Miguel Concha

Impunidad imperial

El 3 de julio se anunció la decisión del presidente Bush de someter a seis ciudadanos extranjeros, entre ellos tres que se encuentran actualmente recluidos en la base naval de Guantánamo, a la orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, firmada por él mismo el 13 de noviembre de 2001, en virtud de la cual se les podrá mantener indefinidamente detenidos sin cargos ni juicio, o bien juzgarlos ante comisiones militares, con competencia para imponer la pena de muerte, y cuyas resoluciones no serán recurribles.

Al día siguiente el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados declaró que Estados Unidos estaba incumpliendo las resoluciones de la ONU, que disponen que cualquier medida que se adopte para combatir el terrorismo debe ser conforme con el derecho internacional. Se dice que en la mencionada base se han preparado ya salas para dichas comisiones, y que se ha debatido recientemente la posibilidad de construir allí una cámara de ejecuciones. Más de 650 personas de 40 países, entre ellas por lo menos tres adolescentes de entre 13 y 15 años, permanecen en efecto recluidas, la mayoría desde hace más de un año, en la base militar de Guantánamo.

Se cree que muchas de tales personas fueron capturadas en Afganistán, y otras en países como Bosnia Herzegovina y Gambia, e inclusive Pakistán. No han pasado a disposición judicial ni han tenido acceso a asistencia letrada y no han recibido visita de sus familiares. Han sido sometidas a repetidos interrogatorios y recluidas durante periodos de hasta 24 horas al día en celdas de reducido tamaño, con apenas posibilidad de hacer ejercicio físico dos o tres veces por semana. Algunas de ellas, 27, según datos del propio ejército, han intentado suicidarse.

Desde enero de 2001 el gobierno estadunidense se ha negado a reconocerles el estatuto de prisioneros de guerra, de conformidad con los Convenios de Ginebra, haciendo caso omiso del Comité Internacional de la Cruz Roja, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. En respuesta a la preocupación sobre esta situación, expresada por Amnistía Internacional en su más reciente informe anual, el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleisher, declaró el 28 de mayo que simplemente lo descartaba, "porque es algo sin fundamento". Tachó de "terroristas" y de "personas muy peligrosas" a los detenidos, a pesar de que no se han presentado cargos contra ellos, no han sido juzgados y no cuentan con abogados.

El mismo presidente Bush y el secretario Rumsfeld han hecho comentarios públicos similares, y un importante portavoz del Pentágono afirmó que a pesar de su edad los adolescentes detenidos "son personas muy, muy peligrosas", miembros de un "equipo terrorista". El 2 de junio pasado la Inspección General del mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos criticó la forma como fueron tratados 762 extranjeros detenidos en el contexto de las investigaciones de la FBI sobre los atentados del 11 de septiembre, acusados de infringir las leyes migratorias. Ninguno de ellos pudo ser acusado de estar relacionado con el terrorismo, pero durante meses fueron igualmente víctimas de detención ilegal, incomunicación, tratos crueles, inhumanos y degradantes -particularmente en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York-, y dilación en la procuración de justicia. El Departamento de Justicia rechazó sin embargo muchas de las críticas, aunque algunas autoridades expresaron su voluntad de tener en cuenta "algunas" de las 21 recomendaciones del informe.

Con el voto favorable de 12 miembros, incluido, para nuestra vergüenza, México, el pasado 12 de junio el Consejo de Seguridad de la ONU cedió nuevamente a la presión del gobierno de Washington y aprobó ilegalmente una resolución que exime prácticamente por tiempo indefinido a sus tropas en "misiones de paz" en el mundo, sospechosas de haber cometido crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, de ser llevadas ante la Corte Penal Internacional (CPI). No contento con ello, ha presionado a 35 estados que han firmado o ratificado el Estatuto de Roma, para que firmen acuerdos bilaterales que eximen a cualquier ciudadano estadunidense presuntamente responsable de los mencionados crímenes de ser entregado o transferido ante la CPI, amenazándolos con retirarles todo tipo de ayuda, sobre todo militar.

En estas condiciones, no es de extrañar que el presidente Bush haya dicho que estaba "totalmente seguro" de haber tomado la decisión correcta al invadir Irak, a pesar de que la Casa Blanca reconoció que eran incorrectas las informaciones utilizadas para acusar a dicho país de tener ambiciones nucleares, y que Rumsfeld haya declarado que la invasión no fue lanzada porque se hubieran encontrado nuevas pruebas sobre armas de destrucción masiva. Se trata, simplemente, de la impunidad imperial.