Fueron muy claras y terminantes las declaraciones de la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), poderosa organización no gubernamental cuyo peso moral en la opinión pública le permite inclusive ejercer gran presión sobre muchos gobiernos (recuérdense los conflictos del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León con AI, cuya intervención tanto le molestó).

Irene Khan habló de inercias, resistencias e incongruencias en la actitud del gobierno de Vicente Fox frente al problema de los derechos humanos (y, en particular, ante la verdadera afrenta a la humanidad que constituye la constante matanza de mujeres en Ciudad Juárez). Sus palabras fueron muy duras, pues llegó a decir nada menos que la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que fuera organizada para hacer luz sobre los asesinatos y las desapariciones de la guerra sucia de los años 70 "parece que fue creada para que fracase", y que dicha Fiscalía fue debilitada por el mismo presidente Vicente Fox cuando éste señaló que esos crímenes del pasado ya prescribieron. Su recomendación al presidente Fox es igualmente contundente: "urge que deje la retórica y dé apoyo político real a la defensa de los derechos humanos".

Afortunadamente, salvo el rotundo e irritado rechazo del gobernador de Chihuahua -a quien aparentemente la ola de agresiones sexuales y asesinatos de mujeres jóvenes en su jurisdicción no le inquietan demasiado- ni los hechos ni tampoco las palabras gubernamentales han podido responder fehacientemente a las acusaciones de AI.

En momentos en que en otros países hermanos se realizan progresos históricos en el campo de los derechos humanos, como el procesamiento de genocidas y torturadores en Argentina, nada se hace en nuestro país para dar instrumentos a quienes han sido designados para hacer justicia sobre las matanzas y torturas masivas durante la represión de las guerrillas de hace menos de 30 años ni tampoco sobre la sucesión de asesinatos de campesinos (Aguas Blancas, Acteal, entre otros)

Y, en el campo de las declaraciones oficiales ni hay un distanciamiento de la reacción del gobernador de Chihuahua ni hay un compromiso claro de presentar hechos positivos. Además, las mismas palabras del Presidente ("no tememos al escrutinio de la comunidad internacional, este gobierno no tiene esqueletos escondidos") son defensivas y nuevamente retóricas, cuando lo que se necesitan son hechos y resultados -o por lo menos la adopción de medidas que permitan lograrlos- porque existe una legítima preocupación internacional por los derechos humanos en un país que ocupa siempre las primeras planas por el caso de Chiapas y por el de Chihuahua, y que es conocido por la impunidad de hecho de que gozan los delincuentes poderosos de todo tipo.

Por otra parte, el problema no consiste en que México rechace o no ahora -como pretendía el último gobierno priísta- los observadores y defensores de los derechos humanos ni de que este gobierno tenga esqueletos escondidos en alguna parte de Los Pinos, pues no es eso lo que se le critica, sino su inacción y la incoherencia evidente entre sus palabras y los hechos. Como dijo Irene Khan en nombre de Amnistía Internacional desgraciadamente "las mujeres asesinadas ahí están".