Propone que el gobierno cumpla con tratados internacionales para prevenir asesinatos

Los crímenes contra mujeres, expresión de la "violencia transfronteriza": Sauri

Pide que Gobernación entregue informes sobre los avances del plan integral de seguridad

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

La senadora priísta Dulce María Sauri Riancho señaló ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que para obtener resultados a corto plazo en las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el gobierno federal debe abandonar la visión de violencia familiar y enfocarla como un problema de violencia de género y, "sobre todo, como una expresión aguda de la violencia fronteriza".

La legisladora presentó un punto de acuerdo ante el pleno, mediante el cual solicita al jefe del Ejecutivo federal información respecto al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales en relación con los crímenes de mujeres en la ciudad fronteriza, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.

Dicho punto de acuerdo incluye también que la Secretaría de Gobernación presente un informe preliminar de resultados en los primeros 30 días de aplicación del Programa de Seguridad Integral para Ciudad Juárez, y que la Procuraduría General de la República (PGR) proporcione información pormenorizada sobre los esquemas de cooperación binacional desarrollados con el gobierno de Estados Unidos, en especial con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La senadora priísta citó en tribuna el informe que el pasado lunes 11 hizo público en la ciudad de México la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan. En dicho texto, dijo Sauri, se denuncia la indiferencia, falta de voluntad, negligencia e incapacidad de las autoridades mexicanas en las investigaciones sobre los casos de las mujeres asesinadas desde 1993 en Ciudad Juárez, y desde 2000 en la ciudad de Chihuahua.

Ese dictamen, destacó la legisladora, es el acto más reciente de un drama interminable. "Por si la cuota de dolor y dramatismo no fuera suficiente, el informe de AI nos recuerda que aún hay 75 cuerpos de mujeres asesinadas que no han sido siquiera identificados".

La senadora explicó que apenas el 22 de julio pasado se puso en marcha un programa de seguridad en la zona por parte de los gobiernos federal y estatal, y "la mayor responsabilidad en el cumplimiento de los 35 objetivos del mismo recaen en la PGR".

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, "con la creación de la fiscalía mixta para la investigación de los homicidios de mujeres se abrirán diversas líneas en las pesquisas relacionadas con los crímenes, y están enfocadas a bandas de policías y ex policías, negociantes en pornografía, sectas satánicas, tratantes de blancas, la identificación de las bandas que actúan en todo el estado, homicidios seriales, sentimientos misóginos, tráfico de órganos y de indocumentados".

La nueva fiscalía, señaló Sauri Riancho, se ocupará esencialmente de investigar los casos pendientes, que podrían ser hasta 102 de los 258 que tiene documentados la procuraduría estatal y que están en proceso de averiguación .

La priísta manifestó que al cumplirse tres semanas de la puesta en marcha del Programa de Seguridad Integral para Ciudad Juárez, es visible un esfuerzo de coordinación institucional por parte de los tres niveles de gobierno, aunque aún no hay resultados perceptibles y visibles por parte de la opinión pública nacional e internacional".

Sauri señaló que del informe de AI es importante recuperar los elementos que guardan total relación con posturas similares manifestadas en otros momentos por diversos grupos de mexicanos de defensa de los derechos humanos y que se han expresado en esa misma tribuna: "se trata del reconocimiento de que este problema se origina en violencia de género en su forma extrema: violencia sexual y muerte.

"Otro elemento es la característica de las víctimas: ser mujer, adolescente y pobre, lo cual lleva a la invisibilidad de las víctimas. El tercer elemento es el carácter de crímenes fronterizos, muy probablemente transfronterizos, con la consecuente necesidad de la cooperación binacional para su esclarecimiento."

El punto presentado por la priísta fue turnado para su estudio a comisiones.

También ante el pleno, el diputado perredista Uc-Kib Espadas Ancona pidió que la PGR investigue y solucione la muerte de más de 14 mujeres, incluida una niña, en los municipios de Agua Prieta, Nogales, Guaymas, Obregón y Etchojoa, Sonora, y solicitó además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre una comisión para que se investiguen esos crímenes.

Durante la sesión, el PRI demandó desde la tribuna de la Comisión Permanente que la PGR investigue y consigne de inmediato la averiguación sobre adopciones irregulares y tráfico de menores ocurridos en Jalisco durante el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. Inclusive, se dijo, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto, denuncia que está en manos de la PGR.