En riesgo, las garantías individuales

Nora Patricia Jara - Superpolicías, fallidos émulos de Robocop que huyen ante las cámaras de televisión al enfrentar a una turba de ambulantes, y hasta el homicidio de la familia Narezo Loyola en la delegación Tlalpan ­que al parecer puede tener relación con narcojuniors vinculados con agentes judiciales­, son hechos que, aunque aislados, involucran a elementos policiales poco eficaces y ­tal vez­ coludidos con las mafias de la criminalidad organizada. En los dos niveles de gobierno ­local y federal­, el combate a la inseguridad parece perder terreno en lo jurídico; si bien en el ámbito nacional se avanza en la promoción de leyes que hagan punibles delitos como la explotación sexual contra menores, en otras áreas, como las libertades civiles, también retrocedemos de forma alarmante.
Las denuncias de espionaje telefónico son nuevamente una práctica común; otro ejemplo pueden ser los citatorios de agentes del Ministerio Público contra periodistas para que revelen sus fuentes, como los requerimientos hechos a reporteros de La Jornada, quienes al parecer han documentado información que ambiciona la autoridad, la cual, ante la carencia de un trabajo profesional de investigación, falta claramente al artículo sexto constitucional, que señala que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. A ello habrá que sumar el cumplimiento parcial de las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos, el hostigamiento a representantes de estas instancias ­como sucede en Jalisco, Querétaro y Chiapas­, las descalificaciones de nuestros diputados locales cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal rechaza la aplicación de programas como Mochila segura y los misteriosos exámenes antidrogas en secundarias públicas.
También ante la posible operación de policías encubiertos, para lo cual la Secretaría de Seguridad Pública demanda autorización para que patrullen las calles agentes vestidos de civil, con el fin de aminorar algunos indicadores como el asalto o robo a transeúnte, o hasta poder identificar el comportamiento antisocial de algunos grupos, como grafiteros y bandas de criminales.
En Madrid el uso de policías encubiertos en las zonas turísticas contribuyó a reducir las estadísticas delincuenciales. Estos agentes actúan como observadores apostados estratégicamente en zonas de gran afluencia peatonal y comercial y al momento de detectar algún hecho o acción sospechosa piden la colaboración de la autoridad correspondiente para enfrentar el conflicto o hacer arrestos en caso necesario; no trabajan aisladamente, son parte de un sistema de seguridad pública que basa su éxito en la confianza ciudadana hacia su policía. Así, la colaboración de agentes semisecretos puede pasar inadvertida, sin inhibir el cotidiano andar de la urbe y ser a la vez efectiva.
La propuesta pudiera ser benéfica, pero difícilmente, con los elementos que tenemos, podemos asegurar que estas agrupaciones no se convertirán en halcones o en unidades de inteligencia con metafacultades. En extremo, la desesperación social y gubernamental por dar resultados en el combate a la delincuencia ha llevado a declarar el toque de queda para menores en algunas entidades de la República y a ordenar la revisión de sus pertenencias antes de entrar a su escuela, como sucede en la ciudad de México, convirtiéndolos en el eje de los programas de combate a la distribución y comercialización de narcóticos y drogas callejeras, cuando los niños y los adolescentes son el último eslabón de la cadena del narcotráfico.
Todas estas medidas, junto con la falta de justicia y la demora en el esclarecimiento de crímenes como el de Digna Ochoa y Plácido y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, nos advierten de una marcada tendencia a ignorar las garantías individuales de las personas para hacer cumplir el supuesto estado de derecho o perseguir delitos, realidades que no podemos dejar de denunciar.