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Ciudad
Juárez, señorío de la impunidad
Ser mujer se ha convertido en algo peligroso en esta
urbe fronteriza, donde la incapacidad de las autoridades para detener
a los autores de cientos de asesinatos alimenta el miedo y la desconfianza
GUSTAVO
CASTILLO, 12 de diciembre de 2001
Ciudad Juarez, Chih. Mientras los homicidios de mujeres continúan,
algunos de los asesinos siguen libres y no hay para cuándo se
dicte sentencia a los presuntos responsables detenidos. La Procuraduría
de Justicia de Chihuahua pondrá en marcha "un gran programa
acordado con los tres niveles de gobierno para empezar a aplicar un
fuerte dispositivo de concientización de qué hacer en
situaciones difíciles".
Además, como una acción de fondo para evitar que en unidades
de transporte urbano se cometan actos delictivos, el titular de la procuraduría,
Arturo González Rascón, reveló que solicitará
a los propietarios de los camiones que contraten a un elemento de seguridad
para cada unidad.
Como parte de la estrategia para acabar con los asesinatos de mujeres
"se está revisando la posibilidad de crear un cuerpo que
podría llamarse de policías voluntarios, empleados de
seguridad de las empresas maquiladoras que quieran aportar un poco de
su tiempo libre para denunciar y reportar hechos delictivos".
El funcionario aseguró que la Policía Federal Preventiva
ha incumplido "el compromiso que se estableció por conducto
de la Coordinación Interinstitucional desde el año 2000,
el cual señalaba que había que mantener 200 elementos
y dos helicópteros en operación en Ciudad Juárez",
con la finalidad de inhibir todo tipo de delitos.
En tanto, Vicky Caraveo, dirigente de la organización Mujeres
por Juárez, asegura que "desde el gobierno de Francisco
Barrio no se le daba importancia a los asesinatos de mujeres. Esa negligencia,
ese prejuzgar, no ha cambiado hasta la fecha: le dicen a uno, 'espérese
dos días, y si no viene, entonces sí, repórtela'.
Este es también un problema de leyes".
En Chihuahua, el Código Penal establece que una persona no es
considerada desaparecida hasta que hayan transcurrido 48 horas del momento
en que nada se sabe de ella.
A la autoridad, dice Caraveo, no le conviene reconocer que si bien hay
niñas que se van con el novio o con una amiga, aquí ha
quedado demostrado que cada vez las desapariciones y los asesinatos
ocurren contra mujeres con ciertas características físicas.
No les conviene reconocer esto último porque sería tanto
como aceptar su incompetencia".
Asegura que "aparte del problema que significan las desapariciones
nuestro mayor enemigo son las autoridades, porque para ellas denunciamos
algo indenunciable, y como según ellas no podemos estar criticando
su incapacidad, han desarrollado campañas de desprestigio en
contra de las organizaciones no gubernamentales".
Como ejemplo expuso: "Cuando los familiares de las desaparecidas
llegan a comentar en la fiscalía especial que van a buscar a
grupos no gubernamentales para obtener apoyo sicológico, les
advierten que entonces no van a seguir investigando".
Aquí hay, señala, falta de interés, apatía
e irresponsabilidad, pero aún más grave que eso es el
hecho de que las desaparecidas y asesinadas se han convertido en botín
político.
Hace seis meses, cuando hubo campañas electorales para la presidencia
municipal, "fui severamente criticada porque reclamé un
spot. Se trataba de la propaganda del candidato del PRI, quien para
referirse a la inseguridad difundió un video en el que aparecía
lo siguiente:
"Una muchacha blanca, delgada, alta, con zapatos de tacón
muy alto y una minifalda muy corta se baja de la ruta (camión).
Camina y al dar vuelta en una esquina dos sujetos que estaban en el
marco de una puerta se le acercan, la agarran y... se hace un silencio,
la imagen se pierde. Luego, en medio de la nada, se escuchan disparos.
