Anuncian marcha en Buenos Aires para exigir la anulación de las leyes de impunidad

Alfredo Astiz goza de impunidad aun en prisión; lo custodian sus colegas

Los ex represores y la ultraderecha emprenden guerra de amenazas contra Kirchner

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 10 de agosto. El ex capitán de marina Alfredo Astiz, cuya extradición solicitó el juez español Baltasar Garzón junto con otros 44 militares y ex policías en el juicio que se lleva adelante en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas a los represores de la última dictadura militar argentina, no debería cumplir prisión en una dependencia de la Armada, ya que perdió ese estado militar en 1998, por decisión gubernamental. Astiz es una de las figuras emblemáticas de la dictadura (1976-83), ya que fue el oficial que bajo el nombre de Gustavo Niño se infiltró en la entonces naciente agrupación de las Madres de Plaza de Mayo y así preparó el secuestro y desaparición de su fundadora, Azucena Villaflor, y de dos monjas francesas, Alice Domond y Leonie Duquet, que brindaban su apoyo a las madres de los desaparecidos.

Para infiltrarse, Astiz se hizo pasar por familiar de un desaparecido. En cambio, no fue tan osado a la hora de librar una guerra verdadera, (las Malvinas en 1982), cuando sin más se rindió ante los británicos.

La extradición de Astiz, quien también carga con el secuestro y desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, fue solicitada recientemente una vez más por la embajada de Francia, país donde el represor fue juzgado y condenado en ausencia por la desaparición y asesinato de las monjas.

Varias veces fue Astiz escrachado (denunciado públicamente) por familiares de sus víctimas, pero siempre eludió la justicia y se amparó en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987). Y ahora tiene un trato preferencial, ya que al igual que otros está detenido por sus colegas, mientras los represores mayores de 70 años pueden beneficiarse de la prisión domiciliaria.

Pero también están los represores que no son reclamados por Garzón, y gracias a la impunidad, muchos de ellos siguen actuando, ahora en secuestros extorsivos, o son responsables de la continuidad de la tortura, las nuevas desapariciones y crímenes, lo que quedó en evidencia en los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y, entre otros, los asesinatos de los jóvenes piqueteros (pobres y desocupados) Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el 26 de julio de 2002.

Asimismo, muchos están ligados a las mafias entronizadas en el poder durante la década que gobernó Carlos Menem (1989-1999) y forman parte de esos oscuros ejércitos en las sombras en que se han convertido las agencias de seguridad privadas.

Y hay otros episodios de la herencia de impunidad, como en Santiago del Estero, provincia que vive en este siglo su siesta feudal, donde grupos con todas las características de paramilitares amenazan a campesinos que se organizan, y donde las familias de dos jóvenes asesinadas por los juniors de la política, desfilan en marchas de silencio buscando justicia.

No es casual que el ahora separado jefe de policía de esa provincia, comisario Mussa Azar, quien habría encubierto a los responsables, haya sido en su momento uno de los hombres claves de la dictadura en el lugar.

Mientras, aquí en Buenos Aires el próximo miércoles habrá una manifestación para rodear el Congreso y exigir que los diputados asuman su papel en la lucha por la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Una serie de juegos políticos, tanto de diputados del oficialista Partido Justicialista como del opositor Radical, intentan que el tema tome otro camino que el Legislativo, especialmente porque el proyecto de anulación fue planteado por la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh, hija del asesinado y desaparecido escritor y periodista Rodolfo Walsh.

Con todo, la decisión del presidente Néstor Kirchner de solicitar a la Corte Suprema pronunciarse sobre la constitucionalidad de esas leyes, tras anular el decreto que impedía a la justicia aprobar eventualmente las extradiciones de represores, ha llevado a una nueva situación al país.

Por ello, la ultraderecha, los movimientos fascistas, los ex militares de la dictadura y sus abogados -con no pocos amparos desde afuera- han emprendido una guerra de amenazas y difamación contra el mandatario, e incluso la más reciente amenaza pública lanzada por el ex comisario, actual intendente de la localidad bonaerense de Escobar y candidato a gobernador bonaerense Luis Patti.

Aunque la amenaza de un golpe no es probable, estos grupos pueden hacer regresar algunos miedos. La campaña de la derecha suele tener curiosas similitudes con algunas que se lanzan desde los grupos más radicales de izquierda. La campaña de la prensa surgida especialmente durante el menemismo trata de hacer parecer que las acciones gubernamentales tratan de encubrir o crear cortinas de humo sobre otras situaciones, especialmente en lo económico.

Lo cierto es que la demanda de Garzón puso sobre el tapete nuevamente la demanda por la nulidad de las leyes de impunidad y los indultos que luego Menem otorgó a los integrantes de las juntas militares de gobierno que no podían ampararse en la ley de Obediencia Debida, ya que ellos eran la máxima autoridad.

Esta semana, en tanto, será clave para la Corte Suprema, ya que la Cámara de Diputados tratará el miércoles la acusación contra el magistrado Eduardo Moliné O'Connor, el mentor de la llamada "mayoría automática" que se creó cuando Menem amplió el tribunal de cinco a nueve integrantes para obtener el apoyo sin reservas para el Ejecutivo. Este proceso también ha desatado la furia de la ultraderecha, que la ha emprendido contra el magistrado propuesto por el gobierno para ser presidente de la Corte, Raúl Zaffaroni.

Lo cierto es que la decisión del juez Arnaldo Corazza, de la justicia de la provincia de Buenos Aires, de dejar libre al sacerdote Christian von Wernich, que actuó como un represor más durante la dictadura, también puso en jaque a las renovadas demandas de justicia y mostró los subterfugios del Poder Judicial aquí. Corazza incluso apercibió a sus colegas Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo -que decidieron el arresto del ex capellán policial ante una solicitud del fiscal Félix Crous- por posible "privación ilegal de la libertad".