajo investigación desde hace un año, son: Paloma Angélica Escobar Ledezma en el plantel de la ciudad de Chihuahua, así como María de los Angeles Acosta y Liliana Holguín de los Santos en Ciudad Juárez, además de Esmeralda.
Sobre este caso, ayer en la tarde se presentaron a declarar un maestro y el director de la escuela Ecco, Octavio de la Torre, quien el sábado pasado señaló ante los medios de comunicación que Esmeralda Juárez Alarcón no aparecía en los registros del plantel, actitud que se le hizo sospechosa a los investigadores.
Talavera Lozoya informó que un maestro y el director aportaron algunos datos, además que se comprometieron a entregar para hoy lunes fotografías del expediente de la joven e información sobre el novio y maestros que le daban clase. La familia de la joven desaparecida también es investigada para establecer si existe alguna causa o pleito entre ellos para que Esmeralda abandone su casa, aunque las primeras evidencias establecen que no es una joven conflictiva.
La fiscal dijo que el maestro así como el director del platel calificaron a Esmeralda como una adolescente sociable, a la que solamente conocieron un novio.

* Es un caso de eliminación sistemática, afirma académica
Genocidio, los asesinatos de mujeres en Juárez: encuentro en el IIJ-UNAM
KARINA AVILES
Los pocos resultados ofrecidos por las autoridades en torno de los más de 300 asesinatos y más de 250 desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez sugieren que el poder económico relacionado con el crimen organizado "es el verdadero ocultador de este genocidio que ha continuado en el estado de Chihuahua", expresó René Jiménez Ornelas, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
En un debate sobre las muertas de Ciudad Juárez, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), académicos de diversos centros de educación del país destacaron la ineptitud de las autoridades para dar solución a esta problemática, que calificaron de "guerra de alta intensidad", "exterminio" y "genocidio" en contra de un grupo de mujeres trabajadoras, jóvenes y de origen humilde.
Durante su participación, Jiménez Ornelas manifestó que en estos hechos las autoridades se han mantenido al margen y hay un marco de "comodidad política" al respecto.
"Su investigación puede llevar un costo y debe haber alguien que no quiere pagar ese costo, pues el crimen organizado, cohabitante con el poder económico, se confunden y benefician mutuamente. De ahí que la acción política sea la arena de la contienda pactada.
"¿Por qué se han semidescubierto algunos crímenes, prefabricado culpables, al menos así parece, y al final poco sabemos? ¿No será que el poder económico relacionado y estructurado con el poder del crimen organizado que se extiende a lo largo y ancho del país, y que ha determinado históricamente al poder político en Ciudad Juárez, es el verdadero ocultador de un crimen que desafortunadamente aún continúa?"
Antes precisó algunas cifras derivadas de una encuesta sobre violencia de 2001, y apuntó que mientras en Ciudad Juárez se cometieron en aquel año 66 homicidios por cada 100 mil habitantes, a escala estatal la cifra llegó a 25, y a escala nacional a 12 casos por cada 100 mil habitantes.
Por otra parte, expresó que la mayor parte de los crímenes se han presentado bajo un modelo con características similares. Las mujeres asesinadas son morenas, delgadas, de cabello largo, negro, y son trabajadoras de la industria maquiladora. Entre ellas también había estudiantes, secretarias, mecanógrafas, de origen humilde.
En su turno, la historiadora Patricia Galeana destacó que este caso representa el mayor número de asesinatos de trabajadoras de que se tenga noticia no sólo en México sino en el mundo. "Se trata de un caso de genocidio o de exterminio, ya que su significado es el de una eliminación sistemática de un grupo social".
También expresó que las autoridades no pueden pregonar la paz cuando no son capaces de defender los derechos humanos de la población, y ni siquiera de garantizar su integridad física.
Por otro lado, recalcó que el gobierno federal no tiene justificación para argumentar que no puede intervenir en este caso al tratarse de una competencia estatal, y añadió que en el municipio de Ciudad Juárez ha sido un común denominador la ruptura del estado de derecho.
Por su lado, el médico Mario Zumaya, especialista en siquiatría, señaló que estos crímenes son de odio y se dirigen contra un sector específico de la población, por lo que éste representa y significa. Además, los asesinos se han burlado de las leyes de la sociedad, que tibia o livianamente las enarbola.
Hay muchas preguntas y pocas respuestas. En esta "guerra de alta intensidad es claro que se sigue culpando a las mujeres de ser asesinadas, y aunque no hay asesinos condenados, sí hay autoridades condenables".

