REPUBLICA DE PANTALLA

Jenaro Villamil

Derechos humanos, hechos inhumanos

Las respuestas oficiales ante AI

La visita del relator de la CIDH para la libertad de expresión

VAYA TEMPORADA QUE se le avecina al gobierno federal y al sistema político en su conjunto en materia de derechos humanos. Cuando aún no ha pasado el efecto del alto abstencionismo en los comicios federales del 6 de julio que golpearon justo en el corazón de la república virtual foxista, de las oportunidades que pretenden ser reales con sólo enunciarlas, y que se han comenzado a cimbrar las estructuras partidistas con la renuncia de Rosario Robles a la dirigencia del PRD y su efecto expansivo hacia el interior del PAN y muy probablemente entre las filas priístas, llegan a México los relatores y dirigentes de organismos internacionales de derechos humanos para hacer un balance de lo que las encuestas de popularidad y los espots televisivos no muestran: la situación de negligencia, impunidad y discrecionalidad en el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país.

LA RESPUESTA DE los distintos niveles de gobierno al crudo diagnóstico de la dirigente de Amnistía Internacional, Irene Khan, y la previsible ante la visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la libertad de expresión, Eduardo Bertoni, han sido, por lo menos, patéticas. Confirman el viejo principio de la cultura autoritaria que rechaza la crítica y el escrutinio públicos y se pone a la defensiva. Se elude que la globalización no sólo es un fenómeno de los mercados ni de las expectativas neoliberales sino también de la resistencia civil, de una opinión pública mundializada que está indignada por la larga lista de crímenes de odio contra más de 300 mujeres en Ciudad Juárez, por el asesinato selectivo de dirigentes de derechos humanos (primero, con Digna Ochoa, que resultó ser tan inteligente y perversa que se suicidó para "simular" un homicidio, y ahora con la dirigente poblana Griselda Teresa Tirado Evangelio, casualmente, también mujer y también incómoda para las estructuras de poder en su entidad), por la creciente tendencia a estigmatizar o ignorar a las otras voces (como las del zapatismo y las redes civiles de resistencia a la globalización unidireccional) que no asumen los logros maravillosos del libre comercio que se dará cita en Cancún, en septiembre próximo, y ante las respuestas gubernamentales a problemas reales que afectan dos de los derechos fundamentales de los ciudadanos como son el empleo y la educación.

EL TITULAR DE ECONOMIA, Fernando Canales Clariond, nos recetó el pasado jueves una auténtica joya declarativa de la visión gerencial de lo público. A tono con su jefe que se niega, contra las evidencias y las estadísticas, a asumir la gravedad del desempleo en el país, Canales Clariond, en pose de gerente perdonavidas, afirmó que estar desempleado no nos debe dar pena. "Esto sucede hasta en las mejores familias... Eso nos pasa a muchas gentes (sic)", afirmó en un foro de "emprendedores" y sus palabras pronto tuvieron repercusión en los medios electrónicos e impresos. ¿Será que la familia Canales y los integrantes del Grupo Monterrey alguna vez han padecido el desempleo? ¿Por qué no encargarle una encuesta a Francisco Ortiz, desde Los Pinos, para preguntarle a las "mejores familias" del foxismo si conocen lo que es quedarse sin puesto de trabajo, sin ingreso digno, sin seguridad social? ¿O querrán decirnos estos foximensajes que pretenden cambiar el artículo 123 constitucional para que en lugar del derecho al trabajo se consagre la oportunidad del changarro como nuevo principio rector del Estado?

OTRA DE LAS RESPUESTAS de antología fue la del gobierno de Chihuahua al informe de Amnistía Internacional. Mandó pagar inserciones de plana completa en los diarios de circulación nacional para decirnos: "¡ya basta! Es hora de dar respuesta a estos infundios y salir en defensa de la dignidad de los juarenses. No podemos permitir que se siga mintiendo y medrando con este drama social". ¿Y la dignidad de las mujeres asesinadas y de las desaparecidas y de las próximas víctimas cómo pretende la autoridad de Chihuahua defenderlas? ¿Será que es necesario pedirles permiso para no ofender la dignidad del principio de autoridad cada vez que se denuncie la impunidad prevaleciente? ¿Será que la dignidad se defenderá con otros desplegados, con respuestas reactivas a informes internacionales señalando a los organismos civiles y no a los asesinos como los verdaderos enemigos, porque "dañan la imagen" y "denigran" a Chihuahua y a sus "autoridades legítimamente constituidas"?

