Bernardo Segura tramitó visas de funcionarios a tres personas sin serlo

Sancionará la Contraloría capitalina al director del Instituto del Deporte

El castigo para el también marchista podría ir desde amonestación hasta su inhabilitación

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal, el marchista Bernardo Segura, será sancionado por la Contraloría General del Gobierno de la ciudad, al haber tramitado visas para tres personas a las que otorgó carácter de funcionarios públicos del instituto sin serlo, entre ellos un familiar, Oscar Segura Nava.

Bertha Luján, titular de la dependencia, informó que una vez que quedó acreditado el hecho, el expediente del caso se turnó a la Dirección de Responsabilidades y Sanciones para que se finquen las responsabilidades y sanciones que correspondan.

Refirió que en este caso la sanción puede ser desde amonestación privada o pública hasta inhabilitación para ocupar un cargo público y pena económica. En este asunto están involucrados también el jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Financieros, Luis Alfonso Buenfil Gómez, y el subdirector de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Sergio Granados Díaz.

Segura acreditó como trabajadores por honorarios del instituto a María Alejandra Hernández Gutiérrez, José Luis Ayala Hernández y Oscar Segura, a quienes incluso elaboró constancias en las que se establecen ingresos de entre 13 mil y 14 mil pesos.

Esto, con el fin de que esas tres personas, además del funcionario, asistieran como entrenadores el 8 y 9 de marzo a un campeonato de marcha en la ciudad de Chulavista, California. La contralora informó que las acciones del Gobierno del Distrito Federal en contra de la corrupción permitieron sancionar el año pasado a mil 792 funcionarios y ex funcionarios de la administración pública capitalina que incurrieron en algún tipo de irregularidad.

Esto significa que la Contraloría General sancionó en promedio a 4.9 personas cada día por casos de negligencia, abuso de autoridad, prepotencia, solicitar dádiva, y por realizar trámites y servicios de manera deficiente. Refirió que sumados los casos de este año con los de 2000, se han atendido 4 mil 51 quejas y denuncias.

Mientras, de los pliegos de fincamiento de responsabilidades que han resultado de la revisión de la cuenta pública, por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se tiene un cumplimiento de 90 por ciento. Se han emitido 40 resoluciones, de las cuales 11 corresponden a 1997, 26 a 1998 y tres a la cuenta pública de 1999.