Octavio Rodríguez Araujo

Contrición del Banco de México

En nota del 22 de julio en este diario se menciona que el Banco Mundial (BM) ya no está muy seguro de las bondades de privatizar cierto tipo de empresas y de servicios públicos. Muy entre líneas se lee que la nueva reflexión de los directivos del BM ha obedecido a las consecuencias sociales que estas privatizaciones han traído, sobre todo en los países subdesarrollados: mayor empobrecimiento de la población y conflictos sociales innecesarios. Pero también se ha descubierto que, contra lo esperado a principios de los 90 del siglo pasado, la compra de empresas y servicios públicos no ha sido benéfica para sus propietarios privados, que han perdido dinero con sus inversiones.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía (2001) y ex funcionario del BM, en su libro El malestar en la globalización, publicado en español el año pasado, señalaba que la única solución a los problemas del desempleo, la desigualdad y la contaminación tendrá que ser mediante la intervención del Estado y no de los mercados.

Amartya Sen, quien ha sido uno de los economistas que ha inspirado algunas de las nuevas políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha escrito (en "Desigualdad y desempleo en la Europa contemporánea") que el desempleo y la distribución del ingreso, además de la salud, son elementos que deben ser considerados en conjunto para comprender a cabalidad la desigualdad y la pobreza. Y a mi juicio tenía razón. Incluso el índice de Gini, que se usa para medir la desigualdad, no es suficiente, pues se basa en la distribución de los ingresos familiares con los que se aprecia el producto interno bruto por habitante en la capa social con mayores ingresos y en la de más bajos ingresos. El índice de desarrollo humano (IDH), por otro lado, tampoco nos resuelve el problema, pues no toma en cuenta el desempleo. El IDH se establece con la combinación del ingreso per cápita, la esperanza de vida y la educación, pero pasa por alto que los desempleados, además de no contar con un ingreso, particularmente en los países donde no existe el subsidio para los que perdieron su empleo, dejan de tener, automáticamente, derecho al seguro de salud, educación para ellos y sus hijos, y otras ventajas asociadas con el hecho de contar con un trabajo.

Por cuanto a la salud, Amartya Sen menciona que en los países donde es privada o se ha privatizado, millones de personas, particularmente los desempleados, sobreviven de milagro. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 40 millones de personas, según la senadora Clinton, carecen de seguro de salud y no podrán ser atendidos gratuitamente si sufren un accidente o se enferman, mientras que en la mayor parte de los países de la Unión Europea la salud está garantizada para todos.

En Europa, más que en Estados Unidos, las privatizaciones de empresas y servicios públicos han producido gran cantidad de desempleados. Y el desempleo, que nunca ha dejado de existir, se ha visto incrementado a partir de las famosas políticas de ajuste estructural del neoliberalismo, que ha incluido las privatizaciones de empresas y servicios públicos. Sen, en el artículo citado, dice que "se podría afirmar que en estos momentos los enormes niveles de desempleo que padece Europa constituyen por sí mismos un problema de desigualdad no menos importante que el del reparto de la renta".

En otros términos, la desigualdad, que mucho tiene que ver con la salud y otros servicios (como la educación pública), y con el empleo, depende de la intervención estatal en la economía y en la prestación de servicios que mitiguen o frenen la pobreza. Todo servicio público que se privatice, igual se trate de los servicios de salud que del agua o la electricidad, repercutirá en los bolsillos de la gente con menores recursos. Hará más pobres a los pobres y ampliará el número de éstos, lo cual conducirá, automáticamente, a una mayor desigualdad.

Hay gobiernos, como el mexicano, que parecen no haber comprendido lo que ahora es ya una preocupación del BM. Incluso en la lógica capitalista, que no es otra la que defiende ese organismo, la ampliación de la pobreza, la agudización de las desigualdades y la no intervención del Estado en la economía y en cierto tipo de servicios públicos, serán perjudiciales para los empresarios, por la reducción de mercados y por la inseguridad social y política. Las privatizaciones, los impuestos indirectos (IVA) y la concentración de capital son factores que afectan a los empresarios medianos y pequeños, a los consumidores de clase media y a los pobres con o sin empleo. Sólo el Estado podrá frenar esta dinámica y resolver los graves problemas que han generado la globalización económica y el neoliberalismo que apostó a la liberación total de los mercados. Pero, para que el Estado cumpla su papel histórico, será necesario que el gobernante actúe en consecuencia.