EL CIRCUITO DE LA impunidad comienza justamente con el principio de la incomunicación: negar la gravedad de los hechos, minimizar o relativizar las críticas y maximizar las "razones de Estado", para que todo quede en el silencio, o transformar el orden del discurso de tal forma que los agredidos se conviertan en los agresores y las autoridades responsables en víctimas de los sucesos y no los familiares de las decenas de mujeres asesinadas.

EL PROBLEMA FUNDAMENTAL es que continúan los crímenes, las desapariciones (las cuales ahora se desplazan hacia la capital del estado, Chihuahua) y la hostilidad contra quienes han mantenido la línea crítica (incluyendo a medios impresos y periodistas de Ciudad Juárez). Sin embargo, para las autoridades federales y estatales todo se reduce a un problema de imagen y no de justicia.

TODO PASA NUEVAMENTE por la máxima política de estos tiempos: "¿y yo por qué?" Apenas un día después de las críticas de Irene Khan a la retórica gubernamental, el mandatario volvió a la carga: "mi gobierno no tiene esqueletos escondidos en el desván" (La Jornada, 16 de agosto de 2003). Nadie lo acusó de eso. La crítica de Amnistía Internacional fue por la persistencia del "modelo de intolerable negligencia" en las investigaciones y los expedientes judiciales que, a fin de cuentas, han servido para que prevalezca la impunidad.

Diagnóstico sobre libertad de expresión

OTRA TEMPORADA DE retórica oficial a la defensiva se augura con la visita a nuestro país, del 18 al 26 de agosto, de Eduardo Bertoni, el relator de la CIDH para verificar la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país. Un adelanto del diagnóstico que las organizaciones civiles presentarán ante el relator apunta los siguientes puntos críticos:

-Los numerosos casos de agresión y citatorios de las autoridades ministeriales a los periodistas, violando el secreto profesional y coartando la libertad de expresión y de información. Tan sólo en 2002, estos citatorios se incrementaron 47 por ciento, según la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación.

-La persistencia de un marco normativo de más de 40 años en materia de medios electrónicos de comunicación que favorece la concentración y no la democratización. La actual Ley Federal de Radio y Televisión, con todo y el "decretazo" del 10 de octubre de 2002, incumple los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información. Consolida un modelo duopólico en materia de televisión privada, alienta la impunidad de los concesionarios frente a la audiencia y la discrecionalidad de las relaciones entre la autoridad y los medios. Con todo y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se conoce el estado real de las concesiones en materia de radio y televisión, ni los criterios y normas del gobierno federal para otorgarlas.

-Existe un clima de persecución y hostigamiento a las radios comunitarias y ciudadanas en zonas indígenas y campesinas. Esta situación se agrava por la indefensión jurídica y la discrecionalidad de las autoridades.

-En su informe de 2002, la organización Reporteros sin Fronteras ubicó a México en el lugar 77 en materia de respeto a la libertad de expresión. Se registraron dos asesinatos, uno de los cuales estaría relacionado con el narcotráfico.

-El crimen organizado se ha convertido, en especial en la frontera norte del país (Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California), así como en las entidades del sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas) en la mayor amenaza para el libre ejercicio periodístico. Los altos niveles de corrupción en las estructuras policiacas y militares se han convertido en fuente permanente de intimidación, agresiones y asesinatos.

-La indefensión laboral se ha agravado, en especial en los medios impresos y en los electrónicos. Casos críticos como la situación de los trabajadores de Unomásuno o de la cooperativa de El Día se han convertido en casos-muestra para conculcar los derechos laborales.

¿Comparecerá Lucerito?

Y POR SI FUERA POCO, en vísperas de la llegada del relator de la CIDH, la estrella televisiva Lucerito y su civilizado guarura dieron una exhibición penosa de los grados a los que puede llevar la impunidad en la relación de los medios y la gente del espectáculo, y el mareo absoluto en nuestro raquítico star system que construye y destruye con la misma facilidad a modelitos de fama efímera que se sienten parte de una aristocracia telegénica.

LA NOCHE DEL VIERNES, el noticiario estelar de Tv Azteca dedicó 20 minutos para exhibir y repetir la escena del guarura de la cantante que no encontró otro método mejor que encañonar con una pistola a reporteros y camarógrafos que demandaban la comparecencia de Lucero. Canal 40 lo calificó de auténtico "pucherito" y Canal 2, con menos tiempo-aire que los otros telenoticiarios, editorializó señalando que su estrella exclusiva virtualmente rompió con la prensa ese día. "No tengo nada de qué pedir perdón", dijo la intérprete, siempre tan sensible a las expresiones de la crítica. Claro, para ella, apuntar con un arma a los reporteros no es ningún delito inclusive, quizá pensará que eso le proporcionará mayor rating.