El siguiente cuadro es una joven tirada, con el cuerpo mutilado, violado.
"Ya estamos hartos de comerciales idiotas, le dije. Las autoridades
locales se quedan calladas cuando les preguntas por qué mataron
a estas mujeres. Por eso hemos solicitado que traigan peritos del Distrito
Federal, de la PGR, pedimos que se abran líneas de investigación.
Dicen que en la capital hay criminólogos maravillosos, que hay
quienes hacen perfiles de los asesinos, que hay gente muy capaz en México,
¿dónde están?", se pregunta Caraveo.
Por su parte, González Rascón define su posición
si se atrae el caso al fuero federal: "es un asunto en el que deben
trabajar los tres niveles de gobierno y que debemos aportar los mejores
elementos y recursos para resolver de manera íntegra el problema.
"Considero que no se trata de un problema exclusivamente de eventos
delictivos los que ahorita causan esto, sino un gran afluente de cosas
y que deben revisarse muchos aspectos de la vida civil de Ciudad Juárez,
porque parte del problema estriba en la circunstancia de que existen
grandes lotes todavía dedicados a cultivos agrícolas junto
con grandes avenidas, lo que nos habla de falta de urbanismo y también
genera falta de urbanidad.
"Específicamente, si la PGR atrajera este asunto no sería
la solución, porque le faltaría presencia y el seguimiento
tanto del estado como del municipio. Este es un problema que nos interesa
a todos".
Y en cuanto a la realización de pruebas científicas como
es el análisis de ADN del semen encontrado en las víctimas
y su comparación con el de los detenidos, para demostrar que
los presuntos responsables en realidad son los asesinos, dijo:
"Lo que pasa es que esto tiene que ver con aspectos científicos.
Las pruebas de ADN requieren de una gran limpieza y que las muestras
queden a salvo de la contaminación. Esta gente (los detenidos)
probablemente conozca sobre estos aspectos, porque ciertamente se ha
tenido dificultad para hacer una determinación con semen, porque
no es uno, son varios. Es como si quisiera mandar a hacer una prueba
de ADN de un líquido y lo revuelvo con tres, entonces no hay
una forma científica de separarlos.
"Ante la falta de trabajo pericial y de campo ?asegura Vicky Caraveo?,
en Ciudad Juárez ya ni elaboramos hipótesis de qué
puede estar sucediendo, porque nada más se tiene miedo a la muerte
violenta.
"En lo personal he detectado que si hubo gente que dice que vio,
que escuchó, luego dice que ni vio ni escuchó nada, porque
a la única persona que una vez se atrevió a denunciar
algo casi la matan los integrantes de la banda Los Ortices. Pero su
hija de siete años fue asesinada por el dueño del picadero
(lugar donde se vende e inyecta heroína), al que había
acusado", indicó.
Pero en esta ciudad, donde el narcotráfico ha sentado sus reales,
las delaciones abarcan todo, desde las pesquisas que se siguen en las
investigaciones de las mujeres hasta el entorno de los testigos de un
crimen.
Como ejemplo está el hecho de que un día en un estacionamiento
dispararon contra un hombre y lo mataron. Horas más tarde en
esta ciudad se difundió que había dos testigos del homicidio,
se dieron a conocer sus nombres, sus domicilios. Al día siguiente
los diarios locales informaron del asesinato de dos empleados de estacionamiento.
Por ello, Caraveo no descarta, al igual que otros integrantes de organismos
no gubernamentales, la existencia de protección oficial para
los asesinos de mujeres. Afirma que en esta ciudad fronteriza "lo
que menos interesa es investigar. De lo único que hay ganas es
de poder político, y todo parece indicar que por mandato gubernamental
ya no se dan estadísticas, ya no se dice a la prensa. El tema
incomoda".
Astrid González Dávila, de la organización Juárez
contra el Crimen, sintetiza así lo que ocurre en aquella parte
de México: "nos hemos vuelto una sociedad necrófila".
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