Campesinos quechuas, 75% de las víctimas, revela el informe de la comisión

Más de 69 mil muertos en dos décadas de guerra interna en Perú, dice la CVR

Al descubierto un doble escándalo: "el del asesinato y el de la indolencia", señala el documento

XIMENA ORTUZAR ENVIADA

Lima, 28 de agosto. "Hoy le toca al Perú confrontar un tiempo de vergüenza nacional".

Así comenzó Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), su discurso en la ceremonia oficial de entrega del informe final acerca de la guerra interna del país entre 1960 y 2000. "Las dos décadas finales del siglo XX son una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos", continuó, y fijó la cifra de víctimas fatales en más de 69 mil.

Ante el presidente Alejandro Toledo, sus ministros, autoridades de los poderes Legislativo y Judicial y miembros del cuerpo diplomático, Lerner lamentó que ante tal dimensión de la tragedia no haya habido "justicia, ni resarcimiento ni sanción. Peor aún, tampoco ha existido siquiera la memoria de lo vivido, lo que nos conduce a creer que estamos todavía en un país en que la exclusión es tan absoluta que resulta posible que desaparezcan decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad integrada, en la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello".

La abrumadora verdad, mucho más atroz que la más atroz de las predicciones: "Los peruanos solíamos decir en las peores previsiones que la violencia había dejado 35 mil vidas perdidas. šQué cabe decir de nuestra comunidad política ahora que sabemos que faltaban 35 mil más de nuestros hermanos sin que nadie los echara de menos!"

Impunidad y dignidad, incompatibles

"Nos ha tocado rescatar y apilar, uno sobre otro, año por año, los nombres de decenas de miles de peruanos que estuvieron, que deberían estar y que ya no están. En Perú no es posible seguir hablando de errores o excesos de parte de quienes intervinieron directamente en esos crímenes", dijo Lerner. Y puntualizó: "El informe expone un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura en gran escala, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrrofe humanitaria y no lo hicieron".

Confirmó Lerner que 75 por ciento de las víctimas fueron campesinos quechuas, comunidades campesinas aniquiladas o etnias completas sometidas a la esclavitud y al desplazamiento bajo amenazas de muerte.

Las pruebas e indicios que apuntan a responsables de graves crímenes de lesa humanidad quedarán ahora en manos de la justicia penal "para que actúe de inmediato, sin espíritu de venganza, pero con energía y sin vacilaciones."

Y precisó: "No se trató de actos aislados atribuibles a individuos perversos que transgredían las normas de sus organizaciones", explicando que los casi 17 mil testimonios recibidos demuestran categóricamente la perpetración masiva de crímenes en muchas ocasiones coordinados o previstos por las organizaciones o instituciones que intervinieron directamente en el conflicto.

Por un lado, Sendero Luminoso, culpable de "la aniquilación de colectividades o el arrasamiento de ciertas aldeas, que estuvo sistemáticamente previsto en su estrategia. El cautiverio de poblaciones indefensos, el maltrato sistemático, el asesinato cruel como forma de poner ejemplos e infundir temor, confirmaron para esta organización una metodología del terror puesta en práctica al servicio de un objetivo: la conquista del poder".

Por otro lado, los agentes del Estado, "cuyo deber era defender la vida y la integridad de la población con las armas y la ley. Por desgracia, los encargados de esa misión no entendieron en ocasiones su deber. A la vista de las normas del derecho internacional que regula la vida civilizada de las naciones y las normas de la guerra justa, comprobamos que agentes de las fuerzas armadas y policiales incurrieron en la práctica sistemática o generalizada de violaciones de derechos humanos y existen fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, matanzas, torturas, violencia y otros crímenes igualmente condenables, conforman, por su carácter recurrente y por su amplia difusión, un patrón sistemático de violación de derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer y subsanar".

Nada fue casual. Todo está documentado. "Hay responsabilidades concretas que establecer y señalar," dice el informe.

Tajante, asentó: "Tanta muerte y sufrimiento no se pueden producir y acumular por el solo accionar mecánico de los miembros de una organización o institución. Se necesita como complemento la complicidad, la anuencia o al menos la ceguerra voluntaria de quienes tuvieron autoridad y por tanto facultades para evitarlo. La clase política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder oficial en aquellos años tiene grandes y graves explicaciones

que dar a Perú.

"Hemos realizado una reconstrucción fidedigna de esta historia y hemos llegado al convecimiento de que ésta no habría sido tan terrible sin la indiferencia, la pasividad y la incapacidad de quienes ocuparon los más altos cargos públicos."

Es hora, concluyó Lerner, de corregir esas graves fallas: "El país y el Estado no pueden permitir la impunidad. En una nación democrática la impunidad y la dignidad son absolutamente incompatibles".