González de Aragón prefiere que sea el gobierno el que finque cargos por el Fopabroa

Recomienda el auditor denuncia penal contra Gurría, Ortiz y otros

Confirma irregularidades por $69,496 millones en créditos de Banamex, Bancomer, Banorte y Bital

ROBERTO GARDUÑO

La Secretaría de la Función Pública deberá fincar responsabilidades penales y administrativas contra quienes integraron el Comité Técnico del Fobaproa, por haber incurrido en manejos discrecionales y excesos en favor de los banqueros, anunció Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

González de Aragón, quien está obligado por la Ley de Fiscalización Superior a presentar denuncias penales y coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación contra los responsables del quebranto a la hacienda federal, confirmó que los personajes que autorizaron créditos irregulares en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera son: José Angel Gurría, Guillermo Ortiz, Martín Werner, Jonathan Davis, Eduardo Fernández, Teresa Fernández, Patricia Fernández, Mauricio Naranjo, Pedro Zorrilla, Guillermo Güémez, Everardo Elizondo, Héctor Tinoco, Javier Arrigunaga y Gabriel Reyes Orona.

Durante la reunión entre el auditor y los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, se confirmó -como lo anunció hace tres días La Jornada- que el monto de los créditos irregulares incluidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa para beneficiar a Banamex, Bancomer, Banorte y Bital asciende a 69 mil 496 millones de pesos.

Trámites para regresar recursos

Una vez que la ASF notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esas dependencias deberán iniciar los trámites correspondientes para que los 69 mil 496 millones de pesos ya no puedan constituirse en una carga para el erario.

En ese sentido, el auditor dijo que si no se solventan esos recursos y se transparenta el manejo de los créditos irregulares a través de las auditorías requeridas en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, no podrá aprobarse el canje de pagarés del Fobaproa en el Congreso federal.

"Una vez practicadas las auditorías deberá llevarse a cabo el canje de los pagarés aplicando los efectos económicos de los resultados de las mismas. Por su parte, la ASF, con fundamento en el artículo décimo séptimo de la Ley del IPAB, y en uso de sus facultades, comprobará que se disminuyan los pagarés del costo fiscal de las operaciones observadas en dichas revisiones".

Durante el encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el dilema que se planteó al auditor fue que la Ley Superior de Fiscalización le ordena actuar directamente para iniciar querellas penales y administrativas contra los responsables del quebranto a los intereses nacionales, ordenamiento que aceptó; no obstante, consideró que de hacerlo se le podría acusar de asumir atribuciones que competen a la Secretaría de la Función Pública.

Irregularidades en el gobierno

En el informe de avance en la solventación de observaciones-acciones de la Cuenta Pública 2001, el auditor también dio a conocer que de los 339 mil 456 millones 200 mil pesos detectados como "irregularidades" en la aplicación del presupuesto federal, el gobierno de Vicente Fox reconoció y solventó 288 mil 662 millones 700 mil pesos (93 por ciento), por lo que aún no ha justificado 24 mil 11 millones 600 mil pesos, más los 26 mil 84 millones 400 mil pesos que forman parte del quebranto en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa-IPAB.

Las dependencias que destacaron por no solventar las observaciones de la Cuenta Pública de 2001 son Petróleos Mexicanos, con 5 mil millones de pesos, y el Servicio de Administración Tributaria, con 5 mil millones.

Respecto al escándalo sobre los recursos públicos destinados a la remodelación del rancho San Cristóbal, en Guanajuato -propiedad del presidente Vicente Fox-, para la reunión con el mandatario de Estados Unidos, George W. Bush, la ASF determinó que no hubo dinero de las arcas federales para ese propósito.

Al concluir la reunión, el auditor aceptó responder a las preguntas de los reporteros, y de inmediato acotó: "La competencia para determinar quién va a la cárcel es de la PGR. Les puedo informar que ya se atendió 93 por ciento de los 339 mil millones de pesos que habíamos informado. Todas las dependencias y entidades a las que se hizo observaciones reconocieron la procedencia de éstas y corrigieron sus registros, lo que van a reflejar en la Cuenta Pública".

Sobre el Fobaproa, explicó que la ASF hizo observaciones en un monto de 45 mil 409 millones de pesos como quebranto por los llamados créditos irregulares, de los cuales a la fecha el gobierno no ha logrado solventar 26 mil 500 millones.

"Estamos enviando las comunicaciones a todas las dependencias y entidades, incluida la SHCP, en su calidad de fideicomitente del Fobaproa; al IPAB; a la CNBV y a la Secretaría de la Función Pública para que en uso de sus atribuciones revisen, actúen y determinen los procedimientos de responsabilidades que pudieran derivar de este pronunciamiento de la ASF, por los 26 mil millones que dimos como no solventados".

-ƑUsted tiene atribución de presentar querellas penales contra los responsables de este quebranto?

-Sí, la tengo. Si hubiéramos cometido una imprecisión cuando revisamos todo el proceso de rescate bancario, desde 1995, 1996, 1997 y 1998, y la hubiéramos sustentado en el carácter de la Ley de Fiscalización nos habríamos enfrentado a un cuestionamiento de carácter legal, porque se refiere a años anteriores a dicha legislación, esas funciones competían a la ex Secretaría de la Contraloría, y por esa razón estamos pidiendo a la Secretaría de la Función Pública que intervenga, en uso de sus atribuciones, para determinar la responsabilidad y los procedimientos que sean aplicables.

-Pero se dice que usted no asume su responsabilidad manifiesta en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización...

-Obviamente estamos actuando porque tenemos todas las atribuciones. Ni me ha temblado la mano ni me va a temblar; vamos a cumplir con nuestra responsabilidad hasta el límite. Los amparos podrían impedir que tuviera validez todo lo actuado por la ASF. Si detectamos conductas ilícitas tenemos la obligación de hacer la denuncia debidamente soportada y sustentada ante la PGR.

-ƑUsted no descarta esto?

-No. Yo les recuerdo una cosa, en el caso del Pemexgate nosotros levantamos una demanda ante la PGR el 14 de octubre del año pasado.

-Aquí el dilema es que está de por medio el Comité Técnico del Fobaproa, como probable responsable de este quebranto.

-En uso de sus atribuciones y evaluando todos los elementos, la Secretaría de la Función Pública hará la investigación correspondiente y se pronunciará.

"Aquí hay un problema de conductas que se prestan a suspicacias, porque consideramos que el Comité Técnico del Fobaproa actuó sin reglas de operación, por lo que hubo excesos de discrecionalidad.

"En el caso de haber cambiado las reglas de operación, debió dejarse el soporte suficiente para saber por qué actuaron flexibilizando los criterios originales para la aceptación de una serie de créditos que no eran procedentes. En México es absolutamente necesario y urgente que nos armemos de valor para actuar con legalidad".