Exigen la liberación de líderes sociales oaxaqueños encarcelados injustamente

El Plan Puebla-Panamá, motivo oculto de la represión contra indígenas: ONG

ROSA ROJAS

Detrás de la represión contra pueblos indígenas en Oaxaca y en otros estados del país está el interés por imponer el Plan Puebla-Panamá (PPP), plantearon hoy integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) de Oaxaca; Acción de Católicos por la Abolición de la Tortura (ACAT) y la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos (CNLPP), así como del Partido del Trabajo.

Exigieron también la liberación de los dirigentes zapotecas Carlos Manzo y Luis Alberto Marín, recluidos en el penal de Tehuantepec, Oaxaca, "por su lucha para erradicar la corrupción en Unión Hidalgo y en defensa de las tierras de su comunidad".

Por otra parte, la Unión de Comuneros Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), también de Oaxaca, integrante de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), informó que se entregó al presidente Vicente Fox y a los gobernadores de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, y de Oaxaca, José Murat, una carta avalada por 574 representantes de 212 organizaciones sociales, instituciones académicas y religiosas de 15 países de América, Europa y Africa, reunidos en el cuarto Foro Mesoamericano por la Autodeterminación y la Resistencia de los Pueblos, celebrado del 21 al 24 de julio en Tegucigalpa, Honduras, en la que se exige la liberación de 13 líderes indígenas -incluidos los dos arriba citados- que se encuentran presos en tres estados de la región sur-sureste.

En el citado documento se demanda la liberación del dirigente zapoteco Miguel Bautista Alonso, quien se encuentra recluido en la cárcel de Perote, Veracruz, y que "recientemente fuera injustamente sentenciado a 20 años de prisión. Miguel Bautista es un incansable luchador social que durante varios años ha promovido la restitución de tierras a su comunidad indígena de Sochiapa, Veracruz, además de encabezar la lucha por la autonomía municipal".

De igual forma, en la carta se pide la libertad de las dirigentes oaxaqueñas Teresa Morán y Norberta Torres, del Comité de Defensa Ciudadana, con sede en Tuxtepec; del líder del Sindicato de los Tres Poderes de Oaxaca, Oliverio Neri; del dirigente comunal Guillermo Ríos Ruiz, de San Juan Chapultepec, Oaxaca; de Ciro Mendoza, Flavio Reyes Matías, Jorge Abimelec Ramírez, Efraín Martínez Soto y Hernán Leyva Escobar, del estado de Chiapas, y del ciudadano hondureño Agustín Alberto Claves Alfaro, estos últimos "detenidos en el marco de las protestas en contra de las altas tarifas eléctricas".

En la misiva también se denuncia la imposición del Plan Puebla-Panamá en la región mesoamericana, "lo cual contradice las recientes declaraciones de Herbert Taylor, actual coordinador general del PPP en México, en el sentido de que se han abierto espacios de participación a la sociedad civil", y se subraya que los proyectos y megaproyectos del plan "violan los derechos de las comunidades indígenas, pues éstas han sido ignoradas en todo el proceso de instalación de infraestructura de comunicaciones, construcciones de presas y represas".

En el documento se demanda a Fox, además, que cumpla sus compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos de los migrantes, ya que cientos de centroamericanos que cruzan el territorio nacional en su travesía hacia el norte "son perseguidos como verdaderos criminales, por lo que se pide a la presente administración que deje de jugar el papel de policía migratoria de Estados Unidos".

En rueda de prensa, Sofía Olhovich, del CCU y esposa de Manzo; Francisco Cerezo, de la CNLPP; Ricardo Lueve, de ACAT, Erika Zamora, ex presa política, así como Alfredo Rojas Díaz Durán, del PT, coincidieron en la denuncia de que la constante en el país es la criminalización de la lucha social y la represión de ésta, especialmente la de los pueblos indios que pugnan por preservar sus tierras y por autogobernarse.

Olhovich recordó que la lucha del CCU se inició solicitando una auditoría -el 10 de enero de 2003- al hoy desconocido presidente municipal de Unión Hidalgo, Armando Sánchez Ruiz, quien, dijo, en su primer informe reportó obras nunca realizadas, otras con costos inflados, no comprobó el destino de 8 millones de pesos y pretendía instalar en la zona una granja camaronícola de la empresa privada Desarrollo Acuícola Oaxaca Pacífico, de la cual él es tesorero, mediante compraventas "fraudulentas" de tierras comunales.

El 13 de febrero, los diputados locales que se habían comprometido a presentarse para hacer la auditoría solicitada no llegaron a Unión Hidalgo; "los estaban esperando más de mil personas, el presidente municipal ordenó a sus policías disparar contra la gente y ahí murió Manuel Salinas Santiago y diez personas más quedaron heridas". Desde entonces el presidente municipal y su cabildo están ausentes de Unión Hidalgo, pero dos de sus funcionarios han formado un cuerpo parapoliciaco de unas 40 personas con armas de alto poder, indicó Olhovich.

Hizo una cronología de las movilizaciones del CCU, la detención de Manzo, Luis Alberto Marín y Francisco de la Rosa; la expedición de 29 órdenes de aprehensión más contra integrantes del CCU, incluida ella misma; las movilizaciones al Distrito Federal y hacia Oaxaca -en esta última murieron en sendos accidentes tres personas-, la liberación de De la Rosa y la negativa de Murat a resolver el conflicto.