NARCOSATANICOS, DETRAS DE MUERTAS DE JUAREZ: DIPUTADO
Los asesinatos de cerca de 300 mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, más que un problema de seguridad pública en esa región se debe a la presencia de bandas de traficantes de órganos y grupos de narcosatánicos, afirmó el legislador federal del PAN David Rodríguez Torres. En conferencia de prensa en San Lázaro, denunció que la impunidad y el vacío de poder imperan en esa ciudad fronteriza.
NOTIMEX

* Piden ONG ayuda a AI para que los liberen, en Juárez
Denuncian tortura a 2 sujetos acusados de asesinar mujeres
* Se les responsabiliza de la muerte de ocho jóvenes
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
Organismos defensores de derechos humanos iniciaron ayer una campaña a favor de la liberación de Víctor García Uribe y Gustavo González Meza, acusados por el homicidio de ocho mujeres en Ciudad Juárez, pero que presuntamente rindieron su declaración bajo tortura.
Al hacer la presentación de la campaña, Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró positivo el anuncio del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, de que abrirá una queja de oficio sobre las mujeres asesinadas en Juárez, pero consideró que no tiene caso abrir un expediente y luego no darle seguimiento, como ha ocurrido en otras ocasiones.
La abogada se quejó de que la CMDPDH no ha sido recibida por Soberanes para tratar el tema de las mujeres asesinadas en Juárez, no obstante que esta agrupación le ha solicitado audiencia en reiteradas ocasiones.
En conferencia de prensa recordó que el 7 de agosto del año pasado el Comité para la Eliminación de las Formas de Discriminación a la Mujer emitió un recomendación al gobierno mexicano sobre los asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua, que ya suman aproximadamente 300.
Como parte de la campaña, las ONG presentaron ante Amnistía Internacional la solicitud de que se reconozca a García Uribe y Gustavo González como inocentes, por la tortura recibida y las irregularidades en el proceso, y se continúa con la presentación de los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta dictó ya medidas cautelares para Sergio Dante Almaraz, abogado que lleva el caso, y para Miriam García y Blanca Guadalupe López Avalos, esposas de los acusados, por considerar que su vida e integridad personal se encuentran amenazadas.
García Uribe y González Meza fueron detenidos el 9 de noviembre de 2001, desaparecidos por dos días y torturados por un grupo de agentes policiacos encapuchados. El 11 de ese mes fueron presentados por la Procuraduría estatal como responsables de los homicidios de las mujeres que recientemente habían sido localizadas. Como prueba se presentó una confesión firmada y un video "evidentemente manipulado".
Almaraz señaló que los acusados declararon haber sido torturados durante el interrogatorio, pero el juez omitió dar fe de ello. Posteriormente, el abogado Mario César Escobedo obtuvo fotografías que evidenciaban la tortura, pero fue asesinado el 5 de febrero de 2002 por agentes judiciales.
Expuso que durante las investigaciones se presentaron una serie de irregularidades, como la presentación fuera de tiempo de las pruebas de ADN de las mujeres asesinadas. Finalmente las pruebas de los cuerpos no coincidieron con los nombres que se consignaron en la confesión de los acusados.
Almaraz consideró que el gobierno del estado debería explorar otras líneas de investigación, como el tráfico de órganos, y que también están comenzando a desaparecer hombres jóvenes.
Carmona señaló que la comisión y la Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) están denunciando que en Chihuahua hubo encubrimiento de la práctica de la tortura no sólo del gobierno sino del Poder Judicial.
Por eso consideró que la liberación y un reconocimiento del uso de la tortura ayudarían a que las organizaciones civiles confíen en las investigaciones que realiza el gobierno de Chihuahua. "No podemos seguir confiando en un juicio o una investigación que están sustentados en la tortura", advirtió.