Rafael Alvarez Díaz*

Defender a los defensores

Ser defensor de los derechos humanos en México sigue siendo un oficio peligroso. El reciente asesinato de Griselda Teresa Tirado Evangelio, ocurrido en Puebla, nos recuerda la lamentable condición de vulnerabilidad de quienes en este país optan por defender, sin concesiones, los derechos de los pueblos indios y los derechos humanos en general.

El momento de su violenta muerte ha sido también la ocasión para percatarse públicamente de su trabajo, para que la conozcan muchos que nunca habían oído hablar de ella y para confirmar la existencia de mujeres así, modestas, dedicadas a defender los derechos individuales y colectivos de los más empobrecidos, sin grandes aspiraciones de reconocimiento o de ocupar puestos de poder, creyendo firmemente en los cauces legales para dirimir las controversias y para combatir la impunidad de quienes desde el Estado abusan del poder.

Este hecho pone seriamente en cuestión la eficacia del pretenciosamente llamado Mecanismo de Coordinación Interinstitucional para la Protección de los Defensores, creado a partir del reclamo nacional e internacional por el asesinato de Digna Ochoa y presidido por la Secretaría de Gobernación, pues a ésta compete por ley vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales.

A las exigencias de justicia, es imprescindible añadir medidas eficaces de prevención y erradicación de la violencia contra los defensores; trivializar el tema por parte de la autoridad, pretender el desgaste y la confusión de la opinión pública, desviar la atención hacia otros asuntos, intentar desconocer que ahí hay un grave problema resultará infructuoso, a la vez que pondrá en evidencia la precaria democracia con la que contamos.

Es inadmisible que en México se hable de un estado de derecho, de transición a la democracia, al tiempo que se amenaza y hasta asesina a defensores de derechos humanos y no pasa nada. El mensaje que se envía a los perpetradores de estos crímenes es terrible: se puede matar a defensores y permanecer en la impunidad.

Algunos organismos mundiales, como Amnistía Internacional, han señalado que la situación de los defensores de derechos humanos y la suerte que ellos corren en cada país es indicador de la situación general en que se encuentra el respeto a las garantías fundamentales para el conjunto de la sociedad.

La representante especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Hina Jilani, afirmó que el trabajo de los defensores garantiza el desarrollo democrático de los países y representa un dique contra la impunidad.

La preocupación internacional por la seguridad de los defensores de derechos humanos quedó reflejada en una declaración adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1998, que establece principios orientados a asegurar la colaboración de los estados con los defensores, garantizándoles la libertad que necesitan para desarrollar sus legítimas actividades sin obstáculos ni represalias.

En 1999 la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución sobre los defensores, en ella los estados declararon su intención de reconocer y respaldar la tarea que desarrollan, otorgar garantías y facilidades necesarias a fin de que sigan ejerciendo libremente sus actividades de promoción y protección de los derechos humanos y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad e integridad de los defensores.

A pesar de la existencia de estas declaraciones internacionales, en nuestro país siguen siendo especialmente vulnerables los defensores locales que trabajan en comunidades pequeñas o en zonas de conflicto. Los limitados intentos gubernamentales, cuando han existido, para proporcionar protección a quienes se encuentran en peligro distan mucho de satisfacer las necesidades de los defensores que arriesgan su vida al dedicarse a esta profesión. La inseguridad a veces es mayor en zonas alejadas de los núcleos urbanos y de las capitales.

Esperamos que la investigación del asesinato de la abogada Tirado Evangelio no se centre exclusivamente en el perfil sicológico de la víctima y en su entorno personal y social.

La mejor garantía de seguridad para los defensores de derechos humanos es la presentación, ante la justicia de quienes cometen estos crímenes, es decir, la erradicación de la impunidad mediante el castigo de los responsables materiales e intelectuales. Pretender cualquier otra solución por parte de la autoridad contribuiría a la indefensión y a la simulación.