Antonio Gershenson

Apagones, cierre de plantas y mercado eléctrico

El gran apagón, calificado por la prensa local del mayor en la historia en esa zona, que afectó a ocho entidades estadunidenses y a las partes vecinas de Canadá, apenas empieza a hacer sentir sus efectos. Con todo, ya se habla que se detectó la necesidad de inversiones en la red para evitar sobrecargas, pero que no pudieron conseguir el financiamiento. En California, las consecuencias de la crisis energética ya llegaron a la supresión de la legislación "desreguladora" que confiaba al mercado la regulación de los complejos sistemas de abasto de energía.

En México ocurren casi al mismo tiempo otros hechos, a primera vista, inconexos con los mencionados. Se cierra la empresa Fertilizantes Mexicanos. Se cancela la línea de producción de aleación primaria de la empresa Aluminio y Derivados de Veracruz, Aluver; 600 trabajadores despedidos, según información del gobierno del estado, en total. Ambos casos tienen origen común: los altos precios de la energía eléctrica.

En efecto, si analizamos los factores de ajuste que aplica cada mes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las tarifas de alta tensión (que son las que aplican en los casos mencionados), veremos que el factor promedio para el periodo enero-julio de 2003, implica un aumento de tarifas, frente ese lapso del año anterior, de 36.3 por ciento. Para empresas, y para procesos industriales, con un uso intensivo de la electricidad, ese cambio puede ser catastrófico, como fue en los ejemplos citados.

Elemento central en este incremento de tarifas fue el aumento del precio del gas natural. Como hemos visto, los precios de ese energético en México se basan en los del sur de Texas. La misma mentalidad de querer inventar un mercado y depositar en él la regulación. Los precios en el Canal de Houston, índice para grandes cargamentos, no han bajado de cuatro dólares y medio por millón de BTU (british thermal unit), en todo el año, agosto incluido. El promedio de los primeros ocho meses es de 5.59 dólares.

El precio promedio para 2003, en el escenario base del concurso de Mérida III, la primera planta eléctrica que se concursó conforme al sistema más usado ahora, propiedad privada de las plantas y un contrato de compra por la CFE para 25 años, era de 1.77 dólares por millón de BTU, en números redondos. El precio real hasta agosto es más del triple que el de ese supuesto, base del mito del "gas barato" que se usó para justificar la dependencia casi absoluta de ese energético, y que ahora debemos importar en forma no sólo creciente sino disparada, para la generación de electricidad.

En México, en Nueva York y ciudades cercanas y en California, hay un problema común: el abandono de la planeación de largo plazo. Esta es necesaria en las industrias con largos periodos de recuperación de la inversión, especialmente si de ellas depende el desarrollo de la economía en su conjunto. En estas industrias, que en México son calificadas como estratégicas inclusive en la Constitución, no se puede, sin tener efectos serios en la economía del país, operar con quiebras, con periodos de muy baja inversión, con ciclos económicos, que en otras ramas tienen efectos no deseados, pero con repercusiones mínimas para la economía en su conjunto.

Cuando la British Energy, operadora de las plantas nucleares británicas y que proporciona una cuarta parte de la energía eléctrica total, se vio frente a la quiebra, Londres emprendió su rescate aunque con algunos condicionamientos. Se objetaba mucho, aun dentro del gabinete, el uso de fondos públicos para rescatar una empresa privada. El Financial Times de Londres publicó un artículo acerca de que no se podía privatizar una firma cuyo servicio es imprescindible y cuyo cierre es inadmisible.

En México, cuando se decidió emprender el camino de la instalación de plantas eléctricas de propiedad privada, lo primero que se pensó fue en garantizar su rentabilidad, para hacerlas atractivas a la inversión privada. Para ello se decidió librar de todos los riesgos a las empresas que emprendieran ese camino. Un contrato de 25 años de compra de energía por la CFE. Y les quitan los riesgos, a estas empresas, de los costos de la energía primaria, en este caso sobre todo el gas natural.

Ese riesgo es muy grande. En 1992, año de la reforma legal salinista que abrió el camino a este tipo de operaciones, el gas natural en Houston subió a más del doble en seis meses. En 1996-97, luego de muchos altibajos, hubo también un aumento a más del doble, pero ahora en tres meses. La cuestión era y es: si se libra de semejante riesgo a las empresas que instalen plantas eléctricas para vender la energía a la CFE, ¿a quién se le traslada el riesgo, dado que seguimos aferrados a los precios del sur de Texas?

Parte del riesgo, que corresponde a las tarifas que no tienen el ajuste automático, la absorbe la CFE. Eso, claro, afecta su economía, lo cual se ha querido compensar con aumentos a las tarifas domésticas y, en algunos momentos, a los servicios municipales. La otra parte del riesgo se traslada a los consumidores, lo cual, en momentos como el actual, genera hasta el cierre de fuentes de trabajo, al tiempo que se recomienda el autoempleo, tal vez en alguna esquina en que no haya ya demasiados limpiaparabrisas o tragafuegos.

No se vale "inventar" un mercado eléctrico al que se fijan reglas monopólicas, como el traslado de los riesgos del generador de electricidad a los consumidores. No se vale fabricar el crecimiento de una rama de actividad a costa de hundir las otras. La industria eléctrica requiere, en California y en el noreste estadunidense, aquí y en China, de la planeación de largo plazo. Sólo que en China sí la aplican, aumentan la inversión pública cuando decae la privada, orientan las inversiones conforme a una perspectiva de cuando menos 20 años y, claro, ahí sí hay crecimiento hasta mayor a 7 por ciento en la economía real, y no sólo en las fantasías de los periodos electorales.