Los institutos que perderán su registro recibieron este año más de $680 millones

Consejeros del IFE proponen normar destino de bienes de partidos que desaparecen

ALONSO URRUTIA

Preocupados por los vacíos legales que existen en torno al destino de los bienes muebles e inmuebles de los partidos políticos que perdieron el registro en los últimos comicios, al menos tres consejeros del Instituto Federal Electoral han presentado proyectos que van desde instruir a esos institutos políticos a presentar un informe pormenorizado de sus gastos correspondientes, hasta el planteamiento de que tengan la obligación de que esos bienes -adquiridos con dinero público- sean restituidos al patrimonio de la nación.

Los consejeros electorales Jesús Cantú, Jaqueline Peschard y Jaime Cárdenas han presentado sendos proyectos a la Comisión de Fiscalización del IFE, toda vez que la existencia legal de los partidos Sociedad Nacionalista, Alianza Social, México Posible, Fuerza Ciudadana y Liberal Mexicano concluirá antes de finalizar agosto.

Por un vacío en la legislación electoral no existe disposición alguna sobre el destino de los bienes de los partidos políticos que desaparecen, los cuales regularmente pasan a ser propiedad privada, aunque hayan sido adquiridos con el financiamiento proveniente del erario.

No es un asunto menor, dados los montos que reciben los partidos en tiempos electorales. Para sufragar los gastos de este año, por ejemplo, Fuerza Ciudadana, México Posible y el Partido Liberal Mexicano recibieron 91 millones 381 mil pesos. A este monto se añaden los 203 millones 324 mil que recibieron la Sociedad Nacionalista y Alianza Social, partidos que, por efectos de una alianza electoral en 2000, lograron sobrevivir tres años más.

Así, tan sólo en 2003 -por ser electoral y porque hubo 11 partidos, lo cual elevó el monto de la bolsa-, los institutos políticos que desaparecerán recibieron financiamiento por 680 millones 791 mil pesos para sufragar sus gastos ordinarios, los de campaña y, junto con ello, poder adquirir bienes, cuyo destino es incierto.

Necesidad de cuentas claras

Por todo ello, los consejeros plantean la necesidad de tener más claras las cuentas de los partidos que desaparecen, aunque Jaime Cárdenas demanda ir más allá y propone un acuerdo del Consejo General del IFE en el que se considere que el patrimonio de los partidos políticos que pierdan su registro sea transferido al gobierno federal. Dicho patrimonio se pondría a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, junto con la documentación que justifique los actos traslativos de dominio para su destino, conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

La propuesta de Cárdenas deja a salvo los bienes adquiridos por los partidos con aportaciones privadas. Esto es, aquellos cuyo monto equivalga al financiamiento privado obtenido mientras existieron legalmente y según el índice nacional de precios al consumidor establecido por el Banco de México.

Añade que los partidos que no hayan obtenido dos por ciento de la votación "deberán transferir la totalidad de su patrimonio al gobierno federal y realizar una acta que incluya un inventario con la descripción de la totalidad de su patrimonio a más tardar el día en que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro".

El proyecto presentado por Peschard señala que los partidos que no hayan obtenido dos por ciento de la votación deberán actualizar su inventario físico a más tardar el 19 de agosto. Asimismo, plantea instruirlos a que informen a la Comisión de Fiscalización sobre el proceso que seguirán para la liquidación de su patrimonio, así como la persona que lo efectuará de acuerdo con sus normas estatutarias.

Finalmente, la propuesta de Cantú señala que los partidos que desaparecerán deberán rendir un "informe detallado que contenga el total de su patrimonio activo y pasivo, así como del procedimiento que seguirán para la extinción de dicho patrimonio".

La Comisión de Fiscalización deberá solicitar dichos informes una vez que cuente con los resultados definitivos de la elección o, en su caso, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la totalidad de los medios de impugnación interpuestos contra los resultados de la elección.

Cantú propone que los encargados de dicho procedimiento de liquidación sean los responsables de la administración del partido y el dirigente nacional. El procedimiento -añade- no podrá exceder de 30 días a partir de que la Junta Ejecutiva acuerde la pérdida del registro o en su caso, a partir de que el tribunal resuelva el medio de impugnación presentado contra el acuerdo de pérdida del registro.