León Bendesky

No pasa nada

En México no pasa nada y cuando pasa... pues ya pasó. Hemos creado distintas variaciones para expresar el mismo tema. Las aplicamos a la manera en que ocurren muchas cosas en el país, que tomamos casi como algo anecdótico, propio de la idiosincrasia, de la forma en que se expresa el poder político y el del dinero -tan cercanamente relacionado que no se puede distinguir uno del otro.

El asunto provoca de manera ya natural cierta resignación con la que se acepta la impunidad que socava la confianza y ante la cual no se establecen mecanismos que la contrarresten mediante la rendición de cuentas, la creación de leyes idóneas y su cumplimiento cabal.

La costumbre, esa vieja compañera, hace que incluso cuando hay cuestiones que aparecen con nitidez y se advierte el modo de enfrentarlas, se vuelve al planteamiento original del ya pasó y mejor vayamos a otra cosa, es decir, a un nuevo caso que demuestre que en realidad no pasa nada. Es una vertiente de lo que podría llamarse el pragmatismo mexicano, que sin duda ha dado muy buenos resultados a muchos individuos y grupos, pero que en términos sociales muestra fuertes signos de agotamiento.

En cierto modo esto es lo que sucede ahora con el rescate bancario organizado mediante el Fobaproa en 1995. El argumento va, más o menos como sigue: i) ante la crisis financiera el rescate de los bancos era impostergable, pues sólo así se salvaguardaban los ahorros de la población (asunto que nunca ha sido probado técnicamente por las autoridades responsables en ese momento y las actuales, y que curiosamente son prácticamente las mismas personas); ii) el gobierno intercambió los créditos incobrables de los bancos por un pagaré sobre el que se devengan intereses, cuyo valor real una vez que se descuenta la inflación se paga mediante una asignación específica en el presupuesto federal de cada año (esto representa una renta para los bancos de donde deriva una parte esencial de sus ganancias cada año); iii) el costo de ese financiamiento mediante pagarés se iría reduciendo en la medida en que se vendieran los activos que se recogieron de los bancos, formados por créditos y propiedades (lo que no ha ocurrido puesto que la tasa de recuperación ha sido sumamente baja); iv) la carga financiera de la deuda para el gobierno, es decir, para el conjunto de la sociedad, se iría reduciendo con el crecimiento del producto interno bruto y representaría un menor costo en términos de los ingresos generados (pero la tasa de crecimiento promedio del producto siguió siendo muy baja); v) el costo del rescate se calculó originalmente en 5 por ciento del PIB (pero ya vamos en 15 por ciento).

Durante ocho años se han pagado los intereses del pagaré de Fobaproa, los bancos originales ya no existen, pues todos ellos, excepto uno, se vendieron a bancos extranjeros que obtuvieron todas las ventajas de comprar empresas saneadas y con un compromiso del gobierno de pagar año tras año un jugoso rendimiento. Ese es un verdadero negocio redondo. Los que compraron sólo pueden estar agradecidos y quienes lo fraguaron aquí han recibido grandes recompensas.

Pero ahora hay que hacer un último ajuste a las cuentas, puesto que en 2005 y 2006 se cumple el periodo de vencimiento de 48 por ciento de los pagarés del Fobaproa. En esta situación se pueden efectivamente pagar, lo que sería una torpeza en términos financieros para el gobierno; se pueden refinanciar mediante la emisión de nueva deuda, ahora ya en manos del IPAB, lo que la convertiría legalmente en deuda interna. También se pueden repudiar, lo que no parece políticamente correcto, aunque podría haber elementos legales que lo permitieran. Parte de la disputa actual está en torno al monto sobre el cual se deben tomar las decisiones que corresponden, esto genera fricciones puesto que hay una cantidad en disputa (del orden de 50 mil millones de pesos), debido a la posibilidad de que parte de los créditos que los bancos pasaron al Fobaproa y cuyos administradores aceptaron que no eran admisibles. De ahí la cuestión de las auditorías que exige el auditor fiscal de la Federación, el amparo solicitado por los banqueros, la resolución pendiente de la Corte y la posición de los funcionarios de Hacienda y del Banco de México en contraposición a la que mantiene el IPAB.

De ahí también la pugna en el PAN entre quienes promueven la revisión y quienes quieren resolver sin más vueltas la cuestión, es decir, sin exponer así los intereses de los bancos de los antiguos funcionarios del Fobaproa, que están cuestionados, y los suyos propios. A esto parece que se reducen las presiones de los senadores Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdan (este último promotor de la ley del IPAB que prohíbe al gobernador del BdeM, Guillermo Ortiz, ejercer sus funciones en la junta directiva del IPAB) para evitar las revisiones.

Hay almas expansivas, como diría Anatole France, que quieren dar una vuelta más a la tuerca del "aquí no pasa nada". Estas almas representan bien este vicio que no es privativo de nosotros, pero que tiene una manifestación muy a la mexicana. El caso es que sí pasa algo: sí se degradan las relaciones sociales, sí se tensa el entorno político y sí se impone una carga a las cuentas fiscales que pagamos